Los testigos estaban citados para las 8 de mañana de hoy en el Tribunal Criminal 3.

Sin embargo, el viernes a última hora fueron notificados de la suspensión de la audiencia debate.

El motivo: la ex directora acordó un juicio abreviado donde se dictó "sentencia condenatoria".

Para sorpresa de unos veinte testigos que estaban citados a declarar en la mañana de hoy en la audiencia de debate prevista en el marco del proceso legal iniciado por un grupo de padres que integraban la Asociación Cooperadora contra la ex directora de la Escuela Nro. 1, el viernes a última hora recibieron la notificación acerca de la suspensión del juicio oral y público que estaba anunciado para este miércoles en el Tribunal en lo Criminal 3 de Mercedes.

Así lo hizo saber a EL CIVISMO una de las personas que iba a brindar su testimonio en la causa caratulada "María Elena Perna s/defraudación", quien recibió la notificación de la suspensión del juicio. El documento judicial lleva la firma del agente fiscal del Departamento Judicial Mercedes, Dr. Juan Manuel Mastrorilli, quien informó que el motivo obedece a que ya "se ha dictado sentencia condenatoria mediante la aplicación de un juicio abreviado".

Sin más datos que la breve frase escrita (no especifica la condena) por el fiscal Mastrorilli, personas que formaban parte de la Asociación Cooperadora y que denunciaron en su momento a Perna, tras consultar con un abogado, llegaron a la conclusión de que la ex directora habría aceptado su culpabilidad ante las acusaciones vertidas en su contra, pero desconocían la pena y los fundamentos del fallo al que arribó el tribunal.

"Esto se hace (por el juicio abreviado) cuando la persona (imputada) no quiere que salga a la luz. Entonces, acepta todos los cargos. Ella no tenía cómo defenderse", recordó uno de los testigos que se quedó con las ganas de contarle a los jueces todas las irregularidades que cometió Perna con dineros de la cooperadora y del kiosco como así también de un subsidio que recibió el establecimiento educativo antes de ser separada de su cargo en 2001.

Para desazón de muchos de los testigos, la figura del juicio abreviado cada vez se usa más en la Justicia, pero para consuelo de los denunciantes la decisión de Perna de aceptar esta posibilidad legal no hace otra cosa que darles la razón.

Esto se debe a que para llegar al juicio abreviado, Perna estuvo de acuerdo en recibir una rebaja en la condena a cambio de declararse culpable.

De este modo, evitó el debate y la exposición pública a la que iba a estar sometida por estos días debido a que su caso concita el interés de los medios de comunicación y, por ende, de la opinión pública ya que no se recuerda en Luján que una directora de una escuela pública termine en los tribunales por cometer un delito como es la defraudación.

El llamado juicio abreviado al que se aferró Perna en este difícil momento de su vida fue creado en 1997 y es un trato que hacen el fiscal y el acusado por el cual se evita el juicio oral.

Para ello, el acusado debe confesar, pacta una pena con el fiscal y, si los jueces del caso están de acuerdo, todo se resuelve rápido y por escrito, en una oficina.

Se lo incluyó en el Código Procesal Penal hace una década mediante la Ley 24.825 y sólo puede aplicarse a casos en los que el fiscal crea que el acusado merece una pena de seis años de prisión como máximo. Por más que la opinión del querellante puede oponerse a este recurso, no evita que el acusado llegue a esta instancia.

Esto deja afuera las causas por delitos graves como homicidio, secuestro extorsivo y violación, por ejemplo. Sí entran el robo simple, las amenazas o las lesiones.

Cabe recordar que Perna fue llevada a juicio al prosperar una denuncia por malversación de fondos públicos promovida hace siete años por la cooperadora de la escuela en la que fue directora entre 1995 y 2000. Dos fiscales entendieron que las pruebas reunidas en la causa ameritaban llevarla al banquillo de los acusados.

AQUELLA SOLICITADA

Perna, por su parte, se expresó únicamente por medio de una solicitada dirigida "a la opinión pública" el 30 de diciembre de 2000, seis meses después de que el tema tomara trascendencia fuera del ámbito educativo.

Por ese entonces, la todavía directora eligió la vía de la solicitada para dar su versión ante lo ocurrido. Entendió que era víctima de "calumnias e injurias" al tiempo que afirmó: "Jamás he cometido acción alguna que signifique delito".

Acusó a "un pequeño grupo de 3 o 4 padres" de estar detrás de las acusaciones y, según su punto de vista, la intención de estas personas era la de "perpetuarse en la Cooperadora" aunque no supo cómo explicar esta afirmación.

Además, sostuvo que ese grupo "tuvo la desfachatez de involucrar en todo este artificio a una intachable persona, por la sola razón de mantener lazos de gran afecto y algún vínculo de consanguinidad con mi persona". Sin dar nombre propio, miembros que ocuparon la Cooperadora por esos años estimaron que hacía referencia a su ex esposo quien, dicho sea de paso, este lunes se comunicó con EL CIVISMO y entre amenazas pidió que no se publicara más nada sobre este verdadero escándalo que roza a su ex mujer.

Perna calificó al "grupo pequeño de padres" como "perverso" y "sin límites" porque tenían "mucho tiempo disponible" y se habían puesto como objetivo "degradar mi nombre ante alumnos y padres".

Había nombrado en la solicitada a Ana Lucía Tello (por entonces presidenta de la Cooperadora), a Susana Alonso de Ciaffone y a Ana María Boyer (tesorera) y reconoció como "error (...) darle protagonismo a personas que no merecían y confundían la escuela con un 'lugar de estar'".

Sin embargo, una de las personas nombradas en la solicitada dijo esta semana que Perna "falsificaba las boletas a mano, hay cheques firmados con su letra, boletas a proveedores, el libro mayor hecho con su letra. Es decir, no tenía forma de defenderse".

Por otra parte, uno de los testigos que conoce en detalle lo ocurrido recordó que en 2000, cuando el escándalo empezaba a tomar forma, cada vez que había reunión de cooperadora en la escuela, los miembros de la asociación recibían amenazas de muerte anónimas en sus domicilios como también en el establecimiento. "Fueron varias veces, nos decían que nos iban a hacer boleta y todo fue denunciado en la Policía".