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Las normas existen desde
hace muchos años
El debate está dado,
pero ni bien se desató ingresó en un terreno en el que
difícilmente se logren frutos: los dos bloques de
concejales protegidos por el paraguas del Frente para la
Victoria (oficial o Partido Justicialista y princista o
Partido de la Victoria) exponen diferencias a la hora de
hablar de los controles urbanos y de las políticas en
aplicación.
Ante dos casos de
resonancia como el ataque sufrido por un joven de manos de
patovicas y la pelea entre adolescentes luego de una
fiesta privada, con un saldo de dos chicos hospitalizados,
el bloque del princismo presentó un proyecto de
comunicación indagando acerca de qué es lo que hace el
gobierno de la intendenta Graciela Rosso para mantener la
diversión y el esparcimiento en carriles normales.
Conciliador, el edil Gustavo Sicca dijo que se preguntaba
porque quizás la gestión actual necesita ayuda.
Belicoso, el mismo concejal planteaba dudas con relación
a la planificación sobre las políticas de seguridad y
criticaba, sin rodeos, la designación del ex comisario
Julio Quintela como director de Protección a la
Comunidad. “Ponelo como lo digo. ¿Qué es Quintela, un
parapolicial?”, preguntaba. Y aún no obtuvo respuesta.
La concejal Susana
Haurié recogió el guante. Sugestivamente, no dijo
absolutamente nada sobre las críticas al nombramiento de
Quintela. Pero intentó poner blanco sobre negro ante los
cuestionamientos de Sicca.
Haurié recordó que
desde su banca, con ayuda externa (Roberto Gorostegui, por
ejemplo), diseñó, presentó y logró la aprobación en
el Concejo Deliberante de una serie de normas cuyos textos
apuntan al control de la nocturnidad. Hay ordenanzas que
pueden aportar al control en la venta de alcohol a
menores, en la ubicación y habilitación de los locales
de acuerdo a su actividad, en la selección de personal de
seguridad que sea idóneo y pensante, en el factor
ocupacional y las condiciones edilicias, entre otras.
Esas normas existen, en
plena vigencia, desde que Miguel Prince era intendente y
Sicca era funcionario de ese gobierno; casualmente, en el
área de Control Urbano. “Por eso molesta que ahora que
cambió el gobierno salgan a criticar”, disparó
Haurié.
¿Qué puede sacar en
limpio el ciudadano común de este cruce de acusaciones
políticas? Poco y nada. En todo caso, habría que reparar
en la existencia de esas normas que ayudarían al control
y en las razones que hacen que su aplicación sea tan
dispar, tan esporádica o que directamente sean un papel
escondido en algún cajón de la Municipalidad.
Al margen de sus
intereses partidarios, tanto Haurié como Sicca admiten
que esas normas no se aplican. Sólo se dejó correr una
razón: la inmediata presentación de recursos de amparo
por parte de los propietarios de los boliches, pubs y
confiterías, que encuentran en la Justicia el resguardo
para las fuentes de trabajo por encima de cualquier otro
interés.
Las diferencias entre dos
concejales de un mismo partido pueden, en todo caso, ser
el puntapié inicial para que toda la comunidad repare en
la necesidad de conocer qué se hace en materia de control
urbano, qué rol tiene cada funcionario, cómo se trabaja
ante cada problemática, qué se proyecta a futuro,
cuáles son las falencias. Si esos elementos se conjugan
de manera positiva, todos podríamos sentirnos más
seguros. |
