El proyecto del gobierno de Miguel Prince encontró el previsible apoyo de la mayoría dentro del Concejo Deliberante: se desarma la actual estructura del Juzgado de Faltas; se crea un megaorganismo de tres oficinas, con no menos de 10 empleados, y la última instancia para juzgar vuelve a manos del intendente, tal como ocurría hasta el año 1984.

Nueve votos del PJ contra siete de la oposición determinaron que ahora se armen tres oficinas: una para ocuparse de las infracciones a la ley de tránsito; otra dedicada a las contravenciones no relacionadas con el tránsito y una tercera con competencia para la ejecución de las sentencias. A ese despacho sería destinado el actual juez de Faltas, Dr. Roberto Gorostegui.

En el final de la sesión extraordinaria Nº 1 del corriente año, desarrollado el lunes a la noche, se votó el proyecto de ordenanza que el oficialismo presentó como "consensuado" (más tarde sería desmentido) y cuyo único argumento firme fue "la decisión política de la actual gestión".

Más allá de saberse perdedores en la votación, los ediles del radicalismo y la Unión Vecinal se esforzaron por plantear la necesidad de revisar la decisión. Inundaron el recinto de argumentos, pero el bloque oficial respetó a rajatabla las órdenes superiores.

Además, sin Rubén Leopardi en su banca (ocupa la Intendencia interina) no contó en el resto de la bancada con habilidad discursiva suficiente como para convencer a los presentes de las bondades de la propuesta.

EN CONTRA

Los siguientes son algunos de los argumentos esbozados por Gerardo Amado, de la UV. Como se dijo más arriba, votó por la negativa.

- Establece un cambio de estructura en el funcionamiento del Tribunal de Faltas Municipal. Y lo que más nos preocupa es que le atribuye al intendente municipal la función de dictar sentencias.

- Nos parece que por las mismas razones por las que el Juzgado puede ser lento en su forma actual, más lento será cuando el intendente deba dictar sentencia. Agrega esta tarea a las ya numerosas que le otorga la Ley Orgánica Municipal.

- Nos parece inconveniente desde lo político porque es una especie de acumulación de funciones y acciones. Si bien la división de poderes no es tal cosa en el orden municipal, podemos hacer la forzada comparación. El intendente municipal sería Ejecutivo, Legislativo por cuestiones de hecho ante la suficiente mayoría que tiene en este Concejo y que le permite que sus deseos se cumplan rápidamente. Y ahora tendrá la potestad de dictar sentencia.

- Ya en el año 1984, en aquel Luján, eran 5.000 las sentencias. ¿Cuántas tendrá ahora? Indefectiblemente tendrá que delegar la redacción de las sentencias y su examen. Así, entendemos que estaremos desmejorando la nitidez con la que actúa el juez de Faltas, teniendo al intendente como juez subrogante ante falta, renuncia o ausencia, siempre que el secretario no sea letrado.

- El Tribunal de Faltas, desde hace mucho tiempo, no fue dotado de secretario letrado o no letrado. Si al actual Tribunal se lo dotara de un empleado que pudiera ser juez subrogante y algunos empleados más que no fuesen nombrados hoy y quitados mañana, se supliría fácilmente la intención de esta ordenanza.

- Quieren designar a tres jefes de Departamento y se crean siete vacantes. Ahora tendríamos a unas diez personas. En Quilmes se hizo algo parecido, pero a un Tribunal de Faltas con setenta empleados se lo redujo a 24 empleados en las tres comisiones previstas aquí.

- Nos preocupa que en el proyecto se diga que es válido intentar la cobranza extrajudicial, utilizando mecanismos eficaces y adecuados. Acá ya se piensa en la tercerización de la cobranza, más allá de que una de las comisiones tendrá esa función. Insistimos en delegar en alguna empresa el cobro de multas e infracciones y esto no nos gusta.

- Se cumple esta modificación del Tribunal de Cuentas sin dejar tiempo a la oposición para elaborar alternativas posibles que podrían haber sido base de una discusión más fecunda. Eso siempre es útil.

