Las fábricas, núcleos productivos innegables del país, tienen que dejar de producir todos los días entre las 16 y las 24 porque así lo establecen las estrictas medidas de los distribuidores de energía eléctrica. Caso contrario, los empresarios deben afrontar fuertes multas diarias.

El gobierno despilfarra millones y millones de pesos en subsidios para el gas, la luz, el transporte público de pasajeros, la harina, el trigo, la leche, los pollos, los porcinos y el aceite. Sin embargo, cada uno de esos suministros, servicios o productos aumentan sin ninguna clase de reparos en las ayudas gubernamentales.

Cada tanto -imposible saberlo cuándo- se corta la venta de gas natural comprimido, con impacto directo en un sinnúmero de trabajadores que se quedan sin el insumo básico para su trabajo.

Como siempre, los que terminan pagando las consecuencias son los usuarios, que desembolsan los precios que se les ocurren a los taxistas, remiseros o transportistas. Todo en un marco de descontrol oficial, porque para el gobierno no hay crisis. Hay simples problemas por el intenso frío o por falta de precipitaciones.

Si los hogares gastan una centésima más de gas o luz que lo utilizado en el año 2003, sufren un fuerte castigo en el monto final de las boletas.

La crisis energética y la falta de combustibles comienzan a impactar en las góndolas. En estos días reapareció en los medios de prensa la palabra “desabastecimiento”. Y lo que hay en stock, sube su valor muy por encima de lo que obliga a decir el gobierno a través del INDEC.

¿Una realidad paralela? ¿Qué pasa con esta información que sólo aparece en cuentagotas? Las críticas fundadas hay que buscarlas con lupa. Algún pataleo aislado los domingos, desde el diario Perfil, o ahora, en la brecha que se puede abrir a partir del cortocircuito entre el gobierno nacional y el multimedios Clarín por intereses que nada tienen que ver con lo netamente periodístico. Las relaciones entre el gobierno y los formadores de opinión pública parecen haber entrado en conflicto.

La pelea se centra en Papel Prensa, la extraña empresa que genera la materia prima para la inmensa mayoría de los diarios del país y cuyas acciones se reparten entre Clarín, La Nación y el Estado Nacional: empresa a la que ¿casualmente? la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, estaba a punto de sancionar; una tarea que quedó postergada.

Esta semana, las partes en conflicto estarían mostrando las cartas o, en todo caso, revelando su verdadero juego: ayer, después de años de connivencia Clarín publicó en su tapa dos títulos desfavorables a los intereses de la gestión nacional (Desmentida en el caso Picolotti y Citación judicial para el funcionario Moreno).

Por su parte, el jueves, en declaraciones radiales -que Clarín se encargó de reproducir- el jefe de Gabinete Alberto Fernández, indignado por información que golpea a la administración kirchnerista, dijo que “los periodistas también deben ser investigados, máxime cuando trabajan en empresas consultoras de grupos económicos a los que ofrecen servicios de prensa”.

En este caso, a río revuelto ganancia de los ciudadanos. Es probable que si se mantiene el conflicto entre el gobierno y el gran multimedios del país, todos podamos enterarnos de cosas que sabemos que suceden, pero no tienen lugar en los espacios de noticias. Es probable que si se mantiene el conflicto, el gobierno termine de demostrar el fuerte autoritarismo de sus máximos funcionarios

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