Supongamos que las cosas pueden ser distintas y de golpe, como por arte de magia, comienzan a regirse por la lógica, por la coherencia, por la sensibilidad social y la transparencia. Entonces, en ese marco supuesto, los funcionarios políticos y legisladores nacionales, provinciales y municipales de la Argentina estarían cobrando por mes el equivalente a un Plan Trabajar o lo que ahora se dio en llamar Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados.
¿Por qué no pensarlo? ¿Qué tiene de extraño? Esos señores del poder y la representación popular cuentan con el orgullo de legislar y tomar decisiones en nombre de toda la sociedad. Y si sus gobernados están en la más absoluta miseria -generada, justamente, por su seguidilla de malas políticas-, lo lógico sería que ellos cobren lo mínimo que el Estado está en condiciones de pagar.
Es sencillo de aplicar. Existe un único inconveniente: quienes deben proponer una medida semejante de ahorro y justicia son los mismos que en la actualidad se benefician con el derroche y la injusticia.
Por eso, es justo y necesario que los funcionarios de los Departamentos Ejecutivos de todo el país y los legisladores de todos los ámbitos ciudadanos de la Nación comiencen a cobrar 150 pesos, patacones o lecop por mes, de acuerdo a lo que se tenga en caja y últimos en la fila de la ventanilla de pago. Que primero, por ejemplo, se ubiquen los médicos que trabajan en establecimientos estatales o los docentes.
Lo mismo se debería proponer para las jubilaciones y pensiones. Si un sujeto trabajó como funcionario de la administración pública o fue senador o diputado, nada de privilegio o mensualidades extravagantes.
Si trabajó toda su vida como cualquier hijo de vecino, pero detrás del orgullo de ser representante o funcionario de su pueblo, lo lógico sería que su remuneración jubilatoria sea la mínima, exactamente igual a la del jubilado autónomo que se rompió el lomo durante décadas para pagar su retiro.
Ya que todo se plantea en el plano de lo supuesto, demos una vuelta de tuerca más a esta idea que sólo se expresa a través de un humilde editorial. Además de cobrar la jubilación o pensión mínima, esos retirados de la política tendrían que contar con la asistencia médica y social del PAMI.
Con ello se podrían solucionar dos graves problemas actuales: se ahorraría dinero del Estado y sería mucho mayor la presión de los abuelos que protestarían constantemente por una mejora en los servicios de salud.
Voluntad, decisión y honestidad es lo único que hace falta para que la Argentina comience a ser un poco más justa. No hay que ser un experto en economía o en ciencias políticas para señalar acciones que ayudarían a una mejor distribución de la riqueza.
Para plantear ideas en ese sentido sólo se necesita coherencia. En un país quebrado en su estructura social y productiva, ¿quién tiene que pagar los platos rotos? ¿La gente que siempre acompañó como pudo las acciones de los gobernantes o las personas que estuvieron en el poder mientras se fue construyendo la decadencia actual? La respuesta la sabemos todos.

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