"El miércoles 28 tomamos conocimiento formal de un supuesto ilícito, a partir de la publicación que hizo el Bisemanario EL CIVISMO, más precisamente a partir de una nota que hace el periodista Gustavo Charino. Si bien habíamos tenido comentarios anteriores, por una publicación en otro semanario, le dimos poco crédito por el pseudo periodista que hacía las declaraciones. En ese caso era un denunciante crónico y ahora candidato político, por lo que supusimos que era un intento más para embarrar la campaña".

Con esas palabras abrió una conferencia de prensa el secretario de Economía, Antonio Muñiz, quien compartió ese espacio con el subsecretario de Control Urbano, Andrés Salvatto; el secretario Legal y Técnico, Dr. Martín Capandegui, y el presidente del bloque "Prince Intendente", Rubén Leopardi. Fueron las primeras explicaciones ante la denuncia de actas "desviadas" que llegaron a manos periodísticas.

"Hay en juego algunas actas que, en principio, parecen originales -dijo Muñiz-. Por eso tomamos cartas en el asunto y se abrió un expediente con el inicio de un sumario administrativo y así ir deslindando responsabilidades. Esto se hace así porque, en principio, hay un delito de sustracción de documento público".

El primer paso incorporado al expediente fue un informe del subsecretario de Control Urbano desde el 4 de septiembre del año pasado: Andrés Salvatto.

Se solicitó su intervención para detallar los cambios que se dieron en el área y, específicamente, en lo relacionado con las actas de tránsito. El funcionario subrayó que desde su asunción se trabaja mediante un convenio firmado con el Registro del Automotor. "Eso permite que, on line, tengamos actualizado el padrón del parque automotor. Ahora se une la patente del infractor con el imputado y se abre la causa", explicó. Según él, "hoy el registro de actas está al día. Desconozco cómo se manejaban antes".

Salvatto, además, relató que supo lo que se había denunciado por un contacto directo con el periodista que trabajaba en el tema y que, además, observó personalmente las actas que llegaron a domicilio de Charino y que son de los años 2001, 2002, 2003 y 2004.

También explicó que tomó registro de cuatro actas "testigo", una de cada año, y que determinó que eran casos en los que no se había identificado al infractor y que su último destino había sido el "archivo" del Juzgado de Faltas.

"Por la importancia del tema, el intendente dio instrucciones para que se llegara a fondo y rápido con la investigación", intervino Capandegui. El secretario detalló: "el 29 llegó a Legal y Técnica el expediente administrativo iniciado por la Secretaría de Economía. Ese mismo día la Dirección de Recursos Humanos ordenó la investigación presumarial. Con los escasos elementos que teníamos hasta el momento, se resolvió citar a Salvatto para el lunes, para que explique los detalles de su gestión. El martes está citado Roberto Gorostegui, juez de Faltas en los años en que se realizaron esas boletas, y a título de colaboración se le pedirá a Charino y a Carlos Porto que comparezcan a dar toda la información que tengan y si saben quién puede estar detrás de este tema".

También se dijo que a partir de la iniciación de la causa penal, Salvatto ya fue citado a declarar (declaraba al cierre de esta edición).

"En principio no hay irregularidad en que las actas no hayan seguido su procedimiento, porque en ese momento no había forma de seguirlo. Ahora todas terminan en algún tipo de sanción", agregó Muñiz.

EL CIVISMO preguntó si existía alguna manera de evitar los "favores" para perdonar a personas cercanas al gobierno. "¿No había un formulario que, en ese supuesto caso, debió llegar con menos actas?", le preguntó Capandegui a Salvatto, en medio de la rueda de prensa.

"En los libros se asientan las actas, con su talonario, su número, su destino y quién lo retira. Se debe controlar salida y llegada de los talonarios", explicó el subsecretario de Control Urbano.

"Prince me pidió que vaya a fondo -reiteró Capandegui-. Tratar de investigar las dos caras de este tema. Por un lado, cómo llegaron estas actas a manos de periodistas. Y por otro, si las irregularidades son ciertas. Pediremos pericias sobre las actas y sobre las inscripciones, porque si hubo favores el intendente quiere saberlo.

"Las pericias caligráficas nos ayudarían a saber si esto no fue algo armado o es producto de la época en que estamos y sea de naturaleza electoral". Más tarde, cambió sus palabras para hablar de "alguien mal intencionado que pudo agregar un papelito".

A raíz de los apellidos que se mencionan en las acotaciones adosadas a las actas, pidiendo "sacarlas", los funcionarios (concretamente Muñiz) informaron que Alberto Aguerre "no es empleado municipal desde hace aproximadamente dos años" y Luis "Lucho" "Buratovich está fuera del área y trabaja en Empleo desde hace un año y medio". "No hay investigaciones puntuales. Lo que se ordenó es una investigación presumarial, porque todavía no tenemos imputados y la investigación se inicia con la persona que está formalmente en la Oficina de Faltas".

