LA MUERTE DE UN MAESTRO

Escribe: Antonino Martínez

Tenía pensado escribir una nota sobre los paros docentes que afectan a distintas provincias cuando se produjo la muerte de Carlos Fuentealba. Tenía pensado decir que tomar el ritmo del proceso de enseñanza no es sencillo, requiere un clima que se quiebra fácilmente. Requiere continuidad, los maestros lo saben y saben que los paros lo afectan. Tampoco desconocen, porque históricamente ha sido así y nada predispone a modificarlo, que todas las mejoras se consiguen después de grandes luchas y desgastes.

Después de esta muerte tengo muchas más razones para escribir, porque pareciera que si no se toca fondo no se percibe la realidad, hay incapacidad para prever.

Durante el gobierno de Menem el Congreso sancionó una ley por la cual en cinco años, a razón del veinte por ciento anual, se duplicaría el presupuesto educativo. Todos contentos, pero no se cumplió.

¿Ocurre ahora lo mismo con la ley de financiamiento educativo? Alguien dirá que esos fondos no son puntualmente para el pago de los sueldos que están a cargo de las provincias. Pero, ¿para qué sirven si no sirven para evitar que en varias jurisdicciones se pierdan varias semanas de clase? ¿No debiera funcionar como un fondo de garantía para situaciones extremas?

Cuando el actual presidente inició su mandato una de las primeras medidas que tomó fue auxiliar a Entre Ríos donde no había clases desde largo tiempo y todo el mundo aplaudió esa decisión que demostraba sensibilidad social. Porque en materia social la educación siempre es prioridad o debiera serlo.

El gobierno nacional decretó un aumento general a cargo de los Estados provinciales y algunos, como Buenos Aires, lo absorbieron pero a costa de aumentar el déficit y perder a un buen ministro de economía.

Los reclamos docentes son legítimos, lo que nunca es legítima es la represión, el empleo de la fuerza para impedir una protesta.

Se reemplazó la ley Federal de Educación, se dictó la ley de Educación Técnica, se legisló sobre el financiamiento, pero nada de esto significa establecer mecanismos regulares de actualización de salarios y condiciones de trabajo adelantándose a medidas de acción directa. La respuesta son las paritarias, sin duda, pero mientras a la educación no se le dé la importancia que le corresponde, nada cambiará.

Todo está atado con alambre y se viene abajo al soplo de la menor brisa. Para peor de males, el diablo mete la cola y aparecen los encapuchados de Quebracho y desvirtúan la lucha.

Las luchas obreras son justas aun cuando pudieran estar equivocados sus protagonistas, sean mal orientados por sus dirigentes o empleen métodos incorrectos. Pero el límite es el uso de la violencia. Nada justifica el uso de la violencia para realizar un reclamo. La violencia de un lado es respondida con violencia del otro y se produce un enfrentamiento, una guerra de bandos que se vuelven irreconciliables.

La acción de Quebracho merece el absoluto rechazo de los docentes. No es un ejemplo que pueda mostrarse a los alumnos.

Guillermo Jaim Echeverry escribió un libro titulado La tragedia educativa. Bien podría decirse ahora: La tragedia educativa continúa profundizándose.

Se hacen leyes como quien firma cheques en blanco: no existe la real voluntad de cumplirlas.

Baja la calidad de los conocimientos de los alumnos, se improvisan reformas, no se atiende suficientemente a las necesidades edilicias, los docentes nacionales transferidos de un plumazo resultan parias -al menos en la provincia de Buenos Aires- a la hora de jubilarse y parecen discriminados con respecto a los provinciales “puros”. Los transferidos no son puros, tienen el pecado original de haber pertenecido a la Nación que un día los dejó al garete en alta mar, es decir, en la burocracia provincial que no sabe qué hacer con ellos.

Aunque es preciso reconocer que el actual gobierno anuló una disposición del nefasto ministro Cavallo que llevaba la edad jubilatoria de los docentes ex nacionales al régimen general de 65 años.

Era mi intención comentar acerca de algunas propuestas que se están haciendo, entre ellas la de un grupo de dirigentes de la UCR, para la nueva ley provincial de educación, que seguirá los lineamientos de la nacional ya dictada. Se sugiere estudiar la posibilidad de agregar un año a la educación secundaria técnica, lo cual la llevaría a siete años. Si esta idea prospera, habría que ver cómo compatibilizarla con lo que establece la ley nacional y, por otra parte, si se aplica en Buenos Aires y no en las otras provincias, la formación entre una jurisdicción y otra no sería equivalente.

Pero todo esto pasa a un segundo plano cuando no se resuelven las cuestiones más elementales, cuando no hay predisposición al diálogo, cuando la ley del garrote y la paz de los cementerios se enseñorean sobre un país que dolorosamente, sacrificadamente, recobró hace 24 años la democracia. Una democracia que soñábamos que nos permitiría vivir en paz, sin miedo y sin la muerte esperándonos detrás de cada esquina.

Que la muerte del maestro Carlos Fuentealba no haya sido en vano es el deber de cada argentino bien nacido.