Editorial

La gestión municipal no deja de sorprender. Hay temas en los que la capacidad para impactar con las noticias no parece tener límites. Medio ambiente, sin duda, es uno de ellos: sin que nadie la apurara porque la herencia era insoportable, Graciela Rosso se cruzó la soga al cuello al afirmar que cerraría el basural “en tres meses”. Estamos a 11 días de ese plazo y hoy no hay nada más lejos que ese deseo (ver, por ejemplo, lo que se informa en nuestra página 4 de la presente edición).

Pero también en el área de asistencia directa a los vecinos (Desarrollo Humano, Desarrollo Social, Asistencia Social, todas etiquetas que no cambian la esencia) uno de los frentes de batalla de cualquier gestión comunal, se demuestra una extraña o, si se quiere, original manera de atender a las urgencias de la gente.

El viernes de la semana pasada lo sufrieron en carne propia –nunca más adecuada la expresión- los dirigentes del Movimiento de Trabajadores Comunitarios (MTC) y del Polo Obrero, que se acercaron a las oficinas comunales de Ituzaingó e Italia.

Pedían, porque entienden que el Estado debe asistir a las personas con necesidades básicas insatisfechas, recursos alimentarios para ayudar a paliar el hambre de unas 600 personas que a diario se acercan a sus siete comedores comunitarios, distribuidos en algunos de los barrios más carenciados de nuestro partido.

Sabían dónde golpear porque es el mismo lugar en el que hace meses, o mejor dicho años, solicitan que se cumpla con la promesa de un plan de viviendas.

El 17 de julio, en un acto formal del que quedó constancia escrita, la Dirección de Emergencia y Atención Directa le entregó a los responsables de esos siete comedores 4 kilos de carne picada, una bolsa de papas, una bolsa de zanahoria, una bolsa de cebolla y una bolsa de zapallo. Es todo lo que conseguirán desde el Estado durante el corriente mes.

También se les entregaría –consta en el papel firmado ese día- una garrafa de 10 kilos para cada comedor y la promesa de tarjetas del Programa de Seguridad Alimentaria “ni bien se efectúe el programa”. Antes de entrar en desesperación al revisar los alimentos conseguidos, desde la Municipalidad se aclaró que “a partir del 10 de agosto se conversará (sic) la duplicación de dicho alimentos”.

¿Cómo calificar la ayuda entregada por el Estado? ¿Cómo mantener las formas para describir lo sucedido? Se podría cuestionar con extrema dureza la actitud de un gobierno que, con este aporte, deja en claro que las necesidades sólo son consideradas como tales si los necesitados agitan la misma bandera político-partidaria que el gobierno de turno. De lo contrario –lo demuestra el listado de la ayuda alimentaria- son molestos que piden y tienen que recibir lo mínimo e indispensable como para que se callen.

También podríamos pasar el aporte a pesos. Suponemos que la capacidad de los funcionarios del área les permite conseguir los alimentos a precios mayoristas. 4 kilos de carne picada cuestan unos 32 pesos; una bolsa de papas (de entre 33 y 35 kilos) 28 pesos; una de zanahorias 9 pesos (si es de 10 kilos) y 16 pesos (si es de 20 kilos); una de cebollas 28 pesos (pesa entre 23 y 25 kilos) y una de zapallos 23 pesos (de 14 kilos).

En resumen, pesos más o menos, por unos 120 pesos los funcionarios municipales dejaron de escuchar los bombos de los militantes del MTC y el Polo Obrero. Se sacaron el problema de encima.

Ahora el problema lo tienen las cocineras de los siete comedores, pero están lejos de la Municipalidad y sus oficinas de asistencia. Quizás se trate de una particular manera de aplicar esa política que habla de la redistribución de la riqueza.