El sector princista del PJ sacó un comunicado en el que trata de desprestigiar, mediante el agravio personal, al periodista Charino. No obstante ello, aportan un dato relevante, que no hace más que alimentar las sospechas: "...suprimido y reestructurado el Juzgado de Faltas, permitió un mayor y eficaz control, posibilitando una mayor recaudación por la ejecución de las contravenciones, la que paso (sic) de $ 40.000 anuales a $ 200.000".

Sesión extraordinaria

Apenas tomaron conocimiento de lo denunciado por EL CIVISMO, los concejales de la UCR y la UV pidieron, formalmente, la realización de una sesión extraordinaria. Querían que se concretara en la noche de ayer, pero diferentes trabas políticas lo impidieron y pasó para el lunes.

El presidente del bloque oficialista, Rubén Leopardi, dijo que "Prince quería una prórroga de un tiempo para conocer los antecedentes y poder contestar".

"Esto es muy grave y queremos respuestas rápidamente. Nosotros la pedimos en tiempo y forma", dijo el radical Manuel Silva, uno de los ediles molestos con la postergación de la sesión.

La UFI Nº 3 todavía no caratuló la causa

Mientras la oposición exige explicaciones en una sesión extraordinaria, la UFI Nº 3 aún no caratuló el expediente que deberá abrir ante la aparición de actas de infracciones de tránsito que no llegaron al Juzgado de Faltas.

Algunos de los nombres que aparecen en las sugestivas esquelas son personas que se desempeñaron en la Dirección de Tránsito en el período que datan las boletas y tienen estrecha vinculación con el gobierno municipal.

Si bien la Justicia debería determinar si existen -o no- responsables en el armado de un presunto circuito paralelo que "borraba" infracciones de tránsito y retenía las actas que debieron llegar al Juzgado de Faltas, aquí van algunas pistas como para orientar a los investigadores, basadas en la documentación y los testimonios recibidos por este medio.

Desde que se conoció la aparición de las boletas, hay varios nombres en danza que son seguidos de cerca por quienes quieren saber qué fue lo que pasó, al menos, entre los años 2001 y 2004, período del que datan las actas que en lugar de estar archivadas en la Municipalidad, fueron dejadas en una radio (Radio 24) y en el domicilio de un periodista de EL CIVISMO, mientras que algunas más fueron arrojadas este lunes por la mañana en el baño de caballeros que funciona en el primer piso del Palacio Municipal.

Además de los concejales de la oposición, en especial los de los bloques de la Unión Vecinal y de la Unión Cívica Radical, quien en un principio manifestó su intención de abrir un sumario fue el subsecretario de Control Urbano y Relaciones con la Comunidad, Andrés Salvatto, para determinar qué fue lo que sucedió para que decenas de boletas se desviaran del camino que debían seguir y, en segunda instancia, determinar si hay personas involucradas en maniobras que no dejan de levantar sospechas. Salvatto habló de la apertura del sumario luego de constatar la existencia de las actas "desviadas".

Como se informó en la edición del miércoles, muchas de las misteriosas boletas que llegaron a manos de un periodista de este medio y de un comunicador radial y actual candidato a concejal, tenían adjuntadas esquelas con acotaciones sugestivas: "Acta sacar por orden de Lucho", "Por orden de Lucho sacar esta acta Nº 56.153 (Gabriel Miranda)", "Por orden de Aguerre", eran algunas de las notas que estaban adosadas a las boletas.

De acuerdo a lo que se pudo averiguar, "Lucho" podría ser Luis Buratovich -una de las actas incluso tiene escrito al dorso ese apellido-, un conocido puntero del princismo que políticamente responde al secretario del Concejo Deliberante, Luis Vanín, quien hasta el cierre de esta edición buscó por todos los medios que tenía a su alcance frenar el pedido de una sesión extraordinaria que reclamó la UV, la UCR y luego el PJ.

Buratovich, de nacionalidad chilena, casado y con 4 hijos, se desempeñó como secretario de Organización del PJ local y más tarde pasó al estratégico cargo de secretario de Finanzas. Cuentan históricos militantes del peronismo local que Vanín le delegó, hace poco, el manejo del dinero partidario a "Lucho", antes que se produzca el reclamo de una rendición de cuentas propiciada desde el sector que lidera María Inés Fernández.

"Lucho", además de estar sospechado de "borrar" las boletas y que estas no lleguen a la Oficina de Faltas, es el encargado de todas las campañas de pegatinas, pintadas y colocación de pasacalles del Frente Para la Victoria.

