El sábado, la asamblea convalidó los integrantes que ya estaban previamente elegidos por el intendente. De los 119 que participaron, 80 están vinculados con el PJ oficial. Hay localidades que no están representadas.

Con la participación predominante de empleados municipales, punteros políticos del PJ oficial, manzaneras, fomentistas que responden a la actual administración y alguno que otro vecino que no integra la estructura del gobierno, el sábado por la mañana se realizó la asamblea que desembocó en la elección de 10 de los 14 miembros que conforman el llamado Consejo de la Seguridad Ciudadana.
Este órgano fue elegido en un ámbito de dudosa pluralidad ideológica y, por ende, de legitimidad, dado que tanto las fuerzas políticas que tienen representatividad en el Concejo Deliberante, como la gran mayoría -por no decir todos- de los partidos políticos de esta ciudad y un amplio sector de la comunidad, le dio la espalda al proyecto pro seguridad.
Este consejo tendrá a su cargo administrar el Fondo de la Seguridad Ciudadana, cuyos ingresos provendrán de la "tasa de seguridad" que viene adosada junto con la factura de la luz. Con ese dinero se piensa crear un comando de patrullas para prevenga hechos delictivos durante las 24 horas.
La propuesta fue elaborada por el secretario de Gobierno, Salvador Faro; el inspector General, Gustavo Sicca; el presidente de la comisión de Seguridad del cuerpo deliberativo, el concejal Gabriel Jurina y su colega de bancada, el edil del PJ, Eduardo Gallego. Los cuatro políticos mencionados están al frente del Consejo: los dos primeros por decisión del Departamento Ejecutivo y los dos restantes en representación del Concejo Deliberante, aunque no cuentan con el aval de los bloques opositores.
Estos cuatros funcionarios fueron los encargados de delinear una propuesta tendiente a frenar el indisimulable avance de la delincuencia, que viene azotando en todos los frentes a los lujanenses. Sin embargo, desde el primer momento en que se conoció el proyecto de la Seguridad Ciudadana, lo único que generó fue el rechazo masivo de la ciudadanía. Sobre todo en un punto sensible en época de crisis: la creación de un nuevo tributo denominado popularmente como "tasa de seguridad".
El aporte, en promedio, no supera los 50 centavos para las viviendas residenciales y ronda entre los 3 y 4 pesos para los comercios. Pero levantó una oleada de quejas contra quienes aprobaron su imposición -el bloque del PJ y sus Mayores Contribuyentes-. Y, casi por ósmosis, quedó involucrado, en esta polémica, el ente que fue obligado a recaudarlo en forma compulsiva por medio de la factura de la luz: la Cooperativa Eléctrica.
La lucha contra lo que muchos entienden es un nuevo "negociado" articulado entre la Municipalidad, la CESPLL y la Policía, alcanzó su pico máximo de tensión cuando un grupo de vecinos protestó de manera enérgica, pero pacífica, en un punto clave como son las cajas recaudadoras de la empresa cooperativa.
Ante esta situación, la Cooperativa decidió escuchar el reclamo que venían haciendo desde hacía meses sus asociados, y tras una reunión de directorio determinó el desglose del pago de la factura.

ACUERDO BAJO ACUERDO
Como resultado de esto, desde el lunes 10 y en el más absoluto de los silencios, se empezó a cobrar la luz tal como venía haciéndose hasta antes de la promulgación de la ordenanza 4.905. En dos días hubo unos 30 pedidos de usuarios que solicitaron que no se le añadiera la "tasa" en el recibo, pero cuando el tema tomó estado público -por la difusión de los medios- la cantidad fue trepando hasta superar las 90 solicitudes en una sola mañana.
La decisión de no pagar un nuevo tributo junto con la boleta de la luz tiene múltiples explicaciones. La mayoría de los testimonios expresados por aquellos que se oponen a las disposiciones de una ordenanza que nació mal de entrada, hacen referencia a la falta de confianza que le genera el actual gobierno municipal en materia de manejos de fondos públicos.
En segundo lugar, pone en duda la efectividad que pueda tener el plan de seguridad con relación al aumento del delito. Y, en tercer término, creen que el dinero de la gente será desviado a fines pocos claros, tal como viene sucediendo en los últimos tiempos con la Tasa Asistencial, por citar un ejemplo.
Con sólo algunas muestras basta y sobra para entender el malestar de los vecinos. La varias veces millonaria deuda que contrajo el gobierno desde que Miguel Prince volvió a ser intendente; la oscura relación que existe entre la Municipalidad y una firma de cobranzas de tasas atrasadas cuyo apoderado es "el banquero de la Dictadura" Juan Alemann; o los turbios manejos efectuados con los fondos recaudados por la Tasa Asistencial en la que no estuvo ajena la CESPLL, sirven para explicar la razón de las miles de firmas "anti tasa" recogidas por toda la ciudad.
Y por si esto fuera poco, en los últimos tiempos, cada vez se escuchan con más fuerza voces que se levantan en contra de la Cooperativa, más aún cuando se trata de cuestiones monetarias. Aunque también por la particular relación que tiene la empresa monopólica con el actual gobierno municipal.
Si para mucha gente, la falta de claridad y la demostrada incapacidad de la actual administración es un tema que se escucha permanentemente en las calles y es recogida en los medios de comunicación, la decisión de realizar una asamblea a puertas cerradas y sin acceso a la prensa no hace otra cosa que abonar el cúmulo de sospechas que pesa sobre los funcionarios municipales.
Lo cierto es que el sábado la reunión se hizo. El horario fijado era las 9 y el lugar elegido fue el recinto del Concejo Deliberante. Una hora más tarde, uno de los principales mentores del proyecto permanecía esperando la llegada de los "representantes" de la comunidad en la puerta de la Municipalidad.

