Si la intención de refundar el país y comenzar a reconstruir los cimientos de una patria seria, productiva y segura es verdadera, tenemos que exigir un freno en las políticas actuales. Hoy la rutina de los gobiernos y funcionarios es dejar pasar las cosas, como si la ineficiencia, la sospecha y la corrupción fueran virtudes en lugar de condenables defectos.
Los ejemplos abundan. El archivo del juicio a los miembros de la Corte Suprema de Justicia nos demostró que la política está al servicio de la impunidad. ¿Con qué argumento serio se puede cajonear un intento de investigación a sujetos que cargan con decenas de "presuntas irregularidades"?
Lo mínimo que se debería reclamar es una investigación. En todo caso, si esos ministros están limpios de culpa y cargo, la falta de pruebas tirará al archivo todas las acusaciones. Sin embargo, nos negaron la posibilidad de conocer la verdad.
Ocurre que para los trabajos sucios están los legisladores, sin excepción alguna. Los que dieron quórum, los que votaron y los que "sin darse cuenta" se levantaron en el momento menos oportuno, como Luis Zamora o Vilma Ripoll. Sus votos hubiesen cambiado una pizca de la historia y Julio Nazareno se tendría que haber sentado en el banquillo de los acusados.
Mucha gente quiere que se vayan todos, pero hasta ahora los cuestionados -legisladores y jueces- siguen en sus cargos y se intercambian favores. La vergonzosa sesión de la impunidad para la Corte ya pasó. Forma parte del doloroso olvido argentino. Es una historia más para el anecdotario, que se anotará junto a la venta de armas a Ecuador y a Croacia; a las cuentas en Suiza; a los enriquecimientos ilícitos.
Nos quieren acostumbrar a la impunidad. En Luján, el intendente Miguel Prince o el comisario Claudio Martínez, como autoridades máximas ocupadas en funciones diferentes, siguen al pie de la letra los ejemplos que aplican sus mayores.
El jefe comunal demuestra que también está subido a la rutina de dejar pasar las cosas cuando, por ejemplo, no expresa su voluntad de investigar los alevosos saqueos de bienes del Estado en las estaciones del ex ferrocarril Sarmiento. Todo lo contrario: con sus ediles, protege a los saqueadores. Y a aquellos sobre los que se teje un manto de sospecha, los premia con un cargo y sueldo en la función pública.
Estos señores de la impunidad pueden protagonizar actos más patéticos. Pueden reunir gente con sueldo municipal para amenazar a los que piensan distinto y quieren un Hospital con servicios dignos. A esos sujetos que seguramente ya se olvidaron del piquete frustado frente al Palacio Municipal o lo recuerdan como un triunfo, cabe preguntarles si esta semana se preocuparon y actuaron de modo tan veloz cuando el Hospital se quedó sin suero.
Claudio Martínez, el señor que cobra sueldo para, al menos intentar, darnos seguridad, está sospechado de serias maniobras fraudulentas en su anterior destino policial. Tiene poder para mandar a un importante grupo de hombres armados y siguen en su cargo como si nada. En lugar de renunciar o pedir licencia "preventiva", nombró como jefe de calle al agente que lo acompañó en su gestión sospechosa.
Los que no soportan este tipo de situaciones deben unirse y manifestar el desacuerdo, cada uno a su manera, porque hasta el momento en casi todos los ámbitos siguen ganando los señores de la impunidad.

Los legisladores, los miembros de la Corte Suprema o el intendente Prince y el comisario Martínez, como ejemplos más cercanos, nos quieren acostumbrar a convivir con la impunidad.