Editorial

Se estima que en coincidencia con la impresión de estas líneas la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, enviaba al Congreso el proyecto de ley para que las jubilaciones se actualicen dos veces por año, concretamente para marzo y septiembre.

En tono oficial, la noticia indica que los haberes subirán, según un promedio entre los cálculos actualizados de salarios y recaudación, entre el 20 y el 25 por ciento. Y que esa suba alcanza al total de las 5.752.275 jubilaciones. Con la medida, el gobierno nacional aspira a cumplir con las sugerencias de la Corte Suprema de Justicia ante el resonante caso “Badaro”.

Bastante más se puede informar si el tono deja de ser el oficial. El caso “Badaro”, que genera esta acción del gobierno, es el pilar del reclamo de miles y miles de jubilados de todo el país que exigen la movilidad de los haberes a partir del 82 por ciento (en relación con el salario que cobra la persona que hoy ocupa el puesto dejado vacante por el jubilado).

¿Será causal que en muchas de las noticias escritas sobre este proyecto de aumento de las jubilaciones no aparezcan cifras de bolsillo? Con el aumento, que recién se haría realidad en septiembre de 2009 en inocente coincidencia con las próximas elecciones, los haberes mínimos de los jubilados apenas se estarían arrimando a los 1.000 pesos mensuales.

También se difundió esta semana el acuerdo del Consejo del Salario, instancia de discusión en la que participaron el Ministerio de Trabajo de la Nación, la CGT, la Unión Industrial, las cámaras de Comercio y Construcción, las pequeñas y medianas empresas, la Bolsa y las cuatro entidades del agro.

Se acordó que el ingreso mínimo ascienda un 26,5 por ciento a partir de agosto (de los 980 pesos actuales se pasará a 1.200 pesos en ese mes y a 1.240 pesos en diciembre).

En tono oficial, la noticia indica que el gobierno se muestra atento al incremento en el costo de vida, más allá de las polémicas cifras del INDEC. Y busca mejorar el ingreso real de los asalariados.

Bastante más se puede informar si el tono deja de ser el oficial. La noticia, aunque positiva, ofrece un dato irrefutable: aún partiendo de los retorcidos cálculos oficiales, el salario se posa apenas por encima del valor de la canasta básica de alimentos que determina quién camina por encima o por debajo de la línea de la pobreza, que hoy se estima rondando los 1.000 pesos.

El anuncio, además, deja desamparado a una importante porción de los trabajadores. “La intención oficial es que el salario mínimo empuje hacia arriba también a los sueldos de los empleados en negro, aunque en este caso depende de la capacidad de presión de un trabajador en condición precaria y de la voluntad de un empleador en la ilegalidad”, informaba ayer el diario “Crítica de la Argentina”.

Si el anuncio que involucra a los jubilados y el acuerdo por el salario mínimo se lo analiza desde la óptica que la gestión K, que en estos aspectos tiene a Guillermo Moreno como su cara más visible, serán leídas como acciones de una gestión de gobierno que trabaja para una justa redistribución de la riqueza. Si se los analiza con sensatez, son apenas dádivas que no permiten ni a los jubilados ni a los trabajadores afrontar sus compromisos diarios, tener una vida digna y aspirar a crecer económicamente. Sólo son mejoras para una mínima y esforzada supervivencia.