Editorial

En ocasiones, las palabras políticamente correctas se transforman en un marco demasiado acotado como para describir desde un texto periodístico las sensaciones que despierta una noticia. Y en ese contexto se ubica la información que hoy ocupa el tema central de tapa de este medio y las páginas 6 y 7. Son los casos en los que el redactor tiene unas ganas incontenibles de apelar al insulto.

Tres sujetos a los que los propios jueces que los sentenciaron preferían ni siquiera llamarlos “hombres”, fueron condenados a 20 y 18 años de prisión por corrupción de menores agravada, luego de comprobar que en reiteradas oportunidades estos enfermos tuvieron relaciones sexuales con niños que mendigaban en la plaza Belgrano. Lo hacían a cambio de 5, 10 o 15 pesos, de una hamburguesa, de ropa, de una vuelta en cuatriciclo.

Los condenados por este delito que el Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Mercedes no dudó en calificar de “aberrante”, “pavoroso”, “tremendo”, entre otros acertados adjetivos, son Aldo Aníbal Montelpare, Fernando Aníbal Huenchuñir y Carlos Manuel Huenchuñir. Una verdadera pena que las limitaciones tecnológicas nos impidan reflejar los nombres de estos delincuentes en colores fluorescentes, para que no quede ningún lector sin repasar el motivo de sus menciones.

Tantos los jueces que dictaron sentencia como los magistrados que intervinieron en la investigación de los hechos, creen que el fallo es justo, pero sólo puede aportar un granito de arena en la reparación que debería generar en las víctimas.

A juzgar por los testimonios que se escucharon en las audiencias, esos chicos –hoy adolescentes- sufrieron daños que difícilmente logren superar en sus vidas.

Pero no es la dureza –o lo justo, en todo caso- de la sentencia lo que sobresale del fallo. Lo que más debe generar impacto en la sociedad y en quienes tienen las herramientas para modificar realidades atroces, es el pedido de los jueces Alejandro Caride, Ricardo Marfía y Eduardo Costía para que las actuaciones vuelvan a la Unidad Fiscal de Investigaciones porque hay mucho más por revelar, comprobar y juzgar. Un pedido que, vale aclararlo, también respalda el juez de Menores Dr. Marcelo Giacoia, iniciador de la investigación.

Los magistrados creen tener información suficiente como para rastrear abusos que habrían sufrido al menos ocho chicos más y cuyos autores no se circunscriben a los tres degenerados que pagan sus culpas tras las rejas, sino que se menciona a tres adultos más. También se inscribe en el listado de deudas para sentar en el banquillo de los acusados el médico que en un “consultorio” detrás de la Basílica le practicó un aborto a una menor, a pedido de su abusador.

Lo ocurrido y juzgado, y lo ocurrido y que está pendiente de su ingreso a un Tribunal, sucedió en la plaza Belgrano y en su entorno; en las calles y veredas más concurridas de la ciudad; en baños de confiterías céntricas; en las narices de la Basílica. En otras palabras, ocurrió a la vista de muchos, la mayoría de los cuales optó y sigue optando por el silencio.

En el diálogo que publicamos en esta edición con el juez Marcelo Giacoia, se admite que será difícil reparar el daño a los menores. Pero el magistrado cree que una sentencia como la dictada puede “abrir los ojos a más de uno”. Porque la plaza Belgrano no está inmaculada. Por el contrario, siguen ocurriendo hechos pavorosos. Y son muchos los que miran, pero parece que no ven.