Denuncian precarización y persecución en el Plan Fines 2

Lunes//A través de un comunicado, un grupo de docentes expuso distintas situaciones que menoscaban sus derechos y afectan la calidad educativa. Entre otros temas planteados, criticaron a dos autoridades por ejercer “prácticas anti democráticas” contra una profesora.

Con la firma de "Docentes Autoconvocados", un grupo de trabajadores de la educación hizo público un comunicado para expresar distintas situaciones vinculadas a la aplicación local del Plan Fines 2, una iniciativa de alcance nacional orientada a facilitar la culminación de los estudios secundarios.  
En el marco de los recientes paros del sector docente, los autores del texto exponen que "en las últimas décadas hemos asistido a un proceso de paulatina destrucción del sistema educativo, producto de la desinversión de la educación pública, la descentralización de la gestión y el presupuesto, la pauperización de los salarios docentes, y la desidia del poder político que, en paralelo, ha sostenido, garantizado y consolidado la presencia de la educación privada".
A partir de dicha descripción, consideran que "la consecuencia de este proceso ha sido la exclusión de un gran número de estudiantes del sistema primario y secundario, la profundización de la desigualdad educativa y el resquebrajamiento de las condiciones laborales de los trabajadores docentes de todo el país".
El Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (Fines) surgió como un paliativo que intenta dar contención a miles de jóvenes y adultos que desean finalizar sus estudios y que abandonaron la matrícula escolar por causas socioeconómicas y propuestas pedagógicas "que no contienen sus especificidades como sujetos educativos".
"Estas condiciones, sumado a la Ley de Educación Nacional del año 2006 que establece la obligatoriedad de la educación secundaria, han impulsado al Estado a crear programas de educación para adultos, entre los cuales se encuentra el Plan Fines. Sin embargo, este plan, lejos de brindar una educación completa y de calidad a sus estudiantes, está sumido en grandes deficiencias pedagógicas y problemas estructurales que requieren una amplia revisión de sus formas organizativas", exponen.
Los inconvenientes prácticos del programa, según el análisis de estos docentes, abarcan "pobres condiciones objetivas de estudio (la ausencia de materiales básicos como pizarrón, tizas, etc.) y las malas condiciones de los ámbitos de trabajo", a lo que se suma "la presencia de contenidos curriculares precarios (que datan de principios de la década de los 90) y la falta de una planificación colectiva que permita darle un sentido pedagógico a la cursada".
"Junto con esto, los trabajadores del Plan Fines (el cual se viene dictando desde hace dos años), estamos expuestos a condiciones de precarización profunda, que nacen en el momento mismo de la asignación de nuestros puestos de trabajo y se extienden a la totalidad del proceso de contratación. Quienes nos acercamos a los actos públicos no conocemos los puntajes que se asignan a nuestros proyectos, por lo que no tenemos certezas de cómo se hace efectiva la asignación de materias, quitándole transparencia al proceso", agregan.
Por otra parte –sostienen- "no hay una selección equitativa de horas y, al no existir un límite en la cantidad de horas a tomar, se promueve el acaparamiento, lo que excluye a muchos compañeros docentes".
"Queda claro que los actos públicos no tienen un carácter democrático ni criterios de igualdad y calidad pedagógica, lo que perjudica también a los centros educativos situados en la periferia que, generalmente, se quedan con una gran cantidad de horas no asignadas. Los que trabajamos en este plan, a pesar de tener en su gran mayoría formación docente, sólo somos reconocidos como "instructores hora cátedra". Esto ocurre a pesar de cumplimentar los requerimientos establecidos para el reconocimiento de la tarea docente, como por ejemplo, cumplir con los contenidos establecidos curricularmente por el Ministerio de Educación de la Nación", plantean los docentes.
De acuerdo al planteo expuesto por los autores del comunicado, "la consecuencia inmediata de este proceso es el no reconocimiento de las categorías docentes (suplentes, provisionales y titulares) y la inconsistencia con los cargos que los docentes de este plan tienen en otras instituciones educativas".
Entre las garantías generales del sector no reconocidas para los trabajadores del Plan Fines se marca que "los docentes no tenemos continuidad en nuestros cargos, no se nos reconoce antigüedad, no tenemos vacaciones pagas, ni licencias, ni aportes jubilatorios y no tenemos la posibilidad de tener una representación sindical".
Por otra parte, "el pago del salario se genera de manera discontinua; nos pagan los cuatro meses de trabajo de manera conjunta y sin saber cuánto dinero, ni cuándo se producirán esos pagos". Al computarse todos los sueldos de manera conjunta, los montos se ven afectados por el impuesto a la ganancia, "transformándose en una violación a los derechos de los trabajadores que, lejos de percibir ganancias, sufrimos la aberración de un "impuesto al sueldo"".
Además, "no se permiten negociaciones salariales por lo que nuestra remuneración percibida de manera completamente irregular queda desactualizada respecto del proceso inflacionario".

RECLAMO
Los docentes autoconvocados entienden que el Plan Fines 2 "se muestra como un caso más en el que los trabajadores financian con su salario y sostienen con su actividad la continuidad de un programa estatal". En ese marco, en el comunicado se detalla que ante las situaciones de precarización descriptas decidieron organizarse, reclamar mejores condiciones de estudio y trabajo: "La respuesta a este proceso incipiente de organización por parte de las autoridades ha sido la persecución de uno de nuestros docentes, Natalia Kindernecht, quien fue citada en la Jefatura Distrital de Luján a fin de tomar conocimiento de una nota que nunca existió y fue interpelada sobre sus actividades por la inspectora Rosana Dovigo y el coordinador del Plan Fines Diego Pereyra, haciendo un claro abuso de autoridad y dejando en evidencia las prácticas anti democráticas que atentan contra el derecho a organizarse de los trabajadores".