Viernes 9  de Julio de 2004 - Año 89 - Edición 6993 - Edición digital 0263

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La asociación cooperadora del Instituto Alvear debe devolver tierras

El Gobierno reclama la entrega de 596 hectáreas

La asociación cooperadora del Instituto Alvear deberá desocupar campos que son explotados por terceros en tierras pertenecientes al Estado Nacional.
La decisión surgió luego de la última auditoría realizada por el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
El presidente de la cooperadora cree que el motivo de la resolución obedece a razones políticas.

El Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ordenó la devolución en 30 días de unas 596 hectáreas pertenecientes a los Institutos Capitán Sarmiento y Angel T. de Alvear, que eran explotadas por la asociación cooperadora del Instituto Alvear desde 1992. Tomó esta determinación al detectar una serie de anomalías por parte de esta asociación, supuestamente sin fines de lucro. En tanto, intimó a la entidad a que desocupe los campos antes del 1º de agosto.
El presidente de la cooperadora Abel Baffa atribuyó la inesperada postura del Consejo a razones de índole "política" y desmitió que la orden impartida por las nuevas autoridades del organismo nacional tengan que ver con presuntas irregularidades en el manejo de los fondos.
Desde hace 13 años, la cooperadora explota tierras que eran consideradas ociosas y no tenían ningún uso, con el fin de generar recursos para mejorar la situación tanto del Instituto Alvear como la calidad de vida de los niños y adolescentes que se encuentran alojados en él.
El proyecto comenzó a principio de los noventa con unas 65 hectáreas del predio que tiene el instituto de menores del barrio Los Laureles. En 1998 se sumaron unas 450 hectáreas que quedaron de la desactivada Colonia Capitán Sarmiento, ubicada en localidad de Olivera, y el límite con el partido de Mercedes. En su origen, la lechería fue la principal fuente de ingresos. Más tarde, la producción se diversificó con la introducción de ganadería y agrícultura.

EXPLOTACION DIVERSIFICADA
Baffa, mientras tanto, señaló que desde siempre la cooperadora estuvo "sometida a auditorías" permanentes por parte del Consejo y asegura que no hay nada fuera de orden, dado que se manejan con "estatutos, personería juridica, libro de actas". Pero la intimidación del Consejo los dejó desorientados. "El motivo es que el Gobierno (Nacional) quiere recuperar todas las tierras del Estado que están ociosas o usurpadas, pero nosotros no usurpamos", dijo.
La explotación del tambo en sus comienzos reunió a un puñado de animales y en la actualidad aglutina más de 120 cabezas. A esto se agrega un plantel de unas 300 cabezas de vacunos destinadas al engorde, con la finalidad de comercializar su carne.
Desde hace un tiempo, la asociación cooperadora suscribió un contrato con la firma Imbrosiano hasta el 2005 para la explotación agrícola de los campos. De la venta de los granos como de la carne, la cooperadora recibe un porcentaje que puede variar del 50 por cierto -en el caso de la venta del ganado vacuno en pie- hasta un 30 o 40 por cierto de la cosecha de un determinado cultivo.
En otros casos, la cooperadora arrendó parcelas a terceras personas, que en estos momentos están sembradas con soja de segunda. Hoy estos inversores ven peligrar su cosecha ante la abrupta decisión adoptada por las nuevas autoridades del Consejo cuyo plazo vence en menos de un mes.
Con los fondos obtenidos, según explicó Baffa a EL CIVISMO, la cooperadora adquiere calzado, útiles escolares, comida para los chicos cuando regresan a la casa de sus padres y en el edificio del instituto "hemos hecho infinidades de cosas. Compramos la Mercedes Benz Sprinter, pagamos el seguro de transporte...".
Pero los auditores piensan otra cosa. Creen -por tomar sólo un ejemplo- que por los miles de litros de leche obtenido del tambo, la cooperadora facturó importantes sumas de dinero, mientras los chicos del instituto siguen consumiendo leche en polvo de las partidas que envía el Consejo.
Si bien Baffa se muestra sorprendido por la celeridad con que actuó esta vez el Consejo en exigirle la devolución de las tierras y los inmuebles que hay en ellas, reconoce que cada vez que se produce un recambio de funcionarios este tipo de vaivenes "es normal", aunque admite: "Llama la atención que en 30 días tengamos que entregar todo y tomar la posesión de la tierra cuando hay contrato hasta el 2005 que está firmado por personas del Consejo".

LO QUE ENCONTRO LA AUDITORIA
De acuerdo a la resolución firmada por la presidenta del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Lic. Beatriz Orlowski de Amadeo, la asociación cooperadora "ha desarrollado a lo largo de varios años acciones en los Institutos Angel T. de Alvear y Capitán Sarmiento que no han merecido por parte de Consejo el correspondiente contralor". Al tiempo que reconoce que esta situación es "inaceptable"
Ante esto el organismo estatal dispuso a la Unidad de Auditoría Interna la realización de una auditoría, arrojando los siguientes resultados:
- La asociación cooperadora suscribió convenios para la explotación de los campos "sin que el organismo hubiera tomado ni siquiera conocimiento de las acciones ejecutadas". Y agrega en los considerandos de la resolución: "El Informe indica una manifiesta precariedad normativa utilizada para fundamentar la vinculación entre la Asociación Cooperadora y el Consejo".
- La actividad llevada a cabo por la asociación cooperadora "no queda reflejada en el aporte que efectúa al instituto (Alvear)".
- "Esta situación mantenida durante largos años, ha tenido exclusivamente como perjudicados a los niños, niñas y adolescentes, destinatarios de los programas de este organismo".
- Todos los bienes muebles adquiridos por la Cooperadora con recursos obtenidos por la explotación de tierras deberán ser transferidos al Consejo, quien tomara posesión de ellos convirtiéndose en propietarios.
Más allá de la conclusión a la que arribaron los auditores, Baffa y el resto de los integrantes de la Cooperadora no piensan quedarse con los brazos cruzados: "La vamos a pelear" porque "la cooperadora es un lujo" y "no somos usurpadores de las tierras, cuando hay un acta firmada por el escribano del Gobierno de la Nación que avala habernos cedido el predio para trabajar".

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