La idea de mantener una reunión entre algunos concejales y la jueza de Paz surgió el jueves pasado.

Los ediles quieren que la funcionaria del Poder Judicial explique por qué no otorga órdenes de allanamiento a la Policía.

Mientras tanto, vecinos reclaman el regreso de los "megaoperativos" ante la proliferación de menores armados por las calles de los barrios Ameghino y Lanusse.

Luego de una reunión mantenida el jueves entre concejales que integran la Comisión de Seguridad, Transporte y Tránsito con funcionarios municipales del área de Prevención Comunitaria y Control Urbano, autoridades policiales y vecinos, los ediles llegaron a la conclusión de pedirle explicaciones a la jueza de Paz Letrada por su desempeño en algunos hechos en particular.

El motivo que llevó a los concejales a evaluar la necesidad de que la Dra. Estela Carril justifique alguna de sus decisiones, parte de una creciente sensación de inseguridad que manifestaron tener vecinos de los barrios Lanusse y Ameghino quienes ven proliferar por las calles a menores de entre 14 y 17 portando armas con la misma naturalidad que puede tener un niño manipulando un juguete.

Ante esta situación de peligro a la que se ven expuestos diariamente, piden que vuelvan los llamados "megaoperativos". Se trata de procedimientos realizados por sorpresa y con la participación masiva de efectivos llevados a cabo por la Policía Bonaerense que incluyen allanamientos de determinadas viviendas. En este caso puntual, solicitan que se implemente a la brevedad y que la fuerza de seguridad ingrese a lugares donde se sospecha habrían armas ilegales.

Sin embargo, la Policía no puede dar una respuesta acorde al planteo integral de un grupo de ciudadanos debido a que la jueza de Paz en varias ocasiones no hizo lugar al pedido que autoriza a la fuerza a ingresar a viviendas particulares por sostener que la solicitud girada no se ajustaba en algunos de los términos a lo que exige la ley. No obstante, la Policía no carga todas las culpas contra la jueza de Paz ya que en el caso de la situación de menores armados en la vía pública quien debe actuar es la Justicia de Menores, y a partir de la Ley de Minoridad quien deberá intervenir es la Municipalidad.

Por su parte, la posibilidad de que regresen los "megaoperativos" en el corto plazo no la descartan las autoridades policiales ya que están gestionando con la Fiscalía de Mercedes aplicarlos de un momento para otro.

Con todo, hay quienes defienden la actuación de la Dra. Carril porque se ajustó a la ley al negar la autorización para decomisar armas en el interior de viviendas con el argumento de que la Ley de Tenencia de Armas había sido prorrogada y, por lo tanto, no podía permitir que la Policía las incaute ingresando a casas particulares ya que legalmente sus moradores todavía podían tenerlas en su poder.

Por este tipo de decisiones algunos tildan a la jueza de "legalista" y dicen que contrasta con uno de los objetivos primarios de la fuerza policial como es combatir la delincuencia en todas sus formas. Y una de esas formas es desarmando a quien cuenta con armas en forma ilegal porque estaría actuando al margen de la ley.

DETALLISTA

De sólida formación judicial y detallista a ultranza, a la Dra. Carril no le tiembla el pulso a la hora de tener que anular un pedido de allanamiento por un punto o una coma mal colocados. Y esto en ocasiones lleva a que una contravención no salga del Juzgado, o a que una investigación quede a medio camino por la falta de un dato o por un error de ortografía escrita por un policía o por un funcionario municipal. A su favor, fuentes policiales destacaron casos en los que se expidió con celeridad y así pudieron dar con malvivientes que acababan de cometer ilícitos.

"Tal vez necesitemos un juez de Paz con un poco más de cintura y elasticidad como tiene Moreno como para que las penas sean más efectivas aunque las resoluciones que toma la jueza son entendibles desde un punto de vista técnico", se escuchó decir esta semana.

Ante la rigidez de la jueza que no otorga la cantidad de órdenes de allanamiento que pide la fuerza policial y la demanda de medidas por parte de la gente, los ediles quieren ahora hablar con la titular del Juzgado de Paz y en lo posible desean hacerlo en forma "urgente".