"UNA DECISION POLITICA"

Ante la ausencia de Leopardi, la palabra justicialista la tomó Leopoldo Miglioranza. En algunos párrafos se resumen sus respuestas y defensas del proyecto.

- El ingeniero dijo que puede ser lento en su forma de actuar. Y claro que lo es. Está reconocido por el propio juez de Faltas en una nota que envió al Ejecutivo.

- Es una decisión política del Departamento Ejecutivo, consensuada, masticada y no hecha de un día para el otro. El intendente asume un compromiso con la gente que lo votó en forma masiva el 14 de septiembre.

- Se le da tanta importancia al actual juez de Faltas que una de las oficinas, la de ejecución de sentencias recaídas quedará a cargo del actual juez de Faltas. No se pone en tela de juicio a la persona.

- El intendente había delegado un poder que le corresponde y ahora lo toma. Acá no hay persecución política ni nada. Sólo existe una decisión política de hacer más ágil la gestión de gobierno.

Por su parte, Abel Rausch, de la misma bancada, manifestó que "es un proyecto del Ejecutivo para los próximos años de gobierno. Hay concejales de acuerdo y otros no. Dentro de la democracia tratamos de consensuar leyes que intentarán mejorar la calidad de vida de los lujanenses. Lo que se busca es cambiar una herramienta para los próximos cuatro años de gobierno".

"La propuesta tiende a la normalización y creemos que será para un mejor juzgamiento en el Tribunal de Faltas. Agradezco que el concejal Amado se preocupe por los tiempos del intendente, pero si asume un compromiso lo llevará adelante como hace muchísimo tiempo", aseguró el ex combatiente.

MAS EN CONTRA

El radical Manuel Silva también tenía guardado un punteo de razones para oponerse al proyecto oficial. Escuchó a Amado y a los ediles oficialistas y realizó su exposición.

- El oficialismo habla de un proyecto consensuado. El expediente entró al Concejo el 5 de febrero con despacho de las comisiones de Legislación y Economía. Integro las dos comisiones y les aseguro que este tema no se trató ni se consensuó. Lo único que pudimos hacer fue pedir información, reunirnos con los autores del proyecto y charlar informalmente con el juez de Faltas.

- Un proyecto de tal magnitud merece un tratamiento distinto. Y merece salir por consenso, porque es un valor de la democracia. ¿Cuál es la urgencia del Ejecutivo?

- El Juzgado de Faltas tiene 20 años de antigüedad y experiencia adquirida. En un proyecto de ley del Ejecutivo Provincial, el mismo gobernador del mismo partido que el intendente destaca la característica de los Juzgados. Acá, con un proyecto tratado en un par de días, literalmente lo borramos.

- Ni el intendente Prince ni ninguno de los candidatos que se ofrecieron a la ciudadanía el 14 de septiembre pasado, tenían este tema en su plataforma de gobierno. Esto apareció después y no se debatió con la oposición. Creemos que su tratamiento fue superficial. No les interesaba cómo trabajaba el Juzgado de Faltas porque querían terminar con él.

- Una reforma integral no es crear estructura sobre estructura. Crean tres oficinas y una mesa general de entradas para dar más empleo público, para tener más gasto. Son 61.000 pesos anuales que se agregan como gastos en el presupuesto, para cumplir la misma función que hoy tiene el Juzgado, pero sin secretario.

- El que está o estuvo en la actividad judicial sabrá que un juzgado sin secretario sufre muchísimos problemas. Esa persona es la que canaliza gran parte de la actividad.

- Hay que avanzar en el tratamiento de una reforma integral. Por eso creemos inconveniente, falto de tratamiento y de información la aprobación de este proyecto. Lo que se propone es innecesario.

Liliana Molina, del mismo bloque, acotó: "Si está sobrecargado de tarea, ¿por qué no creamos otro juzgado? Si no funciona, el Ejecutivo tiene mecanismos de intervención. Es una herramienta del intendente. Además, el Municipio no está ahorrando".

