El
tema dejó de ser una exigencia y tomó intervención la
Justicia Federal. Un fiscal Federal abrirá acciones penales
para que las viviendas del nosocomio no estén más en manos
de empleados y pasen a ser "hostales de
rehabilitación".
La decisión de
desalojar las casas de la Colonia Montes de Oca dejó de ser
sugerencia y se encontró de lleno en el plano judicial. Hace
meses que el juez mercedino Rogelio Masson exige a las
autoridades del establecimiento de salud de Torres un corte en
el beneficio que significa, para un puñado de empleados,
vivir sin pagar alquiler, servicios y recibiendo gratis kilos
y kilos de mercadería.
Lo que en principio le
manifestó a la ex interventora Silvia Bentolila, Masson ahora
lo hizo llegar al Procurador General de la Nación, con la
intención de que inicie las acciones pertinentes. En estos
días, la causa está en manos del fiscal Federal Germán
Moldes y tiene resuelto la apertura de acciones penales.
En la última semana,
Masson mantuvo dos reuniones con el actual interventor de la
Colonia, el Dr. Jorge Rossetto, para conocer los avances en la
medida de desalojo.
Según trascendió, de
un total de 28 inmuebles fueron deshabitados 3 y a la
totalidad de las familias se les cortó el suministro de
raciones. "Esto es positivo porque implica un incremento
en el presupuesto para atender a los internados. Pero se tiene
que avanzar más, porque lo que ocurre viola las normas
vigentes y yo, además, lo considero una situación de
privilegio", expresó el juez a EL CIVISMO.
Al respecto, agregó
que "acá se está realizando una segunda intimación
para el desalojo, cuando se supone que las autorizaciones
caducaban cada año. Si reparamos en que las casas están
habitadas por empleados desde mediados de los `90, se
evidencia la cantidad de años vencidos sin renovación en la
asignación de viviendas".
Masson dijo que, por
otra parte, la entrega de inmuebles respondía a una normativa
de la década del `70, "cuando se hacía para contemplar
las dificultades de acceso a la Colonia".
La idea de la
intervención -tema charlado con el juez Masson- es que se
abran sumarios para cada caso y que los habitantes de cada
inmueble hagan valer su derecho a la defensa.
"Tendrán que
explicar por qué ocupan las viviendas. Yo entiendo que el
sentido de la legislación que ampara la ocupación se
perdió", opinó el magistrado.
Asimismo, consideró
que "los empleados que no están viviendo dentro de la
Colonia se sienten en un estado peyorativo. A los que viven,
el racionamiento no se lo dan más, pero el resto de los
gastos de una casa los tienen todos gratis. Ninguna casa tiene
medidor de luz o gas y todos los pagos los hace la
Colonia".
Con miras al futuro,
Masson sostiene el proyecto de que las casas pasen a ser
hostales de rehabilitación para los internados.
"Rossetto tendría toda la predisposición para lograrlo,
pero se encuentra en la etapa de las notificaciones a los
habitantes. Lo único que puede ser entendible es que una casa
no se consiga de un día para el otro". No obstante,
aclaró: "Hay gente que vive en la Colonia pero tiene su
inmueble en Torres o en Luján y lo alquila".
Estudian este
beneficio para 250 trabajadores
