Tal como detalla en esta edición EL
CIVISMO, la Cámara de Autoservicios y
Supermercados Propiedad de Residentes Chinos
estudia los detalles de una inminente
presentación en la Justicia Federal y otra
denuncia en el INADI (Instituto Nacional
contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo) por la reciente sanción de una
ordenanza municipal que frena, en todo el
partido de Luján, la radicación de
autoservicios y supermercados.
Si bien en el texto de esa norma no se
menciona a las inversiones de origen
asiático, nadie podrá negar que la
resolución unánime del Concejo
Deliberante, avalada desde el silencio por
el gobierno municipal, surge por la
aparición en barrios y localidades de
Luján de comercios administrados por
chinos; algo común en prácticamente toda
la geografía del conurbano y en una
importante porción del interior bonaerense
y de los grandes centros urbanos del país.
En Luján, en lugar de optar por el
camino serio hacia una solución, se optó
por el atajo. Todo problema presente y
futuro -como serán, sin duda, las
presentaciones judiciales- se evitaba
sosteniendo controles firmes y constantes en
todos los comercios del rubro. Los
edificios, los alimentos y los papeles
tienen que estar en orden en los
supermercados chinos, italianos, bolivianos,
indios o argentinos.
Aquí se buscó lo más sencillo. Eso
sí, la respuesta ante las presiones
lógicas de quienes veían amenazada la
competencia leal fue inmediata. Basta de
habilitaciones para estos emprendimientos,
hasta tanto se defina el impacto
socio-económico en cada rincón del
partido.
La noche de la aprobación de esta norma
en el Concejo hubo aplausos para los ediles,
desde una barra ocupada por supermercadistas
locales. Sus argumentos eran y siguen siendo
válidos: la falta de controles torna
beneficioso el terreno para la competencia
desleal.
Poco importó en esa jornada -o, en todo
caso, importó para ganar el aplauso- que en
la Municipalidad se tramitaban dos
habilitaciones de supermercados con
administración oriental. En uno de los
casos, ni siquiera importó que el comercio
que se pretendía instalar estaba a muchos
menos metros de distancia de otro igual que
lo establecido por ley. ¿La culpa es del
chino o del argentino que hizo la vista
gorda en lugar de medir la distancia entre
comercios y permitió el inicio de los
trámites?
En el barrio Zapiola, sólo es culpable
el emprendedor chino o el argentino que aún
sabiendo los argumentos de la competencia
injusta le alquiló el inmueble.
Sin duda, estos dos ejemplos son apenas
una muestra de una hipocresía constante.
Además, lo expresado en este editorial
son reflexiones y argumentos que se escuchan
entre los concejales opositores y
oficialistas y también entre algunos
funcionarios comunales, pero que casi nunca
afloran a la luz. "Actuamos bajo
presión y me parece que nos
equivocamos"; "Era lógico que
tendríamos que enfrentar presentaciones
judiciales"; "No se estudió la
norma como se debía"; "Lo que se
aprobó es una barbaridad que ahora
tendremos que tratar de corregir";
"Estamos trabajando en una norma
seria", fueron frases escuchadas en los
últimos días.
De hecho, el Departamento Ejecutivo
jamás puso la firma para la promulgación
de la ordenanza emanada desde el Concejo. En
realidad, se trata de un indicio simbólico,
de una muestra de disconformidad, porque la
promulgación llegó luego de que pasaran
los 10 días legales establecidos para su
sanción "tácita".
En otras palabras, nadie se quiere hacer
cargo de lo sancionado. A pesar de que
muchos se alegraron ante los aplausos de
ocasión.