Al margen del "debate" central, con los números de las últimas elecciones en la mano, Amado defenestró el argumento de Miglioranza acerca de la "decisión política" cimentada en una "votación masiva". "En 2003, la lista del PJ con Prince a la cabeza obtuvo 14.000 votos. Y la oposición, cuyos representantes estamos aquí, obtuvo 20.000 votos. Sin contar los votos numerosos, cerca de 11.000, que no obtuvieron. Las leyes son claras y quien gana por un voto será el intendente, pero si pensamos en el pueblo y la gente que nos votó, debemos ser harto prudentes. (...) No podemos intentar hacer lo que se nos da la gana por tener una mayoría que hoy es y mañana puede no ser".

Con todo, el lunes el PJ volvió a utilizar sus recursos mayoritarios y aprobó la cierre del Juzgado de Faltas. Desde la barra, miraron la votación los doctores Claudio Ubertino Rosso y Raúl Roldán, dos abogados que cumplen o cumplieron tareas legales en las gestiones de Prince.

Se convalidó un convenio de pago y la UV presentó dos proyectos

En la sesión del lunes, finalmente se convalidó el convenio de pago suscripto "entre el actor de la causa Sapio Carlos, contra Municipalidad de Luján, sobre daños y perjuicios". Como se informó oportunamente desde este medio, esa sentencia relacionada con un accidente de tránsito, se pagaba con los Fondos de Infraestructura Urbana.

La oposición no lo creía conveniente. Después de un arduo trajinar en los despachos oficiales, logró que se modificara la decisión oficial. "La Contaduría nos dice que se está abonando el resultado del pleito con sentencia judicial firme de la cuenta presupuestaria `Sentencias Judiciales`. La Secretaría de Economía nos dice resaltado que el convenio se vino cumpliendo con fondos genuinos provenientes del Municipio y no con alguna afectación particular", informó el concejal Silva.

"Hasta ahora, teníamos un despacho de mayoría en el que se autorizaba al Ejecutivo a suscribir un convenio en el que se aprobaban las retenciones de fondos que por todo concepto percibe la Cooperativa Eléctrica. Desde nuestro punto de vista, hacía una desafectación o autorización genérica para tomar cualquier fondo, como pueden ser el Fondo de Infraestructura, la Tasa de Seguridad u otro. Por eso, desde la minoría elaboramos un proyecto que aprueba el convenio, pero que establece que los pagos se cumplan como se venía haciendo hasta el 30 de diciembre pasado: con recursos genuinos y no con afectación específica", detalló.

El oficialista Miglioranza remarcó que "el Ejecutivo contestó que no surge de manera alguna que los pagos de la proporción equivalente al 50 por ciento de las cuotas a pagar por el Municipio deba provenir de las liquidaciones mensuales aportadas al Fondo de Infraestructura Urbana".

"El peronismo, una vez más, demuestra su amplitud de criterio y está abierto a críticas y pone sobre la mesa la discusión de cualquier proyecto. Bienvenido sea que esto se haya discutido y vamos a apoyar el planteo de la Unión Cívica Radical", concluyó.

RUTA Y BASURAL

A último momento, el vecinalismo logró el ingreso al temario de dos proyectos de comunicación. En uno de ellos plantea la necesidad urgente de la repavimentación de la ruta 192, como así también la instalación de balanzas móviles que permitan el control de los vehículos de carga. Héctor Melo se encargó de explicar el pedido de informe y si bien abundó en detalles actuales e históricos, dijo que se quedaba tranquilo luego de escuchar al concejal Eduardo Gallego. Este concejal señaló que tanto la obra como la balanza están en la carpeta de tareas de los gobiernos municipal y provincial.

El otro proyecto vecinalista habla del cierre y control de la salud en la gente que trabaja en el basural municipal. Melo contó que junto a Enrique Códega, de su misma bancada, recorrieron el predio y encontraron "alimañas por todos lados, olor de putrefacción, cajones de muertos, animales muertos...".

Melo propuso que se comenzara a trabajar no sólo en el cierre del basural, sino también en la construcción de una planta de reciclado de residuos. "Podemos pedir información a Trenque Lauquen, para ver cómo trabajaron ellos", dijo.