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Los gendarmes no responden a todas las
dudas
Salvo contadas excepciones, los
comerciantes que se sentaron frente a la intendenta
Graciela Rosso la semana pasada, lo hicieron preocupados
por la inseguridad y esperando escuchar qué medidas se
proyectan para paliar una situación compleja. Y aunque
merezca un análisis aparte, se fueron conformes con el
compromiso –hasta ahora sin desembarco concreto- del
pedido de gendarmes para reforzar ciertos puntos, en
ciertas horas, del tejido urbano local.
Pero en esa reunión a la que accedió este
medio se escuchó mucho más. Se escuchó a la intendenta
decir que “hay intereses políticos de algunos grupos con
sectores de la Policía para que haya inseguridad en
Luján. Y esto está ocurriendo (sic)”. Agregó a esas
expresiones que “creemos que hay dificultades pero,
además, ciertas situaciones que para nosotros no son muy
claras”.
Ante el pedido de aclaraciones sobre esas
resonantes palabras, Rosso dijo que “lo que llama la
atención es que algunos delitos fueron cometidos por
gente que no es menor, ni está drogada, ni alcoholizada,
o pareciera que no necesita delinquir para seguir
viviendo. Llama la atención también que semana a semana
haya un aumento del tipo de delito que se comete, con
armas cada vez más importante”.
Insistimos. A modo de conclusión, los
comerciantes se retiraron del recinto del Concejo
Deliberante con la esperanza de ver desfilar por las
calles efectivos de Gendarmería y el pensamiento no
quedó centrado en “los intereses políticos” asociados
con policías para delinquir en Luján.
Si nos guiamos por la lógica, después de
tal revelación el camino inmediato de las autoridades
–o, incluso, previo a esas declaraciones- debió ser la
presentación judicial con nombres, apellidos,
situaciones, fechas, circunstancias y detalles que
avalen la relación entre delito y política. Cuesta
entender que la intendenta se lance a realizar semejante
afirmación si detrás no tiene una pila de carpetas con
pruebas que certifican sus dichos.
Corrieron las horas y los días y no hubo
rectificación alguna. Es decir que desde el gobierno
municipal se sigue pensando que en materia de seguridad,
Luján es escenario de “cosas no muy claras” fomentadas
por oscuros intereses políticos.
Así lo vino a confirmar ayer, en un medio
digital, el presidente del bloque oficial, el concejal
Pablo Tonini. “Últimamente se están dando situaciones
‘llamativas’ en relación a los hechos ilícitos ocurridos
en la zona céntrica (...). Algo hay detrás de esto, hay
cuestiones llamativas en torno a la inseguridad que nos
hacen pensar” dijo Tonini. Pero reconoció que “no
existen pruebas de que la ola delictiva esté organizada
desde algún sector”. Pasado en limpio, para el edil hay
situaciones llamativas pero no dice por qué son
llamativas, ni presenta pruebas.
¿Qué esconden estas declaraciones ligeras
de algunas de las máximas autoridades comunales?
¿Estarán relacionados los hechos recientes con el
presunto robo de documentación en el despacho de la
Intendencia, a días de la asunción? ¿Cabe preguntarse si
detrás de estos delitos simplemente hay un incremento de
la inseguridad por un cúmulo de falencias que en nada
tienen que ver con la política partidaria? ¿Quién se
beneficia si sólo se agitan fantasmas?
El tema de la seguridad es sumamente
delicado como para hablar sin decir nada; como para
sugerir que hay autores intelectuales de los ilícitos
que actúan en las sombras pero no dar un solo indicio de
su existencia.
Con declaraciones como las recientes de
Rosso y Tonini, sin un correlato en la Justicia, sólo se
alimenta la verborragia de la politiquería. En todo
caso, pensemos que esto último sería el mal menor,
porque si realmente hay relación delictiva entre
sectores políticos y la Policía, no sólo los
comerciantes deberían estar preocupados. |
