Carta de Lectores

A diferencia de otros espacios, aquellos donde se “hace” educación nunca puede hacerse partidismo, ni desde las ideas, ni desde los actos humanos, ni desde los actos políticos, y menos desde la ubicación o no de las personas que imparten los valores y contenidos culturales, técnicos, sociales, cognitivos, actitudinales y de procedimientos. Esto es así, entre muchas otras cosas, para poder garantizar la libertad e independencia en el pensamiento de los que enseñan y aprenden, en la necesidad de una continuidad en las gestiones de supervisión y de trabajo de los docentes. Las instituciones educativas nunca terminan sus procesos en años calendarios, ni lectivos; una gestión lleva, y conlleva, la vida educativa de personas (no de elementos de consumo o producción) en procesos más o menos duraderos, según los distintos niveles de la enseñanza.

Esta estabilidad laboral e institucional (justo ahora que las instituciones están tan en crisis, pensemos en las instituciones policiales, de justicia, hasta las familiares) se garantiza (y para que entiendan los que no están en el sistema) desde el Estatuto del Docente, marco legal para formar, designar, ascender, sancionar, respaldar, calificar, evaluar, licenciar, seguir el desempeño, categorizar, promover y demás, a todos y cada uno de los agentes y organismos oficiales dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación, sea pública o privada en cualquier nivel y rama, en cualquier lugar del territorio de la provincia de Buenos Aires.

En el ámbito público nos encontramos con las escuelas cuyo empleador y “dueño” es el mismo, el Estado provincial o sea todos, porque Estado es cada uno de los ciudadanos. No es el dueño el gobierno, que llegaría a ser sinónimo, en su origen remoto de partidismo. Ya que los gobernantes ascienden al “poder” por representación y respaldo de un partido político, que es reconocido por un grupo más numeroso que otro de votantes, se supone que como representante del pueblo, de masas, una vez en el ejercicio del gobierno deja de lado su partidismo para poder ser democrático desde la función pública a la que accedió, gracias a la confianza y credibilidad que ejerce sobre el pueblo.

En el ámbito privado están aquellas instituciones que siendo oficiales (y para ello tienen que estar reconocidas por el Estado provincial y compartir sus normas desde la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP) tienen un dueño que garantiza la estabilidad (esto nos habla de Estado de Derecho) de los actores de la educación y del funcionamiento de los edificios según la norma legal de bioseguridad, que es el Estado. Y otro diferente de éste que es un particular, una empresa u otro organismo de estado “menor”, por ejemplo una Municipalidad. Así, dos formas o niveles de Estado, uno provincial y otro municipal, pueden ser dueños y empleadores al mismo tiempo de una misma institución. Al fin tendría esto que garantir mucho más la estabilidad y acuerdo ya que, en síntesis, el “dueño” seríamos nuevamente todos y cada uno de los ciudadanos desde nuestros representantes.

Por otro lado

Es la Educación, o debería ser, un aspecto prioritario a atender por los gobiernos, ya que ellos mismos son lo que son, desde las personas, gracias a la educación recibida y por la educación recibida. Los pueblos son por la educación de sus hombres. Por los que la recibieron en organismos formales, y los que aprendieron (por sordera de quienes debían garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir educación pública) la de “la calle”. Surge, entonces, el simple razonamiento de que es imprescindible sumar para acrecentar, hacer crecer, mejorar, desarrollar, acompañar cualquier institución que estando en funcionamiento, y pudiendo demostrar en el día a día y en la evaluación año a año, su apuntalamiento y un voto de confianza a los actores de este sistema.

En el medio de este simplificado análisis sobre el sistema educativo oficial y la independencia de la educación sobre los hombres e ideas de los que hacen la política partidaria, nos encontramos con el Instituto Municipal Superior de Educación y Tecnología “Dr. Emilio Mignone” (nombre más que significativo en cuanto a la lucha por la Educación, las libertades, y los Derechos Humanos). En este Instituto que nació por el año 1987, momento en que la mayoría de los institutos se creaban desde el ámbito privado, ya que el Estado se encontraba reestructurándose, renacía o no terminaba de entender la importancia de los lugares públicos y gratuitos para la formación de formadores. Éramos, por entonces, uno de los sitios que buscaron un espacio (desde un accionar conjunto y comprometido entre Estado provincial y municipal) para la Educación Superior Oficial; era, y es, educación pública y gratuita. Este Instituto creció y buscó desde los diferentes directores (y a lo largo de los diferentes gobiernos, con muy diferentes ideologías partidarias) siempre dependientes de la Educación de la Provincia, desde sus “cabezas” en la DENO, la DiEGeP -actualmente DiPrEGeP- diferentes espacios. Con esta última gestión se buscaron, a lo largo de los últimos cuatro años, un crecimiento en la cantidad de carreras, pero más importante todavía, en cuanto a la calidad. Así, de la mano de Griselda Krauth, Raúl Matranga, Claudia Arana, y los coordinadores de cada carrera, María Dolores Martínez, Margarita Rols, Mariana Ballesteros, Graciela Cortabarría y Daniel Merialdo, quienes supieron leer las necesidades e intereses de una sociedad toda, se abrieron las carreras nuevas, atendiendo la calidad de los títulos, ya que son licenciaturas y tecnicaturas, en articulación con Universidades y con actualización y especializaciones a través de cursos.

