Editorial

En la edición anterior, este bisemanario publicó como título principal una nota sobre lo ocurrido durante un operativo de control a locales de esparcimiento nocturno realizado en la madrugada del domingo pasado. En esa oportunidad, un grupo de inspectores intentó, sin éxito, clausurar el pub “Al Diablo” por considerar que no contaba con la documentación exigida.

Entre la intención y la acción del personal municipal se interpuso el subsecretario de Control Urbano, Oscar Clarencio, quien ordenó anular el acta de infracción bajo el argumento de que el local podía seguir abierto ya que un sector sin declarar no estaba habilitado al público esa noche. El funcionario intervino luego de recibir una llamada telefónica efectuada por la propia intendenta Graciela Rosso.

El hecho derivó en la renuncia del subsecretario de Control Urbano, Andrés Salvatto, y generó una fuerte repercusión mediática y política. Las declaraciones públicas realizadas por las partes involucradas en este confuso episodio no contribuyen demasiado a despejar las dudas generadas en esa madrugada. Sin embargo, permiten sacar algunas conclusiones sobre el siempre conflictivo tema de la actividad nocturna.

Con una sinceridad que sorprende y asusta, el propietario de “Al Diablo” admitió a este medio estar fuera de ley, aunque minimizó esa violación porque, según él, todos los boliches y pubs de Luján se encuentran en la misma situación. Se sabe que los denominados empresarios de la noche, al menos la mayoría de ellos, no se caracterizan por su apego a las normativas vigentes. Se mueven al límite para maximizar ganancias y juegan con el entendible derecho que tienen los jóvenes a divertirse.

En ese marco de incumplimientos, no se respeta el factor ocupacional, las salidas de emergencia son un elemento decorativo con dudosa funcionalidad en caso de siniestro y se realizan reformas que no son declaradas en tiempo y forma. La lista podría continuar.

Desde el cambio de gestión a nivel municipal, se multiplicaron los controles a locales nocturnos. De cualquier manera, el incidente ocurrido en la madrugada del domingo demostró que las inspecciones tuvieron poca incidencia en la situación actual de esa actividad comercial.

“Hay una ordenanza en la que se dice que a la tercera clausura, y si hay sentencia firme, se quita la habilitación. El problema que teníamos es que clausurábamos y al no estar firme la sentencia, apelaban”, dijo el ahora ex funcionario Salvatto. En otras palabras: los empresarios conocen en detalle los recursos judiciales para gambetear la ordenanza vigente.

Al respecto, Clarencio aportó honestidad brutal y reconoció que un local con 50 infracciones puede continuar con su actividad como si nada hubiera pasado. Para intranquilidad de los padres, pronosticó que “en algún momento la Justicia llega”, aunque dijo no saber quién se haría cargo en caso de ocurrir una fatalidad en el interior de un pub o boliche varias veces sancionado.

En este marco, lo ocurrido la semana pasada también puso en el centro de la escena la siempre sospechada connivencia entre el poder político local y algunos bolicheros, tema recurrente durante el gobierno de Miguel Prince. El subsecretario de Control Urbano, calificado por la intendenta como una persona proba y de una honorabilidad irrefutable, admitió que semanas atrás recibió de parte de los inspectores un informe en el cual se menciona un llamado de Lucía Isnaldi, hija y secretaria privada de Rosso, durante un operativo en “Al Diablo”. En esa oportunidad, el control quedó sin efecto. En la madrugada del domingo, la jefa comunal se comunicó con el funcionario para que intervenga en las inspecciones que se realizaban. El destino que tuvo el intento de clausura de “Al Diablo” es por todos conocido.

El hecho descrito en párrafos anteriores debería servir como punto de partida de un replanteo integral que contribuya a mejorar la situación de la noche lujanense. Replanteo que necesariamente debe tener como prioridad exclusiva el cuidado de la integridad física de los jóvenes que cada fin de semana ejercitan el sano y justo derecho de divertirse.