Aseguran que invitaron a más de cien entidades de todo el partido de Luján. De las reuniones de armado del proyecto participaron treinta. Y con ellas creen que está cubierto el consenso. Así se presenta el respaldo del oficialismo al Plan Integral de Seguridad Ciudadana.
No conformes con ello y muy a pesar de la centena de personas -en su mayoría comerciantes- que el lunes manifestaron su oposición al cobro de tasa para mejorar la seguridad, el gobierno municipal sigue disfrazando la realidad a su antojo.
El miércoles el espectáculo lamentable estuvo a cargo del intendente de General Rodríguez, Oscar Di Landro, quien se acercó a nuestra ciudad con la intención secundaria de presentar un proyecto de seguridad rural y con el objetivo primario de defender a su amigo Miguel (Prince) en la cruzada "pro calles repletas de policías".
Di Landro, un entendedor de las virtudes y defectos de la política actual, se compadeció del momento que atraviesa su par lujanense y justificó la creación de una tasa "para no quitarnos la responsabilidad que nos cabe como autoridades".
En General Rodríguez ya se aplica una tasa para seguridad, junto con la boleta de alumbrado, barrido y limpieza. Y si bien Di Landro se explayó sobre los motivos que llevaron a la implementación de este cobro, casualmente prefirió callar ante la pregunta obvia: "¿Cuáles fueron los resultados obtenidos?".
"Los resultados los tiene que dar el comisario, pero aparte yo no vine a hablar de Rodríguez", respondió, después de hablar diez minutos de Rodríguez. Un simple llamado telefónico que realizó este medio tiró por tierra los espejitos de colores que Di Landro, por pedido de Prince, vino a vender a los ilusos lujanenses.
Según confirmaron las autoridades del diario de mayor tirada en la vecina ciudad, "Di Landro es el menos indicado para hablar de seguridad". A pesar de su tasa y del esfuerzo que ella implica para los bolsillos de los habitantes de Rodríguez, la delincuencia sigue teniendo amplio margen para trabajar.
No sólo no lograron disminuir la cantidad y violencia en los delitos, sino que tampoco crecieron los recursos policiales. En General Rodríguez Segunda, una de las dos comisarías urbanas, ni siquiera cuentan con un patrullero.
Es raro o, por decirlo de otro modo, escaso de transparencia, porque la tasa se cobra, el dinero ingresa a la Comuna de Rodríguez, la policía hace sus reclamos materiales, pero las cosas siguen peor que antes. ¿Al responsable máximo de esta situación le fuimos a pedir un consejo?
En realidad, en Rodríguez tenemos una imagen futura de lo que ocurrirá en Luján. Ningún esfuerzo es válido -y mucho menos si se basa en el costo económico para los ciudadanos-, si las autoridades municipales no tienen las herramientas mínimas para controlar a la policía y a su instancia posterior, la Justicia.
Este es el análisis que se puede hacer con muchos resultados en las manos, ya que la otra pata del proyecto de Seguridad Ciudadana es un acuerdo firmado con el Ministerio de Seguridad bonaerense. El mismo que año a año se ríe de las solicitudes de refuerzos para las peregrinaciones o que permite abarrotar de presos las comisarías para que los efectivos estén ocupados dentro de los edificios policiales y no afuera, en la calle, en los barrios.
Por otra parte, y entrando en un plano más ideológico, si se quiere, resulta extraño observar a Prince o a Di Landro preocupados por equipar a la policía. ¿Qué quedó de aquellos rebeldes jóvenes peronistas que luchaban por la justicia social y caminaban al filo de la ley? ¿No será que tienen terror de que un día se corte la débil estructura asistencialista que aplican con la gente pobre y tengan que contar con recursos policiales que les aseguren su continuidad en el poder? Ellos saben que la policía responde al poder, democrático o del otro; que siempre es útil al gobierno de turno.