Hablar desde un medio de difusión masivo de "olas" o de "recrudecimiento" de ciertas modalidades delictivas siempre se tiñe de cierta sospecha de subjetivo. Los grandes medios de prensa suelen, de acuerdo a las necesidades del momento, poner el acento en los secuestros, los robos a determinado rubro comercial, el asalto a abuelos, entre muchas opciones posibles.

Por ello, sin hablar de "ola", sí se puede afirmar que existe cierta sensación, palpable en las calles de Luján, de que la seguridad no está disfrutando de sus mejores tiempos. Que, por el contrario, son excesivos los casos de inseguridad.

De inmediato, la Policía (con apoyo de las autoridades políticas locales) puede salir a difundir sus números, sus estadísticas, pero tanto ellos como los ciudadanos comunes sabemos que esas cifras "oficiales" no siempre tienen su correlato en la realidad. ¿Cuánto ocurre en inmuebles urbanos o rurales, en las calles y no se realiza la denuncia correspondiente?

En los últimos meses abundaron en las páginas de los medios locales casos de asaltos, de robos, de atracos "menores", de ilícitos callejeros y, en contraposición, en la mayoría de esos hechos no se pudo informar sobre detenciones.

La situación se hubiese tomado con cierta "normalidad" en otras épocas, en las que la crisis golpeaba bolsillos y amplios sectores sociales y, por ende, también en las cajas de recursos de los efectivos policiales. Hoy, aunque la reactivación sea despareja, nadie niega que la crisis comenzó a ser un recuerdo.

Esa realidad quita presión social. Y en Luján, el cambio del entorno estuvo acompañado por una medida que merece un seguimiento minucioso: la creación del Consejo Permanente para la Seguridad Ciudadana (CPSC), financiado en su totalidad por el Fondo de Seguridad Ciudadana, que los lujanenses pagamos solapadamente en la boleta de energía eléctrica.

Todos los meses, varios miles de pesos entran en una cuenta bancaria que debe servir para cubrir todas las necesidades de las fuerzas de seguridad, ante las cuales el gobierno de la provincia de Buenos Aires prefiere seguir haciéndose el distraído.

Si bien se realizan publicaciones con ciertos gastos generales, la comunidad debe tener el detalle de los destinos de ese dinero. ¿Cuántos patrulleros están en funcionamiento? ¿Cuántos en arreglo? ¿Cuántos agentes trabajan a diario en cada una de las dependencias? ¿Son los suficientes para cubrir la demanda local o harían falta refuerzos? ¿Se fueron muchos policías a cubrir tareas en la costa atlántica? ¿Quiénes trabajan desde el CPSC para tener al tanto a la comunidad de los datos derivados de las comisarías? Y la pregunta con respuesta más compleja: ¿cómo repercute la situación actual en la seguridad de la gente?

Es una buena época para comenzar a discutir estos temas. Las elecciones todavía asoman lejanas y eso ayudaría a que el debate no se contamine de electoralismo.

Además, se sabe que hay intenciones políticas de dejar sin efecto el cobro del Fondo de Seguridad Ciudadana y cubrir esos gastos con recursos del presupuesto municipal. Y que, ligado con esto último, se quiere derivar cierta responsabilidad en el manejo de los fondos a la administración de los Bomberos Voluntarios.