El actual bloque de concejales del Partido Justicialista no hace nada sin la debida autorización del Departamento Ejecutivo. Por ello, un proyecto de comunicación presentado por esa bancada y aprobado en la sesión del lunes por la noche deja abierta la sospecha de que en el gobierno municipal quieren modificar los términos de su relación con las prestadoras de servicios públicos: energía eléctrica, telefonía y gas natural. Visto desde una óptica más familiar, la decisión equivale a renegar contra las empresas por el monto de las facturas a pagar, en lugar de ajustar los gastos al mínimo necesario.

El pedido concreto que el Concejo Deliberante aprobó, a través de un proyecto de comunicación, contiene la solicitud al Departamento Ejecutivo de que analice la posibilidad de disponer las medidas que crea necesarias, a fin de realizar un control integral por los servicios públicos contratados "para evaluar los consumos y facturaciones de forma tal que se logren los mayores ahorros posibles en el gasto público municipal". Una vez realizado el estudio, el Concejo quiere que el Ejecutivo informe los resultados.

El argumento central del proyecto, tal cual consta en su contenido, es el siguiente: "la significatividad de las erogaciones que sobre el Presupuesto Municipal tienen los servicios públicos a cargo de las prestadoras de energía eléctrica, telefonía y gas natural, especialmente el costo del alumbrado público: costo de la energía consumida, incluido el costo del mantenimiento del servicio".

Los concejales del Partido Justicialista sostienen que "el Departamento Ejecutivo está implementando, por adhesión al Programa de `Luz Encendida' dispuesto por el Superior Gobierno de la Provincia, la puesta en funcionamiento de todas aquellas luminarias que integran el parque del alumbrado público del partido que se encuentran obsoletas o agotadas".

En ese sentido, añaden que "a pesar de que esta reposición está subsidiada por la provincia de Buenos Aires, resulta necesario efectuar un control sobre todas las luminarias que pudieren no funcionar a la fecha y/o denotaren necesidades de mantenimiento".

"El control que se requiere para el sector del alumbrado público, resulta necesario, habida cuenta que se está analizando en forma conjunta con la concesionaria del servicio, la transferencia de la percepción de la tasa respectiva, a los fines de reducir el costo del mismo y lograr una mayor cobrabilidad, que haga sustentable las prestaciones, evitando de esta forma continuar con el endeudamiento que genera la baja recaudación", adelantan los ediles.

En otro tramo de la norma aprobada el lunes por unanimidad, se indica que "la propuesta (de control) se enmarca en el programa dispuesto por la provincia de Buenos Aires, que ha instituido el Programa `Sistema de Alumbrado Público Eficiente (SAPE)', con la finalidad de conformar un mecanismo similar bajo un diseño sistémico de la red de alumbrado público, que mejore la calidad de vida de nuestros vecinos".

El Concejo en pleno cree que "el control deberá determinar si la provisión de los diferentes servicios se encuadran en los marcos regulatorios dispuestos por el Gobierno Nacional y/o Provincial".

Por último, detallan que "ante el costo que representan los consumos de energía eléctrica de todos los medidores municipales, las líneas telefónicas y los medidores de gas natural en servicio, deviene imprescindible extender el análisis, evaluación y control de los mismos, a fin de lograr las mayores economías posibles para aliviar y reducir fuertemente el gasto público acorde con un uso racional y eficiente de los insumos". La rendición de cuentas que presentó el Ejecutivo y que se tratará el viernes, choca de frente con esta última intención (ver "Gastadores").

No es la primera vez

En los años en que Carlos Rodríguez (actual vicerrector de la UNLu) presidía el Concejo Deliberante, se desató una pequeña polémica por la contratación de una empresa que tenía como labor relevar todas las luminarias públicas por las que la Cooperativa Eléctrica le factura a la Municipalidad de Luján.

Sólo a modo de trascendido se había dicho que ese análisis permitió saber que, años atrás, pudo haber llegado a existir un cobro exagerado en relación con la prestación. En su momento, autoridades de la Cooperativa desmintieron esos datos y el tema se extinguió.

Gastadores

A juzgar por el encabezamiento del proyecto de ordenanza que sugiere el análisis y control de los consumos y facturaciones de los servicios públicos contratados, el oficialismo se encuentra preocupado por esa clase de gastos. Sin embargo, a días del tratamiento -y aprobación, porque están disponibles los votos del Partido Justicialista- de la rendición de cuentas del año pasado, la preocupación es sólo de puertas hacia afuera.

Es probable que la oposición opte por rechazar los términos de la rendición, pero que no entre en detalles, porque eso lo hicieron años atrás y fue un gasto inútil de palabras. Pero se supo que hay incomprensibles erogaciones por viajes en combi, por publicidad, por 31 celulares de funcionarios o "videos" institucionales, y una serie de boletas de 400 pesos, por "servicios generales" o "profesionales" a personas que, se suponía, habían sido alejados de sus funciones públicas.

El viernes, a partir de las 13, se tratará la rendición en el recinto, con un resultado previsible: aprobada por mayoría.