Política

Denuncia sindical por “discriminación”

El gremio que dirige Enrique Peñalba acercó una nota al presidente del Concejo Deliberante con los detalles de lo sucedido a los agentes Villegas, Soublé, Arévalo y Santillán.

Afirman que fueron perseguidos por su participación en la militancia “princista”. Y piden una inmediata revisión de las medidas tomadas.

El Sindicato de Trabajadores Municipales, encabezado por el empleado comunal sumariado Enrique Samuel Peñalba, se transformó en puente para que una serie de denuncias de trabajadores municipales, dejados cesantes por la actual gestión o trasladados con una baja de categoría, lleguen formalmente a las autoridades del Concejo Deliberante. Son cuatro casos de empleados que, en la nota de presentación del sindicato, directamente fueron calificados como “discriminatorios”.

El primer caso que denuncian es el que afectó a Laura Villegas. Tenía 5 años y medio de antigüedad en el municipio y en diciembre de 2007 fue trasladada del área de Desarrollo Social al Cementerio Comunal. Esa medida –siempre según el documento del Sindicato al que accedió EL CIVISMO- se acompañó del cese como jefa de Departamento (lo que implicó una reducción del salario).

La agente pidió explicaciones y le habrían respondido que su cambio se debía a “razones de mejor servicio” y “estado de emergencia económica”. Para el Sindicato, ambos argumentos se desvanecen “por sí solos”.

En una minuciosa carta en la que describe su situación, Villegas cita diferentes instancias relacionadas a su traslado y en particular menciona una reunión con Javier Legorburu en la que “...me manifestó que como yo no participaba políticamente en la línea de la intendenta, sino que por el contrario militaba en un espacio opositor a la misma, no había acuerdo para que me desempeñara en esa área”.

“Le manifesté que le dejaba bien en claro que fuera del horario de trabajo y como ciudadano libre en un sistema de derechos, podía participar de los espacios políticos que elija”, aclaró Villegas, aunque su traslado siguió en pie.

El segundo caso involucra a Gustavo Santillán. Ingresó al municipio en mayo de 2001 como preceptor en el Instituto Fermín Mignone. Accedió a planta permanente en octubre de 2007. Fue despedido el 28 de febrero de 2008 cuando ocupaba una jefatura de división. Las razones aducidas desde el Departamento Ejecutivo fueron las mismas que para el caso de Villegas: “razones de mejor servicio” y “estado de emergencia económica”.

Asimismo, Graciela Arévalo entró al municipio en diciembre de 2005 y permaneció en planta temporaria hasta el 23 de abril del corriente año. Trabajaba como administrativa en la Dirección de Entidades Comunitarias. “En ese momento, sin que mediaran motivos y con un decreto emanado por el poder ejecutivo que extendía su permanencia hasta diciembre de 2008, fue dejada cesante”, expresan desde el sindicato.

En el informe escrito que Arévalo acercó a su sindicato, consta el siguiente párrafo: “Desde que asumió la administración municipal actual, recibí órdenes expresas de dejar de tener contacto con ex compañeros que trabajaban conmigo en la anterior gestión de gobierno, fundamentándose dichas órdenes en que estos contactos no eran bien vistos por la señora intendenta”.

Por último, se menciona el caso de Marcelo Soublé, quien ingresó al municipio en octubre de 2005 y el 30 de enero de 2008 le informaron telefónicamente que había sido despedido. “No existieron razones valederas que justifiquen esa determinación y además fue víctima de interminables manoseos hacia su persona”, denuncia el sindicato. En su narración del caso, Soublé habla de infructuosas reuniones con la licenciada Marcela Darré (él trabajaba en el Hogar Granja “Padre Varela”) y con el secretario de Gobierno Humberto Guibaud.

EL PEDIDO

“En estos tres últimos casos solicitamos la inmediata reincorporación de los agentes. A nuestro humilde entender es claro el procedimiento que se aplicó en todos los casos y está basado en actos discriminatorios. En ellos se menoscaba y restringe el pleno ejercicio de la igualdad de derechos y garantías, tal como establece nuestra Constitución Nacional”, argumenta el Sindicato de Trabajadores Municipales .

Este organismo agrega: “según consta en el artículo 1º de la ley sobre actos discriminatorios, ‘quien arbitrariamente impida, obstruya o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de derechos y garantías fundamentales en la Constitución Nacional, será obligado a pedido del damnificado y dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados, considerándose particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión, política o gremial, sexo, posición económica, condición social o características físicas”.

Peñalba expresa en ese escrito que “como secretario general del Sindicato y especialmente como ciudadano de Luján, no puedo permitir que se avasallen de esta forma los derechos de nuestros trabajadores. No estamos acostumbrados a eso ni en el sindicato ni en esta ciudad, por lo que espero que me acompañe y podamos revertir esta situación injusta y arbitraria que tan mal hace al sistema democrático”.