Ayer a la mañana, seis de los siete concejales opositores al gobierno de Miguel Angel Prince prestaron declaración testimonial en la causa judicial por presunta asociación ilícita, malversación de fondos y estafa, que el comunicador social y ahora dirigente del Partido Federal, Carlos Porto, abrió en la Unidad Funcional de Investigaciones (UFI) N° 3, del Departamento Judicial Mercedes.

Mediante ese expediente se investiga el comportamiento de los integrantes del Consejo Permanente para la Seguridad Ciudadana (CPSC), asesores del jefe comunal, en el manejo de los recursos provenientes del Fondo para la Seguridad Ciudadana, que se cobra todos los meses a través de la boleta de luz. Entre otras cosas, en la denuncia se habla de pago de sobreprecios, de gastos superfluos o montos abonados a medios de comunicación o periodistas, sin relación directa con el servicio de seguridad urbana o rural.

Si bien la causa sigue sin carátula, al regreso de Mercedes los ediles citados a declarar subrayaron el gran nivel de avance de la misma.

En principio, se debe aclarar que la investigación dejó de estar en manos de la UFI N° 3, porque pasó a la UFI N° 1, encargada de las investigaciones complejas. Su titular es la fiscal Miriam Rodríguez, la misma que sigue los pasos del prófugo José Nicolás Chaín.

La UFI de Rodríguez tomó el expediente con tal interés que ya son cinco los cuerpos de la causa, cada uno con unas doscientas fojas. La Justicia recopiló mucha prueba documental, la mayoría aportada por el denunciante y los ediles que ayer declararon.

Entre el material que estudia la UFI se encuentra la documentación sobre la creación del CPSC, las escasas rendiciones de cuenta que ese organismo dio a conocer hasta ahora, actas de sesiones del Concejo Deliberante y movimientos de cuentas dentro del Banco Provincia. Se proyecta solicitar al CPSC las órdenes de compra para cotejarlas con los gastos dados a conocer en las rendiciones.

RATIFICO LO DICHO

Los concejales de esta ciudad comenzaron a declarar a las 9.30 y el primero de la lista fue el presidente del bloque de la Unión Vecinal, Ing. Gerardo Amado. Lo siguieron sus compañeros de bancada, con excepción de Ilma Vieiro, quien no pudo concurrir por leves problemas de salud y postergó su cita con la fiscal para mañana.

"En general, lo que se hizo fue ratificar las expresiones que venimos dando en el marco de las sesiones del Concejo, cuyas actas certificadas se entregaron para engrosar la causa. Y en mi caso, también ratifiqué los términos de un despacho de minoría que firmé, en el que se detallaban los costos de la creación del Subcomando de Patrullas; lo gastado en cada uno de los móviles policiales; todos los gastos que, para nosotros, no tuvieron como finalidad brindar seguridad a la gente, o la falta de publicación de los gastos, algo establecido por ley", precisó a EL CIVISMO el radical Manuel Silva, anteúltimo edil en prestar declaración.

La UFI no avanzó en preguntas sobre la conducta o los antecedentes de los consejeros de seguridad. Según Silva, eso respondió a que "la causa todavía no está caratulada por encontrarse en plena etapa de investigación y porque tampoco hay procesamientos o medidas de elevación a juicio".

No obstante ello, la recopilación de datos es incesante y trascendió que ya pasaron por el despacho de la fiscal funcionarios comunales ligados al CPSC; por ahora, sólo en calidad de testigos.

Silva expresó que, de acuerdo a su visión de la causa, "lo esencial para la UFI es determinar si los gastos existieron y si los precios que se pagaron se corresponden con los del mercado".

A modo de reflexión, el radical consideró que "con este trabajo en la causa, queda demostrado que la oposición hace aportes en todos los ámbitos necesarios. En cada lugar que nos convocan respondemos, sobre todo tratando que el destino de los recursos de los lujanenses sea transparente y se sepa en qué se gasta el dinero que se recauda".

Enterado del avance de la causa, el denunciante Porto manifestó que "de todas las causas penales que yo le inicié a este personaje (Prince), hay algunas en las que la Justicia de Mercedes no podrá hacerse la distraída. Quizás sea lógico que hayan archivado las relacionadas con amenazas, pero la del Consejo de Seguridad, la de los fondos de ATE, la de la Tasa Asistencial y la vinculada con la Caja de Ahorro y Seguro seguirán, porque están documentadas".

"Creo, de todos modos, que la causa más fuerte es la del manejo de fondos del Consejo de Seguridad, en la que me acompañaron los concejales", destacó el ex carapintada.

Según Porto, "la Justicia tiene elementos y pruebas que demuestran que hubo una asociación ilícita para estafar a los ciudadanos de Luján. Por ende, indudablemente esto tiene que llegar hasta el intendente porque estos asesores son nombrados por él y la responsabilidad política es del jefe comunal".

Largo silencio

Una de las consultas de la UFI N° 1 a los concejales de la oposición se refirió a una de las grandes falencias del CPSC: el incumplimiento en las presentaciones y/o publicaciones de las rendiciones de cuenta, trámite que debería realizar cada dos meses.

En la Justicia tienen confirmado que el último informe público sobre los ingresos y gastos del Consejo Permanente data del 30 de agosto del año pasado.