Escribe: José Pedro Bonvecchi

Desde siempre hemos tropezado con que exista una justicia para los pobres y otra para los ricos.

Se pudo pensar que con la incorporación del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento se lograría separar del ámbito de la política la designación y la remoción de magistrados. Este gobierno, que se dice defensor de la democracia y la justicia social, ha logrado introducir como lo hacía Menem, cooptando a los legisladores en sesión extraordinaria, modificando la composición de los integrantes del Consejo de la Magistratura, con la lógica existente antes de la reforma de la Constitución, en abierta oposición al texto constitucional y en clara violación de la igualdad ante la Ley. En suma, la ley aprobada es anticonstitucional y fue aprobada con sorprendente velocidad, lo que muestra las intenciones aviesas del gobierno del Dr. Kirchner para seguir haciendo tabla rasa con los derechos del art. 14 de la Constitución, con lo que se nos seguirá perjudicando a los jubilados y pensionados como se viene haciendo desde hace 14 años.

Como no tenemos un ámbito paritario para reclamar mejoras de los haberes, como sucede con los trabajadores, hemos perdido por la inflación entre el 44,2 % y el 79.1 %.

Para cubrir la inflación, las jubilaciones mínimas debían alcanzar los 870 pesos y en el mismo porcentaje las demás escalas. En general, la legislación previsional prevé el ajuste por el índice general de remuneraciones y en algunos regímenes especiales por el sueldo en actividad.

Nos preguntamos por qué serán tan miserables; pretenden que un individuo con su pareja vivan treinta días con lo que ellos gastan en una salida de fin de semana. Cuando decimos que esto es genocidio, ¿tenemos o no razón?

Exigimos un urgente tratamiento de la Ley de Jubilaciones en el marco de la Constitución Nacional con un haber móvil y automático, que sea sustituto del salario y que se termine con la discriminación del cónyuge, con el descuento del 30 % del beneficio que cobraba el titular fallecido.

Debemos resistir el nuevo zarpazo y evitar que por esas maniobras "de legalidad trucha", se vuelva por el camino iniciado en el Senado de la Nación y que por falta de tiempo no se pudo tratar en el periodo extraordinario, estamos hablando de la reforma de la Ley que rige los destinos del I.N.S.S.J.P. (PAMI).

El gobierno ya avanzó al incorporar a todas las personas que tengan 65 años o más a la Obra Social de los Jubilados.

El gobierno de la Nación debe asignar fondos del Tesoro Nacional, para cubrir los gastos tanto en la salud como en la previsión; ahora se ha decidido dar jubilaciones sin aportes, pero a nuestro modo de ver, sin lugar a dudas, sin tomar los fondos superhabitarios del PAMI y de la ANSES.

De no ser así, se estaría cometiendo una enorme injusticia, la de socializar la pobreza-miseria cuando no acontece lo mismo con las grandes riquezas.

Estos fondos, por razones éticas, deben ser administrados por los trabajadores y los jubilados y terminar con el saqueo.

Proponemos la reforma de la ley 24.241 de jubilaciones y se anule la ley 24.463 por anticonstitucional y contraria a la Previsión Social.

Mucho ruido y pocas nueces. Plata hay... Lo que no hay es decisión política.

Queremos dejar de ser la variable de ajuste. Hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.