Plantear que la inseguridad local es culpa exclusiva de las autoridades políticas y policiales locales es caer en la opinión fácil, en el compromiso ligero. Es entrar en el juego que más le conviene a los mismos que son criticados. Según los últimos registros del Centro de Estudios Nueva Mayoría, en once años la cantidad de delitos -que se denuncian- creció un 140 por ciento. Y la provincia de Buenos Aires es el sitio donde se registra el mayor incremento.
Ante esa realidad, hay que admitir que detrás de la ola delictiva se esconde una amplia gama de factores desencadenantes: corrupción, hambre, exclusión, impunidad, lentitud judicial, etc. etc.
El intendente de Luján y el comisario de Luján Primera son dos porciones -sin duda importantes- de un todo que sería la inseguridad. Hay que exigirles respuestas, pero con críticas concretas y con pedidos claros. Gritar que la situación es insoportable y que urge "hacer algo", es opinar desde el camino más sencillo. Hay que opinar o cuestionar, pero cuidando de no crear nebulosas en las que todos tienen la culpa de todo y por eso nadie se siente responsable de nada.
Si nos referimos a la inseguridad reinante, los lujanenses tenemos razones muy concretas para sospechar hacia direcciones bien definidas. Por ejemplo, por la falta de exigencias serias por parte del intendente y sus funcionarios para los responsables directos de la seguridad pública. Mandar una carta al ministro de Seguridad provincial manifestando la preocupación por dos ilícitos es pura hipocresía.
Esa reacción es casi o más trucha que combatir a la inseguridad creando un "Consejo Permanente para la Seguridad Ciudadana", flamante invento de la gestión municipal. "Si quieres que algo no se resuelva, formá una comisión", decía Juan Perón, al que Prince sólo recuerda en tiempos de elecciones.
En ese marco de conflicto, también tenemos causas muy particulares para sentirnos desprotegidos por la inacción del comisario Claudio Martínez y sus hombres. Es increíble el crecimiento de asaltos y robos en el partido de Luján y la ínfima cantidad de casos que son resueltos o en los que al menos se detiene a uno de los autores.
En un punto coinciden las sospechas que giran en torno al intendente Miguel Prince y al comisario Claudio Martínez. Ambos están interesados en la aplicación del "Plan Integral de Seguridad Ciudadana". Para el jefe comunal, sería un intento por ser el responsable de una merma en la delincuencia local, gracias a un plan de su gobierno. Para el comisario sería el modo de contar con más recursos para administrar y salir del lógico acoso de la gente, cansada de tanta impunidad. Es probable que el lector se pregunte si con este párrafo sugerimos que Luján, como zona liberada, es una manera de presionar para lograr objetivos políticos y policiales. Y está bien que se lo pregunte.
En la mañana del sábado el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Juan Pablo Cafiero, firmó un convenio con la Municipalidad de Luján, mediante el cual se compromete a colaborar en la aplicación de un "Plan Integral de Seguridad Ciudadana". Ellos se comprometen y nosotros pagamos. ¿O acaso usted pensó que el dinero para movilizar a la policía saldría de los recursos actuales de la Comuna o la Provincia?
El bloque del Partido Justicialista, dependiente absoluto de los mandatos del intendente, hoy levantará la mano para aprobar un nuevo arrebato a los bolsillos de los ciudadanos lujanenses. El dinero para prometer seguridad será una erogación más a pagar en la boleta de la luz.
Sin intenciones de sembrar pesimismo, pero atentos a la realidad, es obligación señalar que los mismos que hoy deciden crear el "fondo para la Seguridad Ciudadana" son los responsables de la falta de insumos en el Hospital Municipal. Son los que descuidan la casi exclusiva prioridad que debería tener un gobierno.
Simplifiquemos el tema: el mismo gobierno municipal al que no le importa que una persona muera por falta de los insumos más elementales en el Hospital, ahora dice estar dispuesto a girar dinero y gente a la policía para que nos cuiden mejor.