Editorial

Resulta complejo explicar una situación cuando es tan explícita; cuando se sabe con lujo de detalles qué es lo que se está haciendo de modo incorrecto, pero no se vislumbran intenciones de cambio; cuando todos saben qué es lo que está mal o directamente en contra de las leyes vigentes, pero se opta por mirar hacia otro lado.

Esta enumeración se relaciona con los siempre polémicos vuelcos de los tanques atmosféricos. Polémicos en Luján, porque otros distritos lo tratan con mayor seriedad y menos conflictos.

Desde fines de noviembre de 2006, luego de enfrentar un lock out patronal, las empresas de tanques atmosféricos fueron habilitadas por el Departamento Ejecutivo para tirar los residuos cloacales en el vapuleado predio del basural municipal, a la vera de la ruta provincial 192.

Ese permiso tenía un plazo de 120 días, pero el gobierno de Miguel Prince prefirió apelar a la prórroga eterna en lugar de trabajar en la búsqueda de una salida definitiva.

Desde noviembre de 2006, sin que nadie se ponga los pantalones largos en materia de inspección, la Municipalidad de Luján no cumple con las leyes vigentes en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? En esta edición lo explica el concejal vecinalista Oscar Luciani (ver página 5).

En aquel momento de conflicto extremo –se amenazaba con dejar de vaciar los pozos de las escuelas-, el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza para permitir los vuelcos en el partido de Luján, pero le aclaró al Ejecutivo que la selección del sitio para las descargas tenía que contar con el respaldo técnico de las autoridades provinciales.

La ley provincial que rige sobre el destino final de los residuos cloacales indica que para descargar en un basural, los camiones tiene que realizar un tratamiento previo a sus líquidos, para que no sean contaminantes del suelo.

No se cumple. Y esto se sabe hace años, pero Luján prefiere seguir con el permiso ilegal a prudenciales kilómetros del casco céntrico. Jamás desde la comuna se les exigió a los empresarios del sector que cumplan con la disposición reglamentaria de contar con una planta de tratamiento en su propia empresa.

Es más, para ser honestos, debemos decir que hasta el momento en que estalla un escándalo por la alevosa violación de las normas vigentes y/o el flagrante ataque al medio ambiente que día a día se realiza en el predio del basural, los controles brillan por su ausencia.

Los tanques atmosféricos llegan al predio, en la puerta entregan un formulario que los habilita a pasar y tirar, transitan unas cuadras y abren sus descargas al suelo. Nadie se encarga de mirar qué es lo que tiran. Se supone que si los empresarios trabajan con conciencia “sólo” tiran líquidos de pozos sépticos. Se supone, porque nadie se encarga de controlar. Se supone, aunque los antecedentes inviten a desconfiar.

Lo cierto es que las condiciones actuales de los vuelcos son ilegales y el gobierno demora una salida definitiva. No se arregla la planta depuradora del barrio San Bernardo y la nueva planta a construir en el Hospital Cabred es un sueño a futuro.

Dentro de unos 40 días vence el plazo para tirar en el basural; en otras palabras, para hacer uso de la ilegalidad avalada desde el Departamento Ejecutivo. Ese día estaremos, otra vez, preguntándonos qué se piensa hacer con los vuelcos de los tanques atmosféricos.