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Habrá
consecuencias, sí o sí
La
situación es grave y fuerte en su contenido, cualquiera
sea el resultado que termine arrojando en la Justicia.
La
intendenta Graciela Rosso, prácticamente como corolario
de sus primeros seis meses de gestión, presentó días
atrás ante una Fiscalía de turno una denuncia en la que
acusa a su antecesor Miguel Ángel Prince y a su
secretario de Economía durante los últimos años de su
gestión, Antonio Muñiz, de una serie de delitos
cometidos contra la administración pública. Y deja
abierta la posibilidad de que la investigación arroje
más claridad y pueda ampliar la cantidad de involucrados.
Con una
sorprendente cantidad de pruebas, informes, cifras y doce
carpetas con pruebas documentales, Rosso acusa a los ex
funcionarios comunales de los delitos de “abuso de
autoridad y violación de los deberes”; “malversación
de caudales públicos”; “falsedad ideológica de
instrumentos públicos” y otra serie de presuntos
delitos emanados de pagos indebidos a empleados que –de
acuerdo al texto de la denuncia- ascendieron a cerca de
cien y eran denominados “planta virtual”, por la
inconsistencia de los documentos que avalaban su relación
laboral con la Municipalidad.
El
trabajo de repaso de las actuaciones administrativas es, a
toda vista, minucioso. Bucea en aspectos que no suelen
aparecer a la luz para la mayoría de los ciudadanos, pero
que hacen al trabajo diario de los funcionarios a los que
uno le confía la administración de los bienes públicos.
Sin
rodeos ni expresiones técnicas, Rosso realizó este
informe destinado a la Justicia porque presume, sospecha,
vaticina que tomó las riendas de una administración
comunal que fue manejada, lisa y llanamente, por
delincuentes. En todo caso, para atenuar la expresión,
por personas inhábiles para la responsabilidad que
tenían, razón por la cual fueron capaces de caer en la
comisión de delitos.
Es por
ello que, insistimos, cualquiera sea el resultado que
arroje la investigación judicial, la gravedad del caso es
extrema.
Si se
comprueban todas o algunas partes de la denuncia de la
intendenta Rosso o si se multiplican los nombres de los
responsables, tendrán sustento los argumentos de aquellos
que repudian el manejo que reinó en los últimos doce
años en la Municipalidad de Luján. Hay en danza miles y
miles de pesos, la posibilidad de una sanción o de una
condena y, aunque resulte una nimiedad para los vecinos,
también el futuro político del ex jefe comunal.
Si, por
el contrario, la Justicia termina desestimando las
acusaciones de la intendenta Rosso, recibiría un fuerte
golpe su gestión de gobierno. No se puede jugar con la
integridad de las personas si no se tienen todos los
elementos para acusarlo de delincuente.
Uno de
los resultados será inevitable y en cuestión de tiempo
–no necesariamente los tiempos de la Justicia-
comenzará a evidenciarse. La dura presentación judicial
y sus aún más duras acusaciones, rompen la posibilidad
de convivencia política, partidario y de gestión bajo el
paraguas del Frente para la Victoria.
Desde el
oficialismo no sólo se descree de la sociedad con el otro
bloque del FpV, sino que directamente consideran que su
líder máximo delinquió y que tiene que juzgarlo la
Justicia. El cambio en las reglas de esa relación ya
está en marcha. |
