Ante cada aniversario, por compromiso, los poderes establecidos de Luján redactan notas dirigidas a la Justicia para que se investigue "hasta las últimas consecuencias" distintos asesinatos impunes.
Sucedió días después del 15 de noviembre de 1992, cuando el padre José "Cacho" Zaccardi fue brutalmente asesinado. A partir de esa fecha, cada mes de noviembre, el Concejo Deliberante escribió pedidos de investigación dirigidos a la Justicia, para que no se olvidara del puñado de lujanenses que recuerdan al querido sacerdote. El resultado fue nulo.
El Concejo Deliberante y -en menor medida- el Departamento Ejecutivo han elevado pedidos de investigación para conocer a los autores de hechos repudiables, pero cada acción es más un formalismo que una presión efectiva.
Con pedidos de informe y notas dirigidas a la Justicia no se solucionará el creciente problema de la inseguridad. Como se indicó en nuestro editorial del sábado pasado, la solución debe partir desde varias puntas.
Sentarse en un escritorio del Concejo Deliberante para redactar un pedido de informe es sencillo, cómodo y hasta rutinario. Sólo basta con anotar en una agenda las fechas de los asesinatos impunes dentro del partido de Luján, y un par de días antes escribir unas líneas para demostrar el compromiso con la comunidad. Se trata en alguna sesión, se dicen algunas palabras y todos conformes, pero sin justicia.
No hay que ser gran pensador para entender que la solución debe partir de otros lados. Si todos los lujanenses dejamos de transitar calles tranquilas, los concejales y funcionarios del Departamento Ejecutivo tienen que ser los primeros en pedir respuestas a las fuerzas de seguridad y a las autoridades políticas. Si quienes tienen la responsabilidad de dirigirnos se resignan ante la escalada delictiva, nos obligan a todos a vivir resignados.
Hoy Luján está sensibilizado por la muerte de Pablo Ronsoni en manos de dos sujetos que la policía desconoce en su aspecto y paradero. En la sociedad todavía laten los recuerdos del caso de Ramón Cajaravilla, otro trabajador que murió por obra y arte de asesinos. Y por sólo citar algunos casos, para muchos la muerte de Ana María Domínguez está impune, a pesar de que un sujeto pague sus presuntas culpas tras las rejas.
En cambio, a pesar de la reticencia de una gran porción de la población, Luján supo salir a la calle para pedir justicia para la pequeña Rocío Muro. Seguramente nadie buscaba el desenlace que se encontró, pero hoy se puede informar acerca de una persona que fue juzgada y cumple condena en la cárcel.
Es el momento de que la fuerza popular, guiada por quienes fueron elegidos para conducir las estructuras de gobierno, salga a la calle a presionar a los que tienen que dar respuestas. Si el comisario no sirve que se vaya, porque después de todo no es más que es un mero funcionario público.
Las autoridades políticas tienen capacidad de organización, porque cuando algo les molesta llenan el Concejo Deliberante de patoteros y sus ideas quedan protegidas de críticas. Por lo tanto, no sería exagerado solicitarles que utilicen su capacidad de organización -se sobreentiende que sin patoteros de por medio- y trabajen en el diseño de un reclamo efectivo de medidas que ayuden a mejorar la seguridad de nuestro partido.
Si no son capaces de eso, por favor, por la tranquilidad de los lujanenses hagan lo mismo que debería hacer el comisario de Luján Primera.



Si quienes tienen la responsabilidad de dirigirnos se resignan ante la escalada delictiva, nos obligan a todos a vivir resignados.