Miércoles 21 de Marzo de 2007 - Año 92 - Edición 7266 - Edición digital 0566

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Relocalización o palabrerío

<ed1>¿Y ahora cuál será la excusa? ¿Qué nueva estrategia desempolvará el gobierno municipal para contrarrestar los datos de la realidad? ¿Qué se les ocurrirá para seguir evadiendo el problema?

La Asociación de Lucha Contra el Cáncer (ALUCEC) de Jáuregui dio a conocer los datos relevados durante el año pasado: un 38,88 por ciento de las muertes en Jáuregui y el barrio Loreto durante el mencionado año fueron a causa de enfermedades oncológicas.

La alarmante cifra se suma a las recogidas desde el año 2000, ya que en sólo un balance el número de casos de cáncer se ubicó por debajo de la media nacional.

Demasiadas evidencias para seguir hablando sin solucionar nada. Demasiadas pruebas que -en teoría- invitan a las autoridades locales y provinciales a dar la cara y, como primer paso, admitir el problema.

Los funcionarios locales y provinciales tienen que abandonar la caza de brujas o el "ninguneo" hacia los dirigentes sociales que no se resignan a vivir contaminados. Tendrían que comenzar a trabajar codo a codo con ALUCEC y las demás organizaciones ambientalistas de la zona, como para intentar un remonte del tiempo (y de las vidas) perdido.

Como medida inicial, tendrían que aceptar que en Jáuregui algo modifica y perjudica la vida de sus habitantes. Y no hay que ser experto en ninguna materia para comprender que ese "algo" es la contaminación.

Todo lo que se hizo hasta ahora fue perder el tiempo. Con mayor o menor sutileza, con complicidad o ignorancia desde los ámbitos de gobierno y control provincial, las autoridades se dedicaron a perder el tiempo. Calmar el malestar ante brotes de hartazgo y seguir perdiendo el tiempo.

En esa política se inscriben las promesas de analizar y estudiar "hasta las últimas consecuencias" los posibles focos de contaminación.

En esa misma política se inscribe la creación y mantenimiento de estructuras como el Comité de Cuenca del río Luján, o las visitas esporádicas de señoras y señores que cobran abultados sueldos estatales para decir que cuidan el medio ambiente.

Todo es evasión, porque nadie quiere o se anima a enfrentar a los fuertes intereses de fondo. En Jáuregui, las sospechas y una serie de estudios científicos apuntan a la curtiembre.

El gobierno local se conforma con exigir que la empresa ceda un camino para mejorar el tránsito en el pueblo, aporte asfalto para una repavimentación o que termine unas piletas que ayudarían a mermar los olores insoportables. Y ni siquiera consigue esos premios consuelo.

Cuando el problema latente de la gente de Jáuregui reflota en los medios de prensa, algunos de los 135 funcionarios locales que cobran por ventanilla un salario por trabajar para el pueblo, se abocan a un nuevo plan de distracción.

La última invención en la materia había sido una comisión multisectorial que "tuviera representantes de todos los sectores involucrados en la problemática" y de esa manera avalara las acciones para combatir a la contaminación. Todavía no se descartó esa idea.

Como acción política, el armado de una comisión le permitiría al gobierno de Miguel Prince frenar la bronca unos cuantos meses. Como acción concreta, es otra pérdida de tiempo.

La curtiembre es una industria que por su categoría no debe estar ubicada en el corazón de un pueblo. El gobierno, si quiere, tiene las herramientas necesarias para ayudar a una relocalización, en una zona que minimice el impacto de una industria de tercera categoría.

Mientras esto no sea lo que se discute, las autoridades de ALUCEC seguirán golpeando con sus cifras y el resto será sólo palabrerío.

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