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Indocumentados: la nueva agenda de los
derechos humanos
Escribe: Jorge Álvarez-Presidente
IADEPP-www.iadepp.com.ar
En la Argentina hay cerca
de un millón de personas indocumentadas.
Esto es, personas que no fueron anotadas
en el registro oficial al nacer, carecen de una partida
de nacimiento y por ende de un DNI... Son invisibles
para las estadísticas oficiales, pero viven su vida en
la precariedad y la informalidad.
Las
escuelas estatales
inscriben en forma precaria a niños indocumentados con
el afán de garantizarles el derecho a la educación, sin
posibilidad de entregarles el certificado final de
estudios. En los hospitales públicos la situación
es similar. Se atienden urgencias y se realizan
vacunaciones sin DNI, pero no pueden efectuar
tratamientos prolongados, como los de VIH, ni
intervenciones complejas, etc.
Tampoco votan ni pueden ser votados, no pueden
participar en el sistema bancario, no pueden iniciar
procesos judiciales, ni pueden acceder a los programas
sociales.
Es probable que sus hijos también sean indocumentados.
Cuando una persona nace, sus padres
tienen hasta 40 días para anotarlo en el Registro Civil.
Pasado ese tiempo, la inscripción está fuera del plazo
legal y los padres deben realizar un pequeño trámite en
la justicia de menores previo a la inscripción en el
Registro Civil correspondiente. Cuando pasan más de 6
años, es un juez el único que puede autorizar la
inscripción.
En la Provincia de Buenos Aires, según
estimaciones del Ministerio de Salud en el año 2005,
18 de cada 100 Madres no anotaron a sus hijos al nacer.
No significa que todos sean luego indocumentados,
seguramente sus padres regularizarán esta situación.
Quienes no lo hacen engordan la lista de indocumentados.
¿Las causas? Son variadas. El
desconocimiento de cómo realizar el trámite, la falta
de paciencia para entender el camino burocrático que
deben afrontar y el miedo de los padres que temen ser
sancionados por la Justicia por iniciar su trámite en
forma tardía son las más comunes. Existe, además,
una profunda falta de información respecto de los
procedimientos por parte de los gabinetes escolares o
las autoridades del área social de los municipios.
En nuestro país, el decreto 415/06 que
reglamenta la ley Nº 26.061 establece en su artículo 13
la gratuidad del otorgamiento del primer DNI a todos los
niños/as, nacidos en el territorio nacional. Pero la
cuestión no es sólo económica, sino de una pobreza de
carácter cultural que requiere de asistencia para poder
acceder al derecho humano más importante, el DERECHO
A LA IDENTIDAD.
Aún los indocumentados no forman parte
de la agenda de las autoridades públicas, los partidos
políticos no hacen campaña con el tema y las ONG que
trabajan en la pobreza destinan sus esfuerzos por otro
tipo de reivindicaciones. Hacer visible esta
realidad, es el comienzo necesario para poder solucionar
y debatir sobre cómo podemos erradicar este flagelo.
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