Vidas privadas

La lucha es desigual, pero es cierto que la batalla que seguro se pierde es aquella que no se enfrenta. Las empresas privatizadas, con dueños extranjeros y enormes negociadores dentro del país, tienen todo a su disposición para seguir ganando cifras desorbitantes, con los pesos que se les quita a la inmensa mayoría de la población.
Las empresas privatizadas no prestan servicios lujosos. Se trata de cuestiones esenciales como la luz, el agua, el gas, los transportes, el teléfono, el correo. Y este dato parece menor en el contexto actual.
Durante procesos de dudosa claridad, el Estado argentino entregó sus recursos primordiales: los energéticos, los transportes, las vías de comunicación, y hasta los hidrocarburos, que en otros países -con gobiernos más inteligentes o menos corruptos- quedaron en manos estatales. Se concesionó lo posible y lo imposible. Pero además se subsidió a los compradores con cifras mensuales millonarias.
Si el Estado hubiese ejercido un control con un mínimo de seriedad, a las empresas privatizadas no les quedaba más remedio que cumplir con los contratos y brindar servicios dignos.
En teoría, si un servicio estatal y esencial se privatiza es para mejorar su calidad. En la Argentina, las cosas fueron y son muy distintas. Los señores del capital privado redujeron prestaciones, quitaron servicios, incrementaron los costos para los usuarios y complicaron las instancias de reclamo (primero pague, después proteste).
Se pueden tomar decenas de ejemplos, pero los trenes son una muestra clara de lo que se permitió hacer: en manos privadas, las formaciones se fueron deteriorando; los despidos se hicieron una constante; las paradas se borraron del mapa; las frecuencias se ampliaron y los bienes en desuso se remataron al mejor postor.
El Estado sólo cumplió con una formalidad: conformó los organismos de control, verdaderos objetos de decoración dentro de la estructura gubernamental. Y ahora, en tiempos claves de renegociación de los contratos, el Estado vuelve a demostrar su incapacidad para defender los intereses del pueblo. Todo lo contrario, actúa en favor de las privatizadas.
Semanas atrás, a través de la resolución 308 del Ministerio de Economía de la Nación, se acordó suspender las sanciones que les correspondan a las empresas concesionarias cada vez que dejan de cumplir con los niveles de calidad exigidos para la prestación de los servicios. En la práctica, todas las privatizadas que justifiquen que incumplieron los niveles de calidad por culpa de la emergencia económica y el impacto de la devaluación no serán sancionadas.
Estas frases tienen consecuencias muy directas en los usuarios. Por ejemplo, las distribuidoras eléctricas tenían un plazo de 4 horas para reconectar el servicio ante un problema técnico; ahora pueden tardar un día. Y si el corte fue por falta de pago, pueden demorar más de un día. Los trenes tienen vía libre para "ralear" sus servicios. En los teléfonos, la restitución del servicio puede durar cerca de tres días. Y las compañías gasíferas ahora pueden tardar más de una hora ante una urgencia por escape de gas.
¿Qué hace el Estado? Protege a los concesionarios en desmedro de los ciudadanos. Los actuales llamados a "audiencia pública" para readecuar las tarifas lo confirma. Todas las trabas las tiene la gente común que quiere expresar su oposición. Las empresas sólo ponen sobre la "mesa de discusión" los costos de los aumentos y el Estado acata.
En estos días, las radios y las calles de la Capital Federal están invadidas por una publicidad que esconde la precandidatura a presidente de Carlos Saúl Menem. Sólo se lanzan preguntas capciosas tales como: ¿con quién no conocías el riesgo país? ¿con quién un peso era un dólar? ¿con quién había estabilidad? Falta una pregunta: ¿con quién se vendieron todos los recursos productivos y esenciales del Estado? También fue con Menem en su rol de presidente. Y hoy todos los argentinos sufrimos las consecuencias en silencio. ¿Algún día se reaccionará?