Serán los jueces en los que recaiga la causa los que tendrán que determinar la responsabilidad legal que le cabe a Estela Ramona Paz, más conocida como "Mónica Paz, la martillera", y a la misteriosa e invisible señora "María Rosa Bertolino", presuntas autoras de la maniobra mediante la cual vendían terrenos fiscales de diferentes puntos del partido de Luján.

Lo que amerita respuestas urgentes, para que las condiciones establecidas para la ilegalidad no perduren, es el rol que en todo el ilícito tuvieron los funcionarios a cargo de la Dirección de Tierras y Vivienda de la Comuna, sus jefes y sus subordinados. Se tiene que cerrar el cerco sobre los sospechosos: Paz y Bertolino, ¿actuaron solas o son eslabones de una cadena?

Por lo sucedido, se confirma, entre otras irregularidades, que en la administración municipal hace más de un año que se pueden conseguir planillas catastrales con lotes o parcelas de terrenos de hasta 10 hectáreas, para ofrecer a un precio vil al mejor postor.

De acuerdo a la confesión de una de las implicadas en el caso, se realizaron "cerca de 15 ventas". Es decir que no hay registro exacto de la cantidad de estafas que se perpetraron, porque la confesión surgió de una de las autoras.

Otro dato que no debería pasar desapercibido: las operaciones económicas por varios miles de pesos se realizaban en el hall de la Municipalidad, mientras las vendedoras saludaban a empleados y funcionarios que pasaban delante suyo. Nadie las molestaba.

La gravedad del hecho terminó de determinarse esta semana. Recién el jueves pasado, cuando el tema ya había explotado en la opinión pública, una gacetilla de prensa informó que el gobierno local radicó una denuncia penal.

Pero en ese texto se admite que una de las implicadas comentó la maniobra en la Dirección de Tierras el 15 septiembre del año pasado. Y que no se realizó una denuncia inmediata "porque no había suficientes pruebas".

Se llegó a admitir una ineficiencia tal que confiesan haber tardado un año en reunir los elementos suficientes como para solicitar la intervención de la Justicia. El lunes pasado se radicó la denuncia de lo que se sabía desde el 15 de septiembre. ¿Son los funcionarios los que tienen que realizar la tarea de investigación? ¿No estarían "haciendo tiempo"?

Dicho en palabras más comprensibles, está claro que "se dejó hacer" durante casi un año. Se calló durante casi un año. No se tomaron medidas durante casi un año. Aún con el pensamiento más condescendiente hacia los funcionarios, se puede decir que trabajaron en la búsqueda de pruebas durante casi un año, mientras las condiciones seguían latentes para comercializar terrenos fiscales de hasta 10 hectáreas. En ese caso, ¡cuánta inocencia! Demasiada para la responsabilidad que merece un cargo público.

La contundencia de la información que se conoció en estos días, incluso aquella que indica que el gobierno local necesitó prácticamente un año para juntar pruebas y decidirse a radicar una denuncia, teje la sospecha de que a partir de ahora el intendente y sus funcionarios harán todo lo humanamente posible para esquivar las responsabilidades y las gruesas falencias que rodean a la estafa con lotes fiscales.

Los hechos conocidos hasta ahora son irrefutables. La falta en los deberes de funcionario público, cuanto menos en el área de Tierras, están a la vista.

¿Alguien pagará por el grotesco ilícito que se realizaba dentro de la Municipalidad con acción u omisión estatal? ¿O la solución apuntará a la creación de una comisión investigadora que durante todo el tiempo necesario, para olvidar lo ocurrido, analice los hechos "hasta las últimas consecuencias"?