El gobierno nacional ha iniciado una amplia campaña de consulta popular para que todos tengan oportunidad de opinar acerca de la nueva Ley de Educación Nacional. Ya se realizaron dos jornadas de análisis y debate en las escuelas y el lunes 17 y el martes 18 será el momento de escuchar la voz de padres y alumnos.

La iniciativa tiene como propósito reemplazar la actual Ley Federal de Educación fruto de las políticas neoliberales aplicadas durante los noventa. Esa ley desarticuló el sistema educativo nacional, creó el nefasto tercer ciclo (octavos y novenos años agregados a las escuelas primarias), aceleró el traspaso de escuelas a las provincias, quitó recursos al sistema priorizando el pago de la deuda externa, según recomendaciones del propio FMI, sobre el financiamiento para educación.

El paso siguiente, impedido en gran medida gracias a las marchas y protestas gremiales, era la municipalización de los servicios educativos al estilo chileno. Sistema contra el cual la presidenta de ese país debió afrontar manifestaciones durísimas recientemente y que en la práctica significa que estudia el que puede pagar.

La provincia de Buenos Aires dictó en 1994 su propia Ley de Educación en concordancia con la nacional. La impuso sin ningún consenso y recibió desde el primer momento una lluvia de críticas, a tal punto que, con el transcurso del tiempo, fue dando la razón a los docentes implementando distintos cambios.

Algunos partidos de la oposición señalan que resulta paradójico que el gobierno actual, del mismo signo del autor de aquella ley, hoy la considera totalmente negativa. Más aún, posiblemente algún legislador que ayer levantó su mano aprobatoria, lo repita con la nueva.

Son aspectos de la realidad argentina difíciles de entender.

No obstante, el proyecto de Ley de Educación Nacional que se propone enviar a las Cámaras el ministro Daniel Filmus en octubre próximo, va a contemplar algunos aspectos importantísimos.

Una vez sancionada, será cuestión de lograr que su cumplimiento y adecuada implementación se transforme en una política de Estado, es decir que tenga continuidad en el tiempo y no que ante la primera crisis, grande o pequeña, resulte la cenicienta del presupuesto y de las preocupaciones y ocupaciones del gobierno.

¿Qué aspectos deberá contemplar la Ley?

Sostener que la educación es responsabilidad indelegable e inalienable del Estado; concebir a la educación como permanente; favorecer la concentración de los docentes en un mismo establecimiento (evitar los profesores-taxi), asignando tanto horas de clase como tiempo para trabajo pedagógico individual y colectivo y para la tutoría de alumnos; brindar capacitación continua, gratuita y en servicio, de carácter obligatorio, a todos los docentes (para terminar con la mercantilización de los cursos de capacitación); llevar la formación docente de grado al nivel universitario; establecer sistemas de reinserción para quienes desean retomar sus estudios y acreditar saberes adquiridos fuera del sistema; asegurar el funcionamiento de convenciones colectivas de trabajo (esto evita que se tomen decisiones sin la participación de los docentes); fijar políticas compensatorias para que la educación sea de la misma calidad en todo el país, unificar el sistema en su estructura y contenidos en el orden nacional respetando las particularidades regionales; proveer edificios y equipamientos, previendo el debido mantenimiento; disponer que las escuelas tengan como máximo 500 alumnos y que no haya más de 25 por curso; redefinir los recursos que se destinan a las escuelas de gestión privada, sosteniendo fuertemente sólo a las que son gratuitas o cobran muy poco (para evitar que se ahonden las diferencias sociales); garantizar tanto condiciones dignas de trabajo como salarios adecuados y suficientes; disponer que los programas de estudio formen tanto en la cultura del trabajo, el esfuerzo y la responsabilidad como en la conciencia de ser parte del sistema democrático que implica derechos y obligaciones ciudadanas.

Otros aspectos a tener en cuenta serían: dar razonables márgenes de autonomía en la administración de las escuelas evitando excesos burocráticos; separar lo asistencial de lo propiamente educativo para que no se desdibuje la función de la escuela y se priorice la adquisición de conocimientos; extender la obligatoriedad hasta la culminación del nivel medio; destacar al maestro como un referente social fundamental para mejorar las condiciones de vida de los sectores más desprotegidos; implementar formas eficaces de ayuda para alumnos con necesidades básicas insatisfechas; fijar pautas para evaluar a los estudiantes en la adquisición de conocimientos básicos esenciales y el desempeño de los docentes como responsables de brindar un buen servicio; prever la formación de equipos interdisciplinarios en las escuelas consideradas de alto riesgo para la atención de los problemas de la adolescencia.

Hablar de educación es hablar de futuro. Deberán transcurrir algunos años para que se empiecen a ver los frutos de una nueva y buena Ley de Educación.

El esfuerzo de debatir el tema, discutirlo y analizarlo vale la pena. Ojalá el día de mañana merezca ser recordada con tanta admiración como se lo hace con la 1420.