El entonces senador Antonio Cafiero, destacado por su virtud de estar en medio de las grandes discusiones políticas de las últimas décadas, pero siempre salir inmune en las culpabilidades, gritaba desde su banca en el año 2000, cuando apareció el tema de las coimas para la aprobación de la reforma laboral, que "las sospechas existen, todos las tenemos, pero lo que no existen son las pruebas". Conmovedor relato para ingenuos.

Con el correr de los años, las pruebas comenzaron a aparecer. Primero fue un anónimo. En esa hoja se relataba el episodio de cohecho, con nombres, apellidos y roles.

Fue ese anónimo el que empujó la renuncia a la vicepresidencia de la Nación de Carlos "Chacho" Alvarez.

A ese escrito le siguieron algunos años de silencio, porque todos los que compartían el secreto no tenían necesidades urgentes. Todavía "formaban parte" de la estructura de corrupción.

Pero el hilo se cortó por uno de los eslabones más delgados de la cadena. Un problema de conciencia -según su versión- o un bolsillo que pedía plata como cuando era prosecretario parlamentario del Senado, llevaron al lujanense Mario "Tato" Pontaquarto a confesar lo que hizo aquellos días de abril de 2000.

Previo pago de 18.000 pesos-dólares que le aseguraron cierta tranquilidad familiar, Pontaquarto ofreció su testimonio a la extinta revista "TXT" y después ratificó sus dichos en la Justicia; un testimonio que negó rotundamente en el momento de la aparición del anónimo, incluso a este medio de prensa. Claro que, por entonces, todavía cobraba y gozaba de los beneficios de trabajar en las más altas cumbres del Senado. Dicho de otro modo, no había necesidad de "arrepentirse".

Pero la soga política se le cortó y Pontaquarto salió a difundir un relato que lo tenía como protagonista. Habló, con pelos y señales, de la orden de arriba para ir a buscar el dinero a la SIDE, del recorrido de las valijas, de la ubicación de ese equipaje en su auto y su celosa custodia en la casa que tenía en General Rodríguez. Todo ello le dio forma a su ruidoso arrepentimiento.

También habló de la entrega de las valijas, de un papelito en el que figuraban los montos que recibía cada "honorable" legislador y de la gratuidad con la que encaró los mencionados servicios.

La causa revivía. Era imposible que pasara lo contrario. Uno de los protagonistas del gran hecho de corrupción estaba contando cada uno de los detalles, con nombres, apellidos y cifras.

Pero en Argentina es difícil sorprenderse, en especial cuando se trata de cuestiones que mezclan lo judicial y lo político. A pesar de la confesión de uno de los autores y de la aparición de una enorme cantidad de pruebas, la causa estaba a punto de naufragar.

Recién la semana pasada un nuevo eslabón delgado de la cadena de complicidades se quebró: Sandra Montero. En la jerga del truco, se trata de un cuatro de copas que, en la relación que mantenía con el entonces senador Remo Costanzo (uno de los que cobró) tenía un valor mucho más alto.

La despechada empleada contó que su ex jefe cobró, cuánto cobró, dónde había apoyado el maletín con sus iniciales, cómo estaba empaquetado el dinero y hasta el malestar que manifestaba Costanzo porque "los muchachos" le pagaron la mitad de lo estipulado (apenas 300.000 pesos-dólares).

¿Qué más falta para apurar una condena? ¿Qué otro dato le falta a la Justicia para reconstruir el indignante ilícito? ¿Qué necesitan los jueces o fiscales para mandar a la cárcel a los responsables y recuperar la plata sucia de los legisladores y funcionarios que tramaron el cohecho?

En teoría o, mejor dicho, a simple vista, no falta nada. Pero en Argentina nunca se sabe.

Ayer, al cierre de esta edición, la causa se elevaba a juicio oral con cientos de fojas en las que figuran los testimonios de Pontaquarto, de Montero, del senador Cantarero y todas las pruebas que determinan la existencia de los sobornos. Sólo queda una pregunta pendiente: ¿habrá Justicia?