Editorial

Hay ocasiones en las que la pasividad de los representantes del pueblo causa preocupación. Hace semanas que desde éste y otros medios de comunicación de la ciudad se informa acerca de la medida de seguridad que, por voluntad propia, decidieron poner en marcha vecinos del barrio Los Laureles.

Por consenso limitado –no se consultó a la totalidad de los vecinos de ese barrio y mucho menos a todos los ciudadanos que, por diferentes razones, ponen un pie en esa zona- se instaló una cámara de seguridad que registra los ingresos y egresos al barrio.

Por una razón visual, la imagen también ofrece los detalles del movimiento vecinal en las viviendas cercanas a esa entrada. Los Laureles no es un club de campo, un country o barrio cerrado; se trata de un barrio más del partido de Luján, como cualquier otro, en el que el presidente de la sociedad de fomento (hoy Juan Pablo Merlo, mañana el que disponga la asamblea barrial) tiene la clave para acceder a las imágenes de la vía pública y transformarse así en el sheriff tecnológico de la zona urbana en la que vive y es fomentista.

Lejos de analizar lo polémico de la medida, el fomentista y sus adherentes ya estudian el modo de ampliar las filmaciones públicas y no limitarlas a los ingresos del barrio. Afirman, entre otras cosas, que llegaron a ese sistema luego de reclamar sin resultados a las autoridades políticas y policiales de turno. La imagen que en tapa ofreció EL CIVISMO en su edición del sábado pasado es por demás de elocuente: el fomentista Merlo frente a imágenes de una cámara de seguridad.

Las autoridades políticas locales, ¿no deberían realizarse algunas preguntas? Como ayuda, ofrecemos algunas que nacen a simple vista. ¿Quién avala a este fomentista para meterse de lleno en la privacidad de las personas que circulan por las calles de Los Laureles? ¿Quién tiene los datos que acrediten que Merlo utilizará “para el bien” y durante todo lo que dure su existencia, la información que emana de esas cámaras? ¿Cuántas personas más tienen acceso a las imágenes? ¿Y si algún día la delincuencia le pone precio a esas imágenes? ¿A cuánto cotizará la seguridad filmada de los vecinos de Los Laureles?

Seguramente las preguntas recién formuladas son alarmistas, innecesarias, exageradas. Ojalá que el paso del tiempo confirme estos calificativos.

Este y otros medios de comunicación dieron detalles de esta iniciativa vecinal y ninguna autoridad -ni política, ni policial ni judicial- se dio por enterada. Por el contrario, en coincidencia con la polémica medida que ya está en marcha en Los Laureles, los concejales debaten en comisión la colocación de cámaras de seguridad en el centro de la ciudad. Y los pronósticos indican que lograría un apoyo unánime de las fuerzas políticas.

Lo importante –parece- es el fin y no los medios. El fin es responder con alguna acción a las justificadas quejas de los comerciantes y vecinos que temen por su seguridad en las calles más concurridas de Luján. El medio que se analiza, la utilización de cámaras que registrarían todos los movimientos ciudadanos.

De la idea surgen preguntas que sería enriquecedor que tuvieran respuesta antes de la aprobación del proyecto. ¿Quién estará del otro lado de las cámaras, vigilando lo que esos aparatos registran? ¿Quién defiende el derecho de la persona que no transita por el centro con intenciones delictivas y no quiere ser filmada? ¿Quién asegura que los vigiladores siempre utilizarán la información que genera esta tecnología para brindar seguridad y no para aportar detalles a la delincuencia? ¿Quién tiene el poder para avasallar los derechos individuales en nombre de la seguridad? ¿Quién certifica que con cámaras en el centro la delincuencia no se mudará apenas unas cuadras?

Afortunadamente, la idea que por estos días se discute dentro del Concejo Deliberante chocará con un problema que ya conocen aquellos municipios que pretenden “televisar” su vida callejera: el costo. En Pilar, por ejemplo, se estima que la colocación de cámaras en “15 puntos estratégicos” del partido tiene un costo de 450 mil dólares, una cifra que frenó el rápido impulso con el que venía la iniciativa.