En estos días, unos 4.577 documentos secretos norteamericanos desclasificados, revelan y confirman datos sobre lo ocurrido en nuestro país en los años de la dictadura militar. Exponen con crudeza los pactos existentes entre las cúpulas militares argentinas, los funcionarios de los Estados Unidos y sectores del poder de ayer y siempre, como los sindicatos y ciertas autoridades eclesiásticas.
Las recientes demostraciones de sorpresa de algunos periodistas argentinos parecen increíbles. ¿Acaso no se supo desde siempre que la dictadura militar argentina fue organizada, entrenada, vigilada y protegida por los Estados Unidos? ¿No se sabía que los norteamericanos repartían dictaduras por América a los fines de alimentar sus intereses económicos?
Los documentos detallan lo que siempre conocieron y callaron los protagonistas y, en todo caso, confirman el nivel de hipocresía que pueden esbozar las autoridades del "Gran País del Norte". Con la información en tiempo real que manejaron los funcionarios estadounidenses, ¿cuánta muerte se habría evitado?
Ante la contundencia de los datos sólo queda esperar una reacción. Porque si las cosas se hicieron y dijeron como figuran en los textos desclasificados -hoy es prácticamente una certeza-, hay responsables que deben pagar por el daño irreparable, aunque hayan pasado más de dos décadas.
¿Qué hacer a partir de la verdad?, se deberían preguntar las autoridades argentinas. Y además, como suele expresarse en algunos diálogos de telenovela: "¿estás preparado para escuchar toda la verdad?".
Hay sectores de la sociedad local que seguramente están listos para recibir los contundentes datos de la historia, pero otros, entre ellos los dirigentes políticos, prefieren la nebulosa, la duda, la incertidumbre, porque si los hechos se confirman habrá que juzgar a los responsables, muchos de ellos protagonistas del poder actual.
Ante el horizonte que abren estos documentos, las preguntas comienzan a fluir sin posibilidad de frenarlas. ¿Tendremos que esperar 25 años para que algún día un funcionario "yankee" decida desclasificar información en la que se detalle el pago de coimas en el Senado o la contratación entre IBM y el Banco Nación?
¿No resulta posible que dentro de muchos años una autoridad política de los Estados Unidos desclasifique los documentos que seguramente se están armando hoy bajo la carátula: "La pobreza en la Argentina"?
En el marco de ese supuesto, no deberá sorprendernos si en esos documentos encontramos diálogos entre los funcionarios del Fondo Monetario Internacional y los ministros o presidentes argentinos, en los cuales los primeros les exigen a los segundos más ajuste para cerrar las cuentas. En esos documentos aparecerá un Menem, un Duhalde o un De la Rúa (o tal vez, como en la dictadura, prefieran usar "alias") aceptando bajar el gasto en educación, salud y acción social, aunque en la práctica eso signifique indigencia y hambre.
Dentro de 25 años o más, habrá periodistas argentinos que se horrorizarán ante las cámaras por los contenidos de esos diálogos. Sin embargo, la información que estarían dando no significaría ninguna novedad. Como hace décadas se supo que los militares locales tenían el respaldo externo para encarar el genocidio, hoy tenemos la certeza de que la pobreza y la corrupción están digitadas desde el Norte. Y para afirmarlo no precisamos desclasificar ningún documento.