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El camino para marcar
diferencias
En reiteradas columnas
periodísticas de los más variados temas de actualidad
–política, investigaciones judiciales o policiales,
deportivas, entre otros- se habla de lo saludable de
encarar medidas “a fondo”. Cuando se habla de
investigaciones judiciales, en general se suele hacer
referencia a la necesidad de encontrar a los culpables y
llevar la revisión de lo ocurrido “hasta las últimas
consecuencias”. En deporte, ese deseo suele estar
emparentado, por ejemplo, por la erradicación de la
violencia o de los violentos que empañan los
espectáculos.
En política, la expresión
de deseo de “ir a fondo” suele ligarse a la necesidad de
los vecinos de notar acciones transparentes o, en todo
caso, que castiguen a los que no se atan a esa
transparencia.
Porque los ejemplos
abundan, la opinión popular suele inclinarse hacia el
pensamiento que indica que en la función pública se
permite mucho más que en ámbito privado. Y que esos
límites son aún más laxos si se trata investigar malos
comportamientos. Pensar en un castigo laboral ejemplar
en un contexto de administración pública, para los que
miran a ese ámbito desde afuera suele parecer utópico.
Con todo, en el marco de
los primeros pasos de la gestión municipal, la semana
pasada se adoptaron un par de medidas que deberían
marcar el sendero a seguir en lo que resta de los cuatro
años de gestión.
Tanto la intendenta
Graciela Rosso como el secretario de Gobierno Humberto
Guibaud recolectaron gran cantidad de pruebas para
decidir la suspensión preventiva del cargo del tesorero
que manejó las cuentas en los últimos años de la gestión
de Miguel Ángel Prince. Y pedirle al Concejo
Deliberante, por tratarse de un cargo de ley, que
analice las pruebas y acompañe la decisión del Ejecutivo
de dejar cesante a este funcionario.
Pasos similares se dieron
al abrir un sumario interno y radicar una denuncia
policial ante una agresión que el agente municipal y
secretario del Sindicato de Trabajadores Municipales,
Enrique Peñalba, le propinó al funcionario Julio García.
Si se tienen sospechas de
manejos irregulares en los fondos públicos, ese
funcionario no tiene lugar en la administración, al
menos hasta que realice su defensa y, en todo caso,
demuestre lo contrario. Y si un agente, gremialista o
funcionario tiene actitudes violentas para expresar sus
diferencias, tampoco hay espacio dentro de la estructura
comunal para apañar su comportamiento.
Si con el correr de las
investigaciones de ambos casos, la gestión municipal se
mantiene firme en el camino emprendido la semana pasada,
se estará marcando una notable diferencia con la gestión
anterior. En la gestión saliente, Peñalba protagonizó un
escándalo, invitó a pelear e insultó a quienes pensaban
distinto en el marco de una sesión del Concejo
Deliberante; el gobierno lo respaldó. Peñalba defendía
al presidente del Concejo, integrante de la entonces
bancada oficialista, acusado de tener relación con
vuelcos clandestinos de tanques atmosféricos; también se
respaldó al acusado. La entonces directora de Viviendas
fue procesada por una investigación de venta de lotes
bajo custodia municipal; otra protegida hasta el término
de la gestión. Y jamás se tejieron sospechas sobre el
ahora suspendido tesorero municipal.
Si Rosso quiere marcar
diferencias con la gestión anterior, las medidas
anunciadas para con el tesorero y el agente golpeador
pueden marcar el rumbo.
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