Si se creara un libro que resumiera algunas de las frases más comunes de la sociedad argentina, las siguientes seguramente formarían parte del texto: "los políticos tienen que dejar de robar"; "todos tenemos un poco de culpa en lo que nos pasa" y "a ustedes nada les cae bien".
Esas frases, habituales en el lenguaje de los argentinos -la última suele apuntar al periodismo-, calzan exactas ante la situación que hoy cualquier lujanense puede observar con sólo acercarse al predio lindante con la estación de trenes de la ciudad.
En un amplio sector abandonado durante décadas, la sociedad de fomento del barrio El Trébol, con el apoyo incondicional -pero sin papeles- del gobierno municipal, está desarrollando una profunda limpieza con el objeto de crear allí un paseo, un parque de recreación y canchas de fútbol, entre otras cosas. Hasta aquí, todos de acuerdo o, al menos, el periodismo al que todo le cae mal no tiene casi ninguna objeción que realizar.
Ese terreno pertenece al Estado Nacional, que concesión mediante supo entregárselo a la empresa Buenos Aires al Pacífico (BAP), firma que ahora se llamaría América Latino Logística. En el lugar, tal como detalló EL CIVISMO en su edición del sábado pasado, se encuentran (o ya habría que decir "encontraban") cientos de metros de vías, vagones con sus costosas estructuras de sostén y traslado, tanques, una mesa de maniobras considerada elemento histórico y decenas de materiales ferroviarios.
Parece mentira, pero habría que dejar constancia que esos bienes son del Estado. Es decir, son de cada uno de nosotros, pero de ninguno con el poder suficiente como para disponer de ellos y, mucho menos, venderlos como objetos de colección, chatarra o material de descarte.
Eso es lo que sucede en el predio lindante con la estación y hasta ahora nadie reaccionó como para frenar el accionar de un grupo de chatarreros que aseguran trabajar bajo las órdenes de una sociedad de fomento que, a su vez, dice cumplir con los permisos que le otorgó el gobierno municipal. La vieja, triste y conocida historia del gran bonete.
Mientras fomentistas, políticos en función pública, chatarreros, vecinos y periodistas debaten sobre lo que está bien o está mal, los bienes del Estado siguen desapareciendo delante de nuestras narices y nadie con poder para ordenar el fin de las maniobras hace lo que tiene que hacer.
En realidad, lo que ocurre es más alevoso, porque los materiales ferroviarios desaparecen sólo por un tiempo, ya que de inmediato se encuentran en oferta para los compradores: 20 mil pesos un vagón completo, 25 o 30 pesos el durmiente de quebracho y 0.05 centavos el kilo de riel, por sólo citar algunos precios.
Lamentablemente, las tres frases que se mencionaron más arriba entran justo en esta historia reciente y vigente de la ciudad de Luján. El supuesto asesor legal municipal y del gobierno provincial no puede ni debe avalar acciones sobre terrenos estatales sin los convenios, acuerdos, licitaciones o documentos que permitan ese trabajo.
"El convenio lo tengo que buscar porque se traspapeló", dijo por su parte Eduardo Villafañe a este medio la semana pasada, mientras los bienes seguían desapareciendo. Sin palabras.
"Todos tenemos parte de la culpa de lo que nos sucede", señala otra triste frase argentina. La gente no sólo no reaccionó, sino que ni siquiera sus representantes locales se sintieron preocupados. El Concejo deliberó el lunes y no dijo una sola palabra de lo ocurre en la estación.
Tal vez tengan razón los que, como el intendente de Luján, creen que a cierto periodismo "nada les cae bien".