La idea no es nueva y ya está siendo analizada por la Cámara de Senadores de la provincia.

De ser aprobada, prevé sanciones para quienes "levantan" quiniela y hasta para quienes apuestan en el circuito clandestino.

Dudas acerca de su eficacia ante la escasa predisposición que existe a la hora de aplicarse una normativa para combatir el juego ilegal.

Uno de los vicios más arraigados entre la gente está a punto de ser castigado por el Gobierno Provincial. Se trata de la quiniela clandestina, el juego de azar en el que muchas personas apuestan diariamente desde 50 centavos hasta varios pesos tentados por la suerte que pueda arrojar la quiniela oficial.

La clandestina, como todos la conocen, forma parte del gusto popular de los apostadores. En kioscos, bares o verdulerías de barrio es posible encontrar comerciantes que hacen las veces de agencieros "levantando" quiniela para que luego pasen los intermediarios a juntar la recaudación del capitalista de juego que cumplen el rol de Estado a la hora de pagar dividendos.

Ahora este (pesado) eslabón de una vieja cadena vuelve a estar amenazado al ser impulsado en la Legislatura Provincial un nuevo proyecto para que se apliquen arrestos con penas de hasta tres años de cárcel para explotadores de juego ilegal.

La iniciativa, de difícil concreción, encuentra varios obstáculos a la hora de su aplicación. Por empezar, la Policía, cuya caja chica muchas veces suele estar engordada por dinero proveniente del juego ilegal, y el poder político que a la hora de hacer campaña se financia con fondos aportados por los popes de la clandestina.

ALCANCES DEL PROYECTO

Por estos días, en la Cámara Alta, los senadores provinciales estudian la posibilidad de introducir modificaciones al Código de Faltas entre las que se destaca aplicar arrestos y "otorgar mayores facultades a los inspectores del Instituto de Lotería y Casinos para que puedan realizar controles en lugares en los que se supone que se juega de manera clandestina", indicó recientemente la agencia de noticias DIB.

Entre las facultades que tendría el nuevo Código de Faltas aparece el poder que tendría el personal para poder incautar documentación y elementos que considere vinculados al juego ilegal y, en caso de comprobar la falta, deberá realizar la correspondiente denuncia judicial.

Tan viejo como la humedad, la idea de reprimir el juego ilegal siempre ha estado en la agenda de todos los gobiernos. Oficialismo y oposición, con mayor o menor énfasis han intentado combatir esta costumbre que forma parte de un hábito de miles de argentinos.

Ahora se pretende sancionar con multas económicas tanto a los capitalistas como a los que "levantan" quiniela o llevan las apuestas que genera el circuito paralelo. Esas sanciones se agravarán si se trata de funcionarios públicos o si se involucra a menores de edad.

Además, está previsto conformar una "Comisión de Prevención y represión contra el juego ilegal" y crear un Registro de Infractores para que el Instituto Provincial de Loterías y Casino impida a quienes hayan sido parte de alguna organización de juego clandestino ingresar al mercado legal a través de una agencia oficial.

"Los organizadores de apuestas ilegales podrán ser penados con arresto de entre tres meses y un año y sancionados con una multa de entre 10 y 100 salarios mínimos de un agente de la Administración Pública. Y para los que colaboren o participen en forma secundaria, la pena será de entre uno y seis meses de arresto, y la multa será de entre 50 y 500 sueldos.

Los empleados o funcionarios públicos que tienen el deber de evitar el juego ilegal, cuando no cumplan con esa obligación podrán ser penalizados con arresto de un mes a un año, e inhabilitados para ocupar cargos públicos entre seis meses y tres años. En el caso de los apostadores, se fija una pena de arresto de cinco a treinta días, y el pago de una multa de uno a diez sueldos mínimos", agregó DIB.

Se calcula que sólo en la provincia de Buenos Aires se mueven anualmente cerca de 1.000 millones de pesos en el circuito en negro que genera el juego clandestino y, por ende, no son recaudados por el Estado bonaerense.

De terminarse con este caja clandestina, que muchos creen sirve para financiar campañas políticas o para enriquecerse ilegalmente por parte de algunos funcionarios policiales, estiman que podría cortar de cuajo un sistema de corrupción política-mafiosa de la provincia de Buenos Aires.

Sindicato pide "blanquearse"

El sindicato de "Vendedores Ambulantes" rama Quinieleros, adherido a la CGT (con personería gremial), planteó un blanqueo de los trabajadores del juego de quiniela, a partir de una ley aprobada en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires que establece, entre otros, 90 días de cárcel a los "levantadores" de quinielas y el pago de multas 3 veces más altas que las actuales.

Este sindicato está comprendido por 50 mil afiliados y se está hablando de 60 mil familias que viven de este sistema de juego.