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La asociación cooperadora
del Instituto Alvear debe devolver tierras
El Gobierno reclama la
entrega de 596 hectáreas
La asociación
cooperadora del Instituto Alvear deberá desocupar campos que
son explotados por terceros en tierras pertenecientes al
Estado Nacional.
La decisión surgió luego de la última auditoría realizada
por el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
El presidente de la cooperadora cree que el motivo de la
resolución obedece a razones políticas.
El
Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ordenó la
devolución en 30 días de unas 596 hectáreas pertenecientes
a los Institutos Capitán Sarmiento y Angel T. de Alvear, que
eran explotadas por la asociación cooperadora del Instituto
Alvear desde 1992. Tomó esta determinación al detectar una
serie de anomalías por parte de esta asociación,
supuestamente sin fines de lucro. En tanto, intimó a la
entidad a que desocupe los campos antes del 1º de agosto.
El presidente de la cooperadora Abel Baffa atribuyó la
inesperada postura del Consejo a razones de índole
"política" y desmitió que la orden impartida por
las nuevas autoridades del organismo nacional tengan que ver
con presuntas irregularidades en el manejo de los fondos.
Desde hace 13 años, la cooperadora explota tierras que eran
consideradas ociosas y no tenían ningún uso, con el fin de
generar recursos para mejorar la situación tanto del
Instituto Alvear como la calidad de vida de los niños y
adolescentes que se encuentran alojados en él.
El proyecto comenzó a principio de los noventa con unas 65
hectáreas del predio que tiene el instituto de menores del
barrio Los Laureles. En 1998 se sumaron unas 450 hectáreas
que quedaron de la desactivada Colonia Capitán Sarmiento,
ubicada en localidad de Olivera, y el límite con el partido
de Mercedes. En su origen, la lechería fue la principal
fuente de ingresos. Más tarde, la producción se diversificó
con la introducción de ganadería y agrícultura.
EXPLOTACION
DIVERSIFICADA
Baffa, mientras tanto, señaló que desde siempre la
cooperadora estuvo "sometida a auditorías"
permanentes por parte del Consejo y asegura que no hay nada
fuera de orden, dado que se manejan con "estatutos,
personería juridica, libro de actas". Pero la
intimidación del Consejo los dejó desorientados. "El
motivo es que el Gobierno (Nacional) quiere recuperar todas
las tierras del Estado que están ociosas o usurpadas, pero
nosotros no usurpamos", dijo.
La explotación del tambo en sus comienzos reunió a un
puñado de animales y en la actualidad aglutina más de 120
cabezas. A esto se agrega un plantel de unas 300 cabezas de
vacunos destinadas al engorde, con la finalidad de
comercializar su carne.
Desde hace un tiempo, la asociación cooperadora suscribió un
contrato con la firma Imbrosiano hasta el 2005 para la
explotación agrícola de los campos. De la venta de los
granos como de la carne, la cooperadora recibe un porcentaje
que puede variar del 50 por cierto -en el caso de la venta del
ganado vacuno en pie- hasta un 30 o 40 por cierto de la
cosecha de un determinado cultivo.
En otros casos, la cooperadora arrendó parcelas a terceras
personas, que en estos momentos están sembradas con soja de
segunda. Hoy estos inversores ven peligrar su cosecha ante la
abrupta decisión adoptada por las nuevas autoridades del
Consejo cuyo plazo vence en menos de un mes.
Con los fondos obtenidos, según explicó Baffa a EL CIVISMO,
la cooperadora adquiere calzado, útiles escolares, comida
para los chicos cuando regresan a la casa de sus padres y en
el edificio del instituto "hemos hecho infinidades de
cosas. Compramos la Mercedes Benz Sprinter, pagamos el seguro
de transporte...".
Pero los auditores piensan otra cosa. Creen -por tomar sólo
un ejemplo- que por los miles de litros de leche obtenido del
tambo, la cooperadora facturó importantes sumas de dinero,
mientras los chicos del instituto siguen consumiendo leche en
polvo de las partidas que envía el Consejo.
Si bien Baffa se muestra sorprendido por la celeridad con que
actuó esta vez el Consejo en exigirle la devolución de las
tierras y los inmuebles que hay en ellas, reconoce que cada
vez que se produce un recambio de funcionarios este tipo de
vaivenes "es normal", aunque admite: "Llama la
atención que en 30 días tengamos que entregar todo y tomar
la posesión de la tierra cuando hay contrato hasta el 2005
que está firmado por personas del Consejo".
LO QUE ENCONTRO LA
AUDITORIA
De acuerdo a la resolución firmada por la presidenta del
Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Lic.
Beatriz Orlowski de Amadeo, la asociación cooperadora
"ha desarrollado a lo largo de varios años acciones en
los Institutos Angel T. de Alvear y Capitán Sarmiento que no
han merecido por parte de Consejo el correspondiente
contralor". Al tiempo que reconoce que esta situación es
"inaceptable"
Ante esto el organismo estatal dispuso a la Unidad de
Auditoría Interna la realización de una auditoría,
arrojando los siguientes resultados:
- La asociación cooperadora suscribió convenios para la
explotación de los campos "sin que el organismo hubiera
tomado ni siquiera conocimiento de las acciones
ejecutadas". Y agrega en los considerandos de la
resolución: "El Informe indica una manifiesta
precariedad normativa utilizada para fundamentar la
vinculación entre la Asociación Cooperadora y el
Consejo".
- La actividad llevada a cabo por la asociación cooperadora
"no queda reflejada en el aporte que efectúa al
instituto (Alvear)".
- "Esta situación mantenida durante largos años, ha
tenido exclusivamente como perjudicados a los niños, niñas y
adolescentes, destinatarios de los programas de este
organismo".
- Todos los bienes muebles adquiridos por la Cooperadora con
recursos obtenidos por la explotación de tierras deberán ser
transferidos al Consejo, quien tomara posesión de ellos
convirtiéndose en propietarios.
Más allá de la conclusión a la que arribaron los auditores,
Baffa y el resto de los integrantes de la Cooperadora no
piensan quedarse con los brazos cruzados: "La vamos a
pelear" porque "la cooperadora es un lujo" y
"no somos usurpadores de las tierras, cuando hay un acta
firmada por el escribano del Gobierno de la Nación que avala
habernos cedido el predio para trabajar".
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