Política

Revisan la deuda heredada de la anterior gestión

Esta semana se difundió un decreto que tiene la firma de la intendenta y el secretario de Economía. Allí se resuelve revisar la deuda municipal hasta el 10 de diciembre pasado.

“Existen razonables dudas en torno a los compromisos adeudados”, argumenta la jefa comunal.

Mediante un decreto dado a conocer el martes de esta semana, la intendenta municipal Graciela Rosso somete a “revisión y verificación” la totalidad de la deuda que mantiene la comuna y que fue contraída con anterioridad al 10 de diciembre de 2007. En el artículo primero se aclara que se revisará esa morosidad “surja o no de sus estados contables”, y que se hace con el fin de “determinar tanto su origen y el destino del gasto realizado, como el cumplimiento de las formalidades legales exigidas por las normas vigentes, de modo de determinar su legitimidad”.

La medida se adopta en el marco de la emergencia económico-financiera y administrativa declarada por el decreto Nº 2961/2007, aunque Rosso aclara que se hace “sin perjuicio de la intervención que oportunamente corresponda al Concejo Deliberante en tanto se requiera de su autorización para la consolidación, diferimiento o sujeción a modo condición legal, de las obligaciones verificadas y pendientes de cumplimiento”.

El decreto encomienda la tarea a la Secretaría de Economía y Finanzas y lo habilita a la conformación de un equipo de trabajo.

Los argumentos del decreto son amplios en sus conceptos. En principio, se menciona “la existencia de una cuantiosa deuda flotante que ha contraído la gestión municipal finalizada el 10 de diciembre próximo pasado, según surge de los estados contables confeccionados al momento del traspaso de la administración”.

“El volumen de la misma, además de constituir una pesada carga que debe soportar la actual administración que no la contrajo, limita y compromete severamente el funcionamiento de la comuna y la prestación de los servicios públicos a su cargo”, agregó la jefa comunal.

Con todo, expresó que “existen razonables dudas en torno a los compromisos adeudados, toda vez que en numerosos casos se desconoce el origen y destino de las adquisiciones presuntamente efectuadas, la realización de compulsas de precios para concretar las contrataciones, y otras condiciones de los trámites”.

“Por otra parte -añade- se han recibido reclamos de quienes invocan su condición de acreedores pero cuyos aparentes créditos no hallan respaldo en los registros contables ni documentales de la Municipalidad”.

Rosso admitió que “sin perjuicio de ello, tampoco puede desconocerse que los compromisos de gastos asumidos hasta el 10 de diciembre de 2007 y su evidente falta de financiamiento vulneraron el principio del equilibrio fiscal establecido por la Ley 11.582, generando un considerable déficit acumulado en sucesivos ejercicios económico-financieros”.

“Tales circunstancias exigen la pormenorizada revisión de las operaciones que dieron lugar a la deuda acumulada por la comuna, a los efectos de verificar el cumplimiento de las tramitaciones reglamentarias como así también la legalidad de las obligaciones, vale decir la legitimidad adjetiva y sustantiva de los compromisos incumplidos”.

La intendenta consideró que ello permitirá, tras las comprobaciones que se efectúen, “adoptar las medidas que en cada caso resulten pertinentes o dar curso -cuando así corresponda- al procedimiento contemplado en el artículo 140º del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires”.

Ante el panorama descrito, las autoridades locales, tal como expresaron en el decreto, entendieron que “corresponde establecer criterios racionales para elaborar, con carácter de emergencia, un programa de cancelación de deudas verificadas, a fin de obtener una progresiva reducción del cuantioso pasivo que pesa sobre las finanzas municipales”.

Por último, se aclaró que “tales decisiones se adoptan en el marco de la competencia, atribuciones y deberes que emanan del artículo 107 y siguientes de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires”.

El decreto difundido tiene la firma de Rosso y del secretario de Economía y Finanzas Héctor Artero.

Donde se cruzan los caminos del Club Luján y el gobierno

El impacto en el fútbol

El 2 de enero de 2008, bajo el título “Sin bendición”, el diario deportivo Olé publicó una nota del periodista local Gustavo Caminos en la que informaba sobre un “conflicto en puerta”. La bajada del título indicaba que “la Municipalidad le quitó el apoyo económico al Club Luján y ahora la entidad debe afrontar todos los gastos”.

Caminos escribió: “La derrota del ahora ex intendente Prince en las elecciones de octubre, fue el inicio de la historia. La CD (Comisión Directiva) de Luján estuvo integrada por dirigentes de su riñón. El presidente Gabriel Miranda pasó por escritorios importantes de la Municipalidad hasta aterrizar en un despacho con más prestigio de la gobernación de Felipe Solá.

“Por compromisos que no se podían obviar, o por contactos de privilegio, para el club no significaba una dificultad afrontar los sueldos. A mitad de año, Miranda renunció y dejó su cargo interinamente en manos de Fernando Marcigliano. Hasta allí, el apoyo nunca se debilitó”.

Caminos contó que “el triunfo de la doctora Graciela Rosso en la Municipalidad de Luján produjo el quiebre. Se encontró con una deuda superior a los 20 millones de pesos y declaró la emergencia económica. No hace falta ser muy inteligente para descartar a Luján entre sus prioridades. El aporte superaba ampliamente al 50% del total del presupuesto (cerca de $30.000) del plantel”.

Los documentos que comienzan, tímidamente, a aparecer en los despachos del gobierno entrante no sólo abonarían los datos que vertió Caminos en su nota. También dejarían al descubierto prácticas habituales que beneficiaban a jugadores, técnicos, dirigentes del Club Luján y funcionarios con o sin relación directa con la entidad deportiva.

La información da cuenta de la relación estrecha entre la Municipalidad y un proveedor céntrico, que accedía a extender mercadería, órdenes de compra, vales, o directamente dinero en efectivo para personas cercanas al equipo de La Banda o que formaban parte de la estructura de gobierno.

La impunidad para esa maniobra era tal que algunos de los beneficiados -se menciona entre ellos al responsable de una cartera municipal, a un ex dirigente y sus familiares directos, y a ex directores técnicos- no tenían problemas en estampar su firma en los documentos comerciales.

Lo cierto es que el ida y vuelta de servicios dejó un rojo para ese proveedor que actualmente superaría los 130 mil pesos. No obstante ello, no habría cortado el suministro de mercadería a la comuna. Es uno de los casos que está bajo la lupa de la Secretaría de Economía.

El 5 de enero pasado, el actual presidente del Club Luján, Fernando Marcigliano, admitía que la billetera municipal estaba detrás de la camiseta de La Banda. Si bien quiso desmentir la información del diario Olé, en diálogo con EL CIVISMO aceptó que “debía agradecer a Prince el apoyo que nos dio a nivel logística, ya sea en el aporte de micros o mantenimiento del predio; en ponerse de acuerdo para poner el Campo Municipal en condiciones y en lo que respecta al tema de los operativos policiales”.

Atrás quedaron los tiempos en que el Club Luján, con la “bendición” gubernamental, carecía de problemas económicos, recibía el apoyo que admite su actual presidente y habría conseguido recursos mediante terceros. Atrás quedaron los tiempos en que tenía resto hasta para pintar la pared más televisiva de la cancha de Argentino de Merlo, donde Luján hizo las veces de visitante, con un “Gracias Gabriel Miranda”.