Se encuentran involucrados treinta y cinco docentes y sesenta y nueve docentes no subvencionados, siendo la carrera de Educación Física la que cuenta con subvención total por parte de la Dirección General de Cultura y Educación, y responde a 260 alumnos de variadísimas edades y condiciones sociales, económicas y culturales, y que, además, llegan de diferentes ciudades cercanas como San Antonio de Areco, S. Andrés de Giles, Mercedes, Moreno.

Como todos los agentes de la Educación Oficial sus trabajos y estabilidad son garantidos desde derechos y deberes, por la normativa vigente que es la ley escrita en el Estatuto del Docente. Existen responsabilidades y competencias compartidas entre el estado provincial y el municipal. Como todo dueño, la Municipalidad puede determinar la continuidad o no del personal, la continuidad o no del Instituto. El Estado provincial, desde la Dirección General de Cultura y Educación, deberá analizar la legalidad de estas acciones para garantizar el cumplimiento del Estatuto. Pero cabe ahora analizar, y ésta es tarea de cada uno de los ciudadanos, de los actores de la educación dentro de este Instituto y de las autoridades en general y en particular:

- Qué dueño puede pensar en modificar radicalmente aquello que ha demostrado que funciona muy bien, que crece año a año, que es formador de ciudadanos libres, pensantes, con juicio crítico, independientes, capaces de generar y generarse lugares de trabajo, que responde a demandas laborales genuinas de la ciudad, que cuentan con una reinserción laboral real, concreta, que responde a la vocación popular, y que está dentro de la Política del Estado provincial.

- Qué dueño puede pensar en desbaratar arbitrariamente una organización humana de trabajo educativo.

- Qué dueño puede generar dentro de los espacios laborales diversidades que nunca permitan la unidad, desde su concepción, ante la falta de claridad en el accionar, las dobles palabras, los mensajes encontrados, las altas y bajas consecutivas, los no encuentros personales, los dimes y diretes.

- Qué dueño puede pensar generar, además, un gasto extra (pensando en una doble dirección, un doble secretariado, doble representación legal) cuando los que están son pagos por el Estado provincial sin ocasionar gastos propios.

- Qué dueño puede pensar en desestabilizar un establecimiento educativo en funcionamiento poniendo en peligro la continuidad del mismo cuando el Estado nacional y provincial apuntan a la creación de establecimientos en todos los distritos ramas y niveles de educación invirtiendo fondos desde la DPI (Dirección Provincial de Infraestructura), por ejemplo, como hacía más de una década no se hacía.

Desde mi humilde e ignorante lugar de pensamiento creo que ningún dueño puede cerrar ni cambiar radicalmente nada, ningún espacio educativo que determine comprobadamente un lugar de crecimiento social. Y menos un dueño que represente a un pueblo, como lo es la Municipalidad, dueño del Instituto. Ya que el intendente, desde su figura, nunca hace lo que quiere sino lo que sus representados quieren, los beneficie, les genere un lugar de mejoramiento de vida, les garantice un mejor estilo de vida, les abra caminos y espacios laborales.

Nunca quien haya llegado a un espacio de “poder puede”, arbitrariamente, desbaratar un sistema ni desconocer una normativa. Desatendiendo, sobretodo, lo que significa y representa la estabilidad de las instituciones sociales y lo que significa trabajar con personas y bregar por un equilibrio. Siempre son bien recibidos los cambios, las modificaciones, en tanto y en cuanto respeten, sumen, resguarden, atiendan, hayan sido comprobadas las necesidades de ejecución y estas surjan de un análisis; cuando no terminan siendo arbitrarias, autoritarias, apresuradas, partidistas. Y, entonces, se violenta la forma.

Y donde se hace educación sinceramente se hace política, ya que los hombres somos políticos por naturaleza, pero nunca puede hacerse partidismo, a menos que se necesite un pueblo sin independencia de pensamiento.

Solamente espero que si presenciamos un desbaratamiento del Instituto no nos tome por sorpresa, no podamos decir: “Yo no sabía nada”, no tengamos que lamentarnos sobre lo ya hecho. Son estos días en que no todos estamos con la totalidad de las atenciones puestas, son tiempos de descanso, son momentos en que cuesta informarnos, son tiempos en que, lo que se haga, puede entenderse como entre “gallos y medianoche”.

Silvia López Arce

Carta enviada a la Municipalidad el 24 de enero

Aclaración

Con respecto a la nota aparecida en este bisemanario con fecha del 23 de enero último, titulada “Falta de respeto”, la comisión de la Plaza de las Artes de Luján quiere aclarar que la feria se rige por un reglamento interno en donde se establecen normas, rubros y cupos que son tenidos en cuenta por los fiscales para realizar su trabajo.

Hay algunos artesanos que no comprenden cuando los cupos están cubiertos y puede ser motivo de mala interpretación.

También queremos aclarar que esta persona nunca fue dejada sin puesto, es más, hasta el día 26 de enero estuvo ocupando dos puestos.

Es importante destacar que la tarea de fiscal no es fácil y a veces puede ser mal interpretada.

Comisión Asoc. Plaza de las Artes de Luján

Personería Jurídica Mat. 29.638

Permiso Municipal Decreto 518