Bolsillos masacrados
Si uno lee en la tapa de un diario "Jugada para subir luz y gas sin que lo frene la Justicia", lo lógico es pensar que detrás de la maniobra se encuentran los tentáculos insaciables de las enormes empresas que se quedaron con la concesión de esos servicios.
Sin embargo, una vuelta de página nos demostrará lo mal que están distribuidas las funciones en la Argentina. Los autores intelectuales y materiales de la mencionada maniobra son los funcionarios del gobierno nacional. Sí, esos funcionarios a los que, con el mismo esfuerzo con el que se junta el dinero para los impuestos, todos les pagamos sus abultados sueldos.
Como guión de un texto fantástico, los diarios relatan que el gobierno puso en marcha su nueva estrategia para aumentar las tarifas de luz y gas buscando que la Justicia no se interponga otra vez en el camino, como en los tres intentos fallidos del año pasado. Es decir que acá la que molesta a los nobles fines de los gobernantes es la Justicia, que no deja hacer.
La ilustración que se puede apreciar en el diario Clarín es acorde con la noticia: una foto del presidente de la Nación, Dr. Eduardo Duhalde, sonriente porque logra aumentarle los impuestos a todos los ciudadanos que gobierna.
Ahora la impecable estrategia contempla modificar dos artículos de la Ley de Emergencia, que le impedía al Departamento Ejecutivo conceder aumentos parciales fuera de la renegociación global de los contratos. Y el decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el senador en abuso de la Presidencia también habilita al Ministerio de Economía a otorgar las recomposiciones tarifarias que considere necesarias para garantizar la prestación de los servicios.
Más allá de las presentaciones que, adelantaron, realizarán los organismos de defensa de usuarios y consumidores, todo indica que a partir de febrero se aplicarán subas de entre el 7 y el 9 por ciento para la energía eléctrica y el gas. Ahora falta que Duhalde salga a decir que eso equivale a "apenas 3 pesos por mes", frase que es muy capaz de pronunciar.
En definitiva, se está ante la presencia de otro ejemplo del abuso de poder y de la indefensión en la que está sumido el pueblo argentino. A los pesos de más que habrá que pagar por los servicios básicos, se adicionan los centavos diarios que aumentan los combustibles, la inminente "recomposición" de los boletos de trenes y colectivos, y la futura suba en los peajes, por citar sólo algunos de los gastos prácticamente ineludibles.
Estas tarifas no son las únicas que tienen con la soga al cuello a la inmensa mayoría de los ciudadanos. También estamos sufriendo los costos de infinidad de productos que "tienen precio dólar", repiten los vendedores, como loros que no se comen ninguna papa.
Ese verso del "precio dólar" comenzó a sonar semanas después de la devaluación del peso o del fin de la convertibilidad, para llamarlo de otro modo. Con ese argumento los productos alimenticios, eléctricos, de indumentaria, de computación o del rubro que usted quiera citar, treparon a valores directamente abusivos. "Lo que ocurre es que es importado", explicaban algunos. "El tema es que el precio de este producto se rige con las exportaciones", decían otros.
Hoy el precio del dólar bajó a cotizaciones históricas, llegando a traspasar el piso de los 3 pesos. Y en lugar de bajar los precios como indica la lógica que los mismos mayoristas y comerciantes aplicaron hace meses, se encontró una nueva mentira para seguir saqueando los bolsillos de los consumidores: "lo que pasa es que lo que tengo en stock lo pagué con un dólar alto". El comerciante siempre tiene la razón.