Si se pasa en limpio lo que ocurrió el lunes en el recinto del Concejo Deliberante, queda en claro que se trató -sin entrar en detalles secundarios- de un enfrentamiento más entre los caminos que elige seguir la política y sus actores, y el rumbo que reclama la sociedad y sus vecinos.
El lunes se evidenció que el consenso popular para la creación de un Fondo de Seguridad Ciudadana no existe. El intendente Miguel Prince y sus doce concejales lo saben, pero hasta ese día prefirieron continuar con sus planes, cerrados en un falso acuerdo que se logró con punteros políticos, personas interesadas en manejar el dinero de ese Fondo y entidades amigas del poder por favores recibidos.
Como enorme logro en el armado del proyecto, el concejal Eduardo Gallego habló de una reunión a la que asistieron más de 30 instituciones de Luján. ¿Gallego tiene idea de la cantidad de entidades que faltaron? Todo indica que Gallego y su jefe lo saben, pero les conviene hacerse los distraídos.
Por otra parte, si el consenso era tan seguro como lo afirmaron los ediles justicialistas, era imposible pensar que cerca de 100 personas de distintos estratos sociales lo cuestionaran desde la barra.
El otro gran argumento para defender la creación del Fondo es el apoyo recibido del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. "El propio ministro Juan Pablo Cafiero concurrió a Luján y firmó un convenio", dijeron los ediles del Partido Justicialista.
Esos concejales de ingenuos no tienen nada. Saben que Cafiero manifestó su apoyo incondicional porque la aplicación de un plan local de seguridad lo desliga de la única responsabilidad que debe cumplir como funcionario. Qué mejor para el gobierno provincial que un municipio haciéndose cargo de lo que no le corresponde y, además, consiguiendo los fondos para solventar los gastos policiales. Para Cafiero el negocio es redondo.
Si la sociedad no se expresaba como lo hizo el lunes, el Fondo era un hecho, muy a pesar de los argumentos contundentes que esbozó la oposición en la bochornosa sesión ordinaria Nº 15.
Habrá que ver cómo trabaja el oficialismo en los días que separan el escándalo del lunes pasado de la sesión del próximo 11 de noviembre. Uno de los caminos posibles es sentarse a analizar, de modo minucioso, cada uno de los puntos críticos que detallaron las tres bancadas de la oposición. Y en particular una reglamentación leída por el edil Gerardo Amado que echaría por tierra la recaudación que el Departamento Ejecutivo pretende lograr.
Es más, el oficialismo tendría que repasar qué sucedió con otras responsabilidades que tomó para "ayudar" al gobierno provincial. El estado del Hospital "Nuestra Señora de Luján"; la precariedad de algunos ámbitos educativos; el olvido en el mantenimiento de la Planta Depuradora o el simple arreglo de las rutas hablan a las claras de la acción de los funcionarios bonaerenses.
Todos estos elementos tienen que entrar en la mesa de debate sobre el futuro de la creación de un Fondo para seguir arrebatando dinero del bolsillo de la gente, sin ningún resultado positivo asegurado.
Los otros caminos a seguir en estos días se vislumbran como equivocados: sesionar a puertas cerradas, es decir, a espaldas del pueblo; o deliberar con una barra repleta de personas convocadas por el aparato de gobierno "a cambio de...". Entonces, el consenso estará dado por quién grita más o menos, fomentando un clima de enfrentamiento que no lo hace bien a nadie.