Aunque nadie se anima a decir abiertamente que la relación entre el Juzgado, la Municipalidad y la Policía hoy puede considerarse como conflictiva, al menos reconocen que están frente a una "situación crítica". Existe cierto malestar por la poca flexibilidad que viene demostrando la Dra. Carril frente a algunos procedimientos en los que se le solicitan órdenes de allanamientos para poder actuar. Además, aseguran que algunos expedientes que llegan a sus manos no siguen luego el curso que desearían los funcionarios municipales.

¿HORA DE RENDIR CUENTAS?

Algunas voces escuchadas esta semana hablan, en principio, de que la magistrada debería rendir cuenta por su labor, al menos, ante los concejales. Otros, más extremistas, consideran que llegó el momento de empezar a trabajar en el cambio de la funcionaria, aunque removerla de su cargo no resultaría una tarea sencilla.

En tal sentido, uno de los ediles que participó de la reunión le dijo a EL CIVISMO que en Moreno "piden veinte órdenes de allanamiento y le dan las veinte. En otros lugares del conurbano piden diez y les dan las diez, pero acá no se sabe por qué no da ninguna orden".

Por otra parte, a partir de los hechos violentos que se vivieron durante el fin de semana pasado en el microcentro de Luján, se llevó a cabo otra reunión que mantuvo un conocido vecino -cuyo hijo fue brutalmente golpeado por una patota- con autoridades del Departamento Ejecutivo y policiales. En ese encuentro hablaron no sólo de cuestiones relacionadas con la seguridad en la noche sino también de la problemática que involucra la venta de drogas ilícitas.

Según pudo saber este medio, una de las partes habría dicho que la Dra. Carril no es proclive a que la Policía proceda a allanar viviendas de "familias tradicionales" cuyos hijos estarían sospechados de estar involucrados en algún tipo de actividad delictiva.

Al respecto, ponen como ejemplo el caso de un hombre que acaba de salir de la cárcel y que por estos días se ganaría la vida vendiendo estupefacientes pero que no puede ser detenido porque la Justicia -nótese que nunca señalaron a la jueza- no autoriza a la Policía a realizar un procedimiento en su vivienda.

Resulta difícil saber cuánto hay de cierto en este comentario, sobre todo si no hay una denuncia concreta. Sin embargo, muchos vecinos de este ex convicto aseguran que estaría gozando de una "protección" y esto le permitiría ganar dinero en forma ilícita.

Desde la Municipalidad alientan a los vecinos a que radiquen denuncias bajo reserva de identidad ante un fiscal o ante la propia jueza de Paz. Esa denuncia indefectiblemente debe llegar a la Policía, pero mientras no existan denuncias concretas, difícilmente la Justicia actúe de oficio y menos aún basándose en comentarios de vecinos. "Nadie se juega legalmente u oficialmente a denunciar", enfatizó un funcionario del Departamento Ejecutivo que habló ayer con este medio.

Mientras tanto, uno de los concejales confirmó que desde la Comisión de Seguridad, Transporte y Tránsito van a "pedirle una reunión urgente a la titular del Juzgado de Paz para saber por qué en Luján no autoriza ciertos allanamientos con el fin de poder sacar del circuito armas que puedan tener estos jóvenes".

Herencia del Virreinato

Hablar de la Justicia de Paz significa referirse a una de las instituciones más antiguas de nuestro país en la tarea de administrar justicia.

Remontándose a su historia, en la época del Virreinato, los Juzgados de Paz se instituyeron en aquellos pueblos y ciudades en los que no había cabildos, y aunque su competencia ni su forma eran las mismas que en la actualidad, la Justicia de Paz siempre tuvo dentro de la comunidad un papel preponderante determinado por el elemental principio de inmediatez.

En la provincia de Buenos Aires la competencia de la Justicia de Paz evolucionó constantemente, aunque su cambio más drástico se dio en 1978 con la promulgación de la ley 9.229 (perfeccionada más tarde por el Decreto Ley 9.682 y la ley 10.571), que transformó en Letrada a la vieja y tradicional justicia lega, en la que la figura del Juez de Paz era el ciudadano más probo que desempeñaba su cargo ad-honorem.

A partir de allí comienza una sucesión de transformaciones hasta alcanzar la tan especial como variada competencia que hoy tiene, ya que comprende en cuestiones tan disímiles como faltas correccionales (ley 8031), civiles y comerciales, menores, violencia familiar, etc.