Llovieron críticas oficiales para quienes desde un primer momento, en los medios de prensa o en los ámbitos democráticos, intentaron conocer los detalles y más tarde difundirlos, sobre la supuesta estafa con lotes del partido de Luján; una maniobra de la que nadie se animaba a estimar su magnitud.

En el gobierno local, la preocupación era dejar expuesto que los "denunciantes" mencionaban "lotes fiscales", una terminología que comprometía la responsabilidad de los funcionarios. "Muchachos, no son lotes fiscales. Eran lotes privados o en todo caso con años de tasas impagas", expresan los voceros oficiales.

Ni siquiera repararon en que la información que inició la exposición mediática del caso fue una gacetilla de prensa municipal en la que se alertaba a los vecinos sobre "presuntas estafas con lotes fiscales".

De todos modos, lo cierto -y lo relevante- es que desde el Departamento Ejecutivo se criticó con dureza el interés por saber qué se hizo en la comuna con relación a este tema; qué se hizo mal; qué se obvió; qué se dejó hacer, o qué no se supo hacer. Todo se intentó circunscribir al accionar ilícito de una mujer (Estela Ramona Paz) que, con inocencia, salió a contar lo que sabía y hacía pensando que ella era una mera intermediaria. Hoy está acusada como estafadora en al menos doce hechos.

"Algunos de ustedes trabajan en esto del periodismo hace años y saben que acá, en la Municipalidad, no hay una banda de delincuentes", dijo un secretario en rueda de prensa. Su intención era trazar una línea notoria entre actitudes delictivas, conductas impropias y, en todo caso, errores.

En estos días, la fiscal a cargo de la causa de los lotes determinó que cuatro personas sean procesadas. Entre ellas, la directora de Tierras y Viviendas de la Municipalidad, Graciela Galarraga, y una empleada, Miriam Coliqueo.

Se las acusa de encubrimiento y de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Es probable que aquel funcionario que trazó esa línea divisoria entre lo delictivo y una mala conducta tenga razón. Tan cierto como que para ocupar un cargo en la función pública, no sólo es necesario que la persona nombrada sea honesta, justa y -obviamente- no transite por el camino de la delincuencia. También es prioritaria cierta capacidad, cierta preparación, cierta rapidez para la toma de decisiones. Para la función pública, hace daño un delincuente, pero también alguien ineficiente.

No es serio intentar emparchar lo realizado por Galarraga cuando se enteró de la presunta estafa, diciendo que "actuó de buena fe y lo único reprochable es que demoró en hacer la denuncia", como se escuchó esta semana en la casa municipal.

Del mismo modo, tampoco es serio que la funcionaria siga sentada en el sillón de la Dirección de Tierras, porque la Justicia tiene dudas sobre su desempeño en esa misma responsabilidad pública.

Cuando se presume que un policía cometió un error, se le quita el arma reglamentaria y se lo aleja de la calle de manera preventiva. Cuando un jugador de fútbol comete una falta grave, se le saca roja y se lo sanciona con algunas fechas. Cuando un funcionario se equivoca y en apariencia termina permitiendo la concreción de una estafa -como es el caso que nos ocupa- debería dar un paso al costado para ayudar al esclarecimiento de lo sucedido.