Editorial

El clima político local, con su inevitable contagio en ciertos sectores de la sociedad, no es el ideal. No reina la calma. Y una descripción de lo que sucede en Luján -transmitido en diferentes notas publicadas por este medio- tal vez encuentra coincidencias con lo que ocurre en otros distritos en los que las urnas le dieron un corte definitivo a varios años de una misma administración.

Fue el propio gobierno municipal encabezado por la doctora Graciela Rosso el que rubricó la seriedad de lo que sucede en nuestro partido.

Allá lejos, en octubre pasado, los primeros indicios de que el camino no sería sencillo: actas de las elecciones con horrores que dan a un ganador erróneo y que fueron avaladas y publicadas por autoridades provinciales. Jamás se dio a conocer una desmentida; por el contrario, Florencio Randazzo (responsable máximo de aquella página web que generó zozobra en los lujanenses) saltó de una función provincial a una nacional.

Corrieron las semanas y los hechos siguieron apareciendo. Hace unos diez días, cuando los nuevos funcionarios se sentaban en los sillones que quedaron vacíos por el recambio de autoridades, desde el Departamento Ejecutivo se denunció en la Justicia que en ninguna de las oficinas municipales aparecía el libro de inventario. No se trata de un elemento más. El que sigue sin aparecer es el documento en el que deberían estar registradas todas las pertenencias de la Municipalidad de Luján.

Dicho de otro modo, sin ese libro se complica saber qué había antes del 10 de diciembre, qué quedó o -sin ánimo de ser malpensados- qué se pudieron haber llevado los invitados a retirarse por el voto de la gente.

Durante este fin de semana, el clima continuó enrareciéndose. Entre la mañana del sábado y la mañana del lunes pasado, alguien entró a uno de los despachos de la Intendencia, revolvió papeles y carpetas y sustrajo algunos de esos documentos públicos. No tocó la caja fuerte de esa dependencia, dejando en claro que no se trató de un robo. Tal como se cuenta el hecho en este editorial, consta en la denuncia judicial realizada por las autoridades comunales y en el sumario interno que se abrió para saber qué fue lo que sucedió y quiénes pecaron por acción u omisión.

El escenario de suspenso se terminó de armar con la aparición, esta semana, de afiches que sólo los autores y los receptores del mensaje alcanzarían a entender en toda su magnitud. La foto de Graciela Rosso, de Isabel Perón y de Raúl Guglielminetti, con la frase “Roma no paga a traidores” y la firma de “La Cámpora”.

En lugar de adoptar la más saludable actitud ante mensajes anónimos -porque “La Cámpora” se encargó de desmentir la autoría del panfleto- e ignorar la bravuconada, la propia intendenta salió a definir a esos papeles como “un mensaje mafioso” que le endilgó a “delincuentes” a los que “les estamos cambiando su relación con el poder, con el dinero, con los negocios”.

En parte por seriedad, pero también por tranquilidad para todos los ciudadanos, es necesario que el gobierno entrante no abandone las causas judiciales que decidió iniciar. Es necesario que busque a los responsables de la desaparición del libro de inventario y que esa sustracción no pase al olvido. Es necesario también que investigue quién o quiénes ingresaron a su despacho, qué se llevaron y con qué fin. Y también que se identifique a los “delincuentes” que utilizan la vía pública para difundir sus mensajes. Porque si realmente se trata de delincuentes, su lugar en la sociedad no es la libertad de las calles sino la cárcel.