En diferentes medios de prensa, con unas u otras palabras, pero con el mismo fin, se reflexionó días atrás que para jerarquizar la función pública es imprescindible, entre otras cosas, pagar remuneraciones acordes con la dedicación y la responsabilidad inherentes a los cargos que se ocupan.

Fernando Laborda, en el diario La Nación, escribió que ese incentivo económico "debería ir acompañado de la máxima transparencia y de la eliminación de todo atisbo de dudas vinculadas con el pago de sobresueldos en negro o de gastos de representación poco claros, al igual que los tristemente célebres fondos reservados, cuya falta de rendición de cuentas habilita cualquier sospecha de que estén engrosando los bolsillos de los funcionarios".

Con la cortina informativa que provoca una alegría mundialista, y en el caso de Argentina en su máxima expresión, porque ocurrió en coincidencia con la goleada a Serbia y Montenegro, el gobierno acató esas reflexiones. Pero lo hizo en extremos grotescos.

Los funcionarios y los legisladores nacionales se aumentaron sus salarios. Pero en el caso de los primeros, se determinó un cobro extra por la "responsabilidad en el cargo". Ese dinero no forma parte de la masa salarial a cobrar cada fin de mes, sino que se cobra como un plus, como un extra, como un agregado. Si se nos permite, digamos que se cobra como el equivalente a los sobresueldos en negro que abundaron en tiempos menemistas.

Es indudable; un funcionario público tiene que cobrar un sueldo acorde con el trabajo que asume. Y en el caso de figuras con perfil técnico, el ingreso de bolsillo tiene que ser tentador, de modo que comparativamente no le resulte un imán la actividad privada. Además, relacionado con ello, también se tendría que asegurar un salario que, al terminar su gestión, no lo lleve de manera directa a la actividad privada para allí aprovecharse de sus contactos públicos.

Lo que no se puede discutir, por su carácter de inaceptable, es que se blanquee un cobro aparte "por responsabilidad en el cargo".

¿No se supone que un funcionario tiene que ser responsable sin necesidad de recibir por ello un cobro explícito? En todo caso, hay que pensar que los cientos y cientos de funcionarios que pasaron por diferentes gestiones no fueron todo lo responsable que le exigía el cargo porque nadie les pagaba para ello.

Cobrar por la responsabilidad en el cargo es un acto de premeditación y alevosía que se perpetró cuando la ciudadanía tenía la atención puesta en Alemania.

Ahora, con su blanqueo, se abre un sinfín de preguntas. ¿No se tendrá que empezar a pagar responsabilidad en el cargo a los médicos, a los agentes de seguridad, a los jueces, a los secretarios de los jueces, a los trabajadores sociales, a las enfermeras de establecimientos públicos?

De lo contrario, habrá que entender que sólo los políticos tienen que recibir un pago extra por su responsabilidad. El resto de los trabajadores lo sobreentienden, lo consideran algo natural.