Eduardo Sícaro: “El concesionario tenía que invertir y no lo hizo”

El juicio oral y público por la tragedia ferroviaria de Once cerró la etapa de ampliación de declaraciones indagatorias el pasado lunes tras las exposiciones de dos de los acusados, entre ellos el lujanense Antonio Eduardo Sícaro. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 intenta determinar las responsabilidades en el choque ferroviario del tren Sarmiento, ocurrido en febrero de 2012, en el que murieron 52 personas y 789 resultaron heridas.
El director de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) al momento del accidente ferroviario sostuvo que "TBA no estaba cumpliendo con la calidad del servicio".
De esta forma, la CNRT, encargada de controlar al concesionario de ferrocarriles, se desligó de las responsabilidades al igual que los otros imputados, inclusive el ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, quien habló la semana pasada por segunda vez en el juicio por la tragedia de Once, en la que rechazó la imputación penal en su contra, dijo que no tuvo injerencia directa en el accidente sobre el chapa 16 y afirmó que se trató de una "falla humana".
Sícaro, por su parte, habló de la metodología "control por resultados" y explicó que el control debía ser técnico, material y legal y el resultado, un servicio eficaz y eficiente. "El concesionario tenía que invertir y no lo hizo", se expuso.
En tanto, el lujanense se defendió argumentando que a él no le correspondía controlar, ni los contratos, ni el fidecomiso, ni la garantía del servicio, sino que su tarea era aplicar multas. Inclusive la tarea de auditar no le correspondía a la CNRT. Pero en su testimonio involucró al gobierno. Es que en el año 2004 y por una de las cláusulas en el plan de inversiones, TBA debía tener un asistente técnico "externo". Pero la empresa tenía su propio asistente técnico. Cuando el abogado de la empresa TBA, Mariano Frageiro Frías, le preguntó quién autorizó lo del asistente técnico, Sícaro respondió: "Fue una resolución ministerial", tomada por la cartera de Planificación, a cargo de Julio De Vido.
En el banquillo de los acusados hay 28 imputados, entre ellos, los ex secretarios de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime; los responsables de Trenes de Buenos Aires (TBA), Mario y Claudio Cirigliano; y el motorman de la formación, Marcos Córdoba. El lunes próximo comenzarán los alegatos, según informó Infojus Noticias. 
"Durante la jornada del lunes ampliaron su indagatoria los imputados Antonio Eduardo Sícaro y Roque Ángel Cirigliano, que trabajaba en TBA, pero no tiene relación de parentesco con los responsables de la ex concesionaria. Al momento del choque, Sícaro era director de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), y Roque Cirigliano, gerente de material rodante de la concesionaria. A partir del lunes 7, los jueces Jorge Tassara, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Ana DAlessio, en calidad de jueza sustituta, escucharán los alegatos de las partes. Según anunciaron la semana pasada, comenzarán exponiendo las querellas, que son tres", ampliaron desde la Agencia Nacional de Noticias Jurídicas.
El choque de trenes de Once ocurrió la mañana del 22 de febrero de 2012. Cuando habían pasado 32 minutos de las 8, la formación conocida como "Chapa 16" se estrelló contra el andén N° 2. Cincuenta y dos personas murieron y 789 resultaron heridas. Varias de ellas declararon a lo largo del debate y sus testimonios dieron cuenta del horror que se vivió ese día pero, también, del servicio deficiente que brindaba la concesionaria.
La causa fue instruida por el juez Claudio Bonadío y el fiscal fue Federico Delgado, quien en su requerimiento de elevación a juicio acusó a todos, a excepción de Córdoba, por los delitos de defraudación contra la administración pública y descarrilamiento culposo. El Código Penal establece para estos delitos una escala de pena que va de 2 a 6 años de prisión y de 1 a 5 años de prisión, respectivamente. Córdoba está imputado por el delito de descarrilamiento culposo que tiene una escala de pena de 1 a 5 años de prisión.
En mayo de este año falleció Guillermo Antonio Luna, uno de los imputados, que se desempeñaba como subsecretario de Transporte Ferroviario al momento del impacto.