Otra vez una víctima y las sospechas que apuntan a la Policía Bonaerense. En esta ocasión, la ruleta de la injustica cayó en el casillero de Diego Peralta, un joven que tenía la ilusión de egresar este año del único colegio privado de la localidad.
Con furia, grupos de vecinos y jóvenes arrasaron con el edificio de la comisaría de El Jagüel, cerca de Ezeiza. Tienen sospechas sobre la responsabilidad de la policía.
En El Jagüel, en algunos sectores de la comunidad, y en el seno del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, creen que detrás de la muerte de Peralta se esconde el incontenible enfrentamiento entre los hombres de la fuerza de azul y las medidas de Juan Pablo Cafiero, un ministro que no cae simpático en filas, históricamente, que se muestran con dificultades serias para encajar en los marcos de la democracia. Todo indica que los policías no digieren recibir órdenes de un civil afín con diversas luchas de los organismos de derechos humanos. Y menos si esas órdenes determinan "pases a disponibilidad".
En toda institución o actividad, al mejor estilo de una película "yankee", existen los buenos y los malos. Hay sacerdotes buenos y malos; hay albañiles buenos y malos; contadores buenos y malos; políticos buenos y malos, y policías buenos y malos. También los periodistas entramos en esas dos opciones. Pero los hombres de azul deben entender que hay gruesas diferencias entre las consecuencias de la maldad o bondad de unos y otros.
Un periodista puede hacer mucho daño con una mentira. Puede, incluso, fomentar el caos. Un contador incapaz quizás genere la quiebra de una empresa productiva. Y una casa con cimientos flojos se puede caer meses después de finalizada la obra. Son consecuencias lógicas de un mal trabajo.
La diferencia radica en las funciones. Si un policía hace mal su trabajo, hay gente que muere. Si un policía no cumple con su deber, la injusticia es un hecho.
Para desgracia de esa fuerza, la precaria memoria popular guarda el recuerdo de demasiados casos irresueltos en los que agentes policiales terminan tras las rejas.
En el caso AMIA hay policías procesados. También en la muerte de José Luis Cabezas las sospechas apuntaron a los responsables de una "zona liberada". Son policías los que declaran sobre la masacre de Ramallo. Y también en los expedientes que se siguen por las muertes de mujeres en Mar del Plata. Están tras las rejas dos oficiales que, supuestamente, se iban a encargar de brindarnos seguridad en el marco de la Brigada Antisecuestros; y otros que salieron a frenar los piquetes del Puente Saavedra y "se cargaron" a dos manifestantes.
Nos acercamos a Luján y encontramos dudas sobre el accionar de la fuerza ante el cuádruple crimen de la familia Zarnic. ¿Qué pasó realmente la madrugada en la que mataron a Pablo "Tato" Isola? ¿Qué rol cumplió la policía en la investigación de ese caso aún impune? ¿Qué son esas causas instruidas por el ex comisario de Luján Raúl Lezcano, en las que jóvenes inocentes terminaron pagando años de cárcel?
Los responsables de la Bonaerense están muy susceptibles a las críticas, pero deben admitir que son muchos los casos de dudoso protagonismo. Tendrán que aceptar, al menos, la extraña casualidad en el surgimiento de este hecho de El Jagüel, a escasos días de que el ministro Cafiero dejara en disponibilidad a cientos de efectivos. ¿No hay datos que ayudan a pensar en una nefasta relación entre causas, policías, medidas y autoridades políticas?