Para los militantes y dirigentes políticos locales, no caben dudas acerca de una de las funciones "constantes" de "Lucho": juntar gente cuando se enfrenta alguna circunstancia tensa. Es por ello que tiene asistencia perfecta en las sesiones comprometedoras para el gobierno y fue el "encargado de la puerta" cuando el intendente brindó la primera charla explicativa sobre la S.A. en el Museo de Bellas Artes y se pronosticaba que los autoconvocados irían a pedir respuestas.

En las últimas semanas, la situación de Buratovich comenzó a ser seguida de cerca por la Justicia, pero en ese caso en una causa abierta por presuntas irregularidades en el manejo de los planes sociales. Una fiscal de Mercedes caratuló el caso como "Estafa al Estado Nacional". En este marco, se dice que "Lucho" habría imputado responsabilidades a Ariel Notta, actual subsecretario de la Dirección de Empleo y Desarrollo Productivo, a la vez que ocupa el primer lugar en la lista de candidatos a concejales por el FPV.

La investigación intentará determinar si "Lucho" ordenó "borrarle" a Gabriel Miranda un par de infracciones de tránsito, teniendo en cuenta además que Miranda es el presidente del Club Luján, institución en la que Buratovich ocupa el cargo de vicepresidente primero.

Hace algunos meses, Buratovich pretendió "insertarse" en la sociedad de fomento del barrio Santa Elena, de la mano de una lista armada a pedido del intendente, pero fracasó en el intento.

SE PRESUME...

En el caso de la esquela que señala a un tal "Aguerre", éste sería Alberto Aguerre, una persona que a principios de 2004 fue designado como "Jefe de Tránsito", pero que en marzo de ese mismo año su nombre volvió a salir en los medios cuando 12 de los 19 agentes municipales lo denunciaron por "acoso" y "malos tratos".

Aguerre, quien cuenta con sólidos contactos políticos, fue separado de la dependencia que por entonces estaba a cargo de Gustavo Sicca, segundo candidato a concejal del FPV.

El hombre de parecido físico al líder piquetero Raúl Castells, había logrado ingresar a la Municipalidad poco tiempo después de haber aparecido involucrado en el desguace de material ferroviario en la estación de trenes. Como vecino, fomentista y dirigente de la escuela de fútbol del barrio El Trébol, Aguerre habría acordado con un chatarrero del barrio Sarmiento, levantar rieles, durmientes y "limpiar" todos los bienes del ferrocarril para hacer en el lugar un espacio público, con predio deportivo y comercios incluidos, idea que quedó trunca al ser descubierta la maniobra que, más tarde, dio paso a la formación de comisiones defensoras de trenes y hasta tomó trascendencia en los medios nacionales.

Luego de esto, consiguió ingresar en Inspección General, órgano que estaba a cargo de Sicca. Para fines de 2003 pasó a planta permanente y en un abrir y cerrar de ojos había sido ungido como "jefe". No tardaron en aparecer los problemas.

Hoy los apellidos Buratovich, Aguerre y Sicca suenan fuerte en la oposición, que considera el asunto de las actas como un tema de "extrema gravedad", mas deberá determinarse la relación que tuvieron con estos hechos los directores de Tránsito que supieron estar en la dependencia en la época de las boletas como Héctor "Bocha" Navarro, Horacio "Indio" Pereyra, el ex juez de Faltas Roberto Gorostegui y hasta el intendente Miguel Prince, quien desde hace más de un año es el principal responsable del área que ahora está bajo la lupa.

Tres colores

Las actas que hacen los agentes municipales al conductor que cometió una infracción de tránsito son por triplicado y cada una tiene un color distinto:

Blanco: es la boleta que habitualmente se la denomina "original" y los agentes tienen como función entregarla a sus superiores para que sea ingresada en el sistema de computación que registra las infracciones, al tiempo que el documento en papel tiene que llegar a las manos del juez de Faltas. Desde marzo de 2004 este órgano es el Departamento Ejecutivo y la figura del magistrado la encarna el intendente quien decidió reestructurar el área a expensas de que en la práctica el jefe comunal no se encarga de estos asuntos. Sin embargo, en su momento Prince lo que hizo fue eliminar el Juzgado de Faltas tradicional que, por lo general, siempre estuvo en manos de una persona que no se identificaba con el oficialismo sino que era nombrada con el acuerdo de la oposición.

Rosa: copia que debe ser entregada al infractor o dejada en el parabrisa en caso que el conductor del vehículo infraccionado no se encuentre. Por ley, a las 48 horas debe ser enviada al domicilio del infractor, algo que en la práctica no ocurre.

Verde: su destino es el RUIT (Registro Único de Infractores de Tránsito) que funciona en La Plata. En esta dependencia se almacenan en un sistema informático todas las actas de infracciones como así también las sentencias firmes dictadas en el marco de la legislación de tránsito que rige para todo el territorio bonaerense.