TODO QUEDA EN CASA
Según informó el lunes el concejal por el PJ, Eduardo Gallego, asistieron "119 personas", muchas de ellas en representación de 46 entidades. La semana pasada, el inspector Sicca había anticipado que se esperaban "a todo trapo" unas "70 entidades", mientras que el concejal del PJ Gabriel Jurina, un día antes de la reunión, informó que los vecinos que se habían inscripto en forma particular serían "5 o 6". Pues bien, el sábado, en carácter de "independientes" lo hicieron 24 personas y al menos la mitad forma parte del aparato princista, según pudo averiguar este medio.
En el caso de las 13 sociedades de fomento -que según fuentes oficiales estuvieron presentes-, 9 tienen estrechos vínculos con el gobierno. Su representatividad puede entrar en duda, sobre todo si se tiene en cuenta que muchas de ellas directamente no tienen socios. "Son unidades básicas camufladas", es lo que se escucha decir en los barrios a los vecinos que no integran este tipo de instituciones.
De los 30 representantes de entidades intermedias "asistentes", más de la mitad está comprometida políticamente con la actual gestión. Por su parte, los 13 miembros que fueron en representación de 10 entidades deportivas, casi una decena estaría identificada -directa o indirectamente- con el princismo.
Esa falta de consenso que tuvo la asamblea y, por ende, presenta el Consejo se vio reflejado con sólo observar quiénes entraban al edificio de gobierno. "Fue como una reunión de La Territorial, pero un sábado a la mañana", le dijo a EL CIVISMO uno de los pocos participantes que no es afín al Gobierno. Vale aclarar que "La Territorial" es la estructura gubernamental donde se juntan -en la Municipalidad- los punteros del PJ, las manzaneras y los dirigentes barriales que "trabajan" para la administración de Prince.
La asamblea del sábado fue prácticamente un trámite: los 10 miembros que faltaban "elegir" ya habían sido designados de antemano por el Ejecutivo. En la semana previa, en barrios como Villa del Parque, los distintos punteros que participaron de la reunión estaban notificados que tenían que asistir "para hacer número" y levantar la mano en el momento indicado.
Hubo escuelas que se negaron a apoyar el proyecto, pero su lugar estuvo ocupado por miembros de las asociaciones cooperadoras, personas casualmente reconocidas como manzaneras y punteras del PJ en sus respectivos barrios.
Entre los llamados particulares o catalogados como "independientes" se observó a empleados municipales que consiguieron su trabajo merced a sus "contactos políticos" o por apoyar abiertamente la causa que lleva adelante el PJ oficial.

¿PARTICIPACION Y TRANSPARENCIA?
Como ya es una costumbre para el oficialismo o, visto desde la otra vereda "una maniobra política", el viernes a último momento los bloques opositores recibieron la invitación para participar de la asamblea. Esto incluía el ofrecimiento para que designaran a los dos ediles que integrarían el Consejo de la Seguridad en representación del Deliberativo.
La respuesta de la Unión Vecinal, la UCR y el ARI-Frentista fue tan lógica como esperada por el PJ. La oposición, en su conjunto, no iba a tomar parte ni de la asamblea ni menos aún de un Consejo que, a todas luces, carece de legitimidad para avalar un proyecto -con "tasa" incluida- que huele mal desde su inicio.
"Ellos están organizando todo y eso se nota, porque es alevoso y premeditado", dijo la concejal radical, Adriana Barreiro respecto de la "invitación" que hizo el oficialismo a menos de 24 horas de una asamblea que ya estaba preparada de antemano.
De los diez cargos que se eligieron en la asamblea, dos o tres estaban reservados para vecinos que no formaran parte de ninguna entidad intermedia. Estos ciudadanos que se inscribieron en el Registro de la Seguridad no tuvieron ni voz ni voto, sino que fueron elegidos por los "representantes" de las entidades que cuentan con el reconocimiento de la Municipalidad.
"El que se mete en esto sabe que va a estar expuesto porque las rendiciones del Fondo van a tener nombre y apellido", dijo Jurina, uno de los escasos concejales que luchó para que la conformación del Consejo se diera en un marco de transparencia muy distinto a lo ocurrido tanto el sábado como los días previos.

Con nombre y apellido
Así quedó formado
Los 14 miembros que fueron designados para integrar el Consejo de la Seguridad Ciudadana son los siguientes:
- Departamento Ejecutivo: Salvador Faro (secretario de Gobierno) y Gustavo Sicca (inspector General).
- Concejo Deliberante: Gabriel Jurina (PJ) y Eduardo Gallego (PJ).
- Zona Urbana: Pedro Nieva (Soc. de Fomento barrio Constantini); Graciela Quiroga (Soc. de Fomento barrio Villa del Parque).
- Zona Rural: Luis Andréu (Soc. de Fomento Cañada de Arias).
- Asociaciones Civiles y Deportivas: Emilio Paterlini (ACIFO).
- Asociaciones Rurales: Alejandro Lechardoy (ARPAE).
- Comercio: Ema Mitre (Asociación Amigos de la calle San Martín).
- Localidades: Víctor Olalla (Foro de la Seguridad de Olivera).
- Cooperativas: Hernán Hygonenq (Co.Pro.Ser).
- Vecinos Particulares: José María Fernández y Enrique Roberto Alonso.

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