Cuestionan un proyecto de ley provincial referido a las fumigaciones

Lunes//La propuesta cuenta con un dictamen favorable de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cámara de Senadores. Se denuncia que “se trata de un proyecto abiertamente regresivo que atiende los intereses de las cámaras empresariales”.

A fines de octubre, la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires dictaminó a favor de un proyecto de ley de agrotóxicos que dejaría sin efecto la actual ley 10.699 y su decreto reglamentario 499/91. La norma propuesta disminuye drásticamente las distancias permitidas para las aplicaciones terrestres y aéreas.
Según difundió la ONG Naturaleza de Derechos, "se trata de un proyecto abiertamente regresivo que atiende exclusivamente los intereses de las cámaras empresariales del sector productor de agrotóxicos (Apreesid y Casafe), que vienen en forma prolija y coordinada emprendiendo una embestida reformatoria legislativa en varias jurisdicciones provinciales y municipales, obteniendo eco en algunos representantes del pueblo, en cuanto procurar reducir drásticamente las distancias de protección de las fumigaciones con agrotóxicos vigentes, en relación a los centros poblados, ignorando la problemática de salud y ambiental que acarrea el uso de agrotóxicos a cielo abierto".
El proyecto de ley fue presentado por el senador Carlos Alfonso Areco Coll en coautoría con Roque Antonio Cariglino, Jorge Alberto D´Onofrio y Gabriel Leando Pampín.
En cuanto a las aplicaciones aéreas, "el proyecto disminuye la prohibición de dos kilómetros en relación a las plantas urbanas que actualmente rige en la Provincia de Buenos Aires (decreto 499/91 reglamentario de la ley 10699) a 1.500 metros para los agrotóxicos Ia, Ib y II, según clasificación toxicológica vigente (Res. SENASA 350/99 y modificatorias) y a 500 metros para los productos clase III y IV".
Sobre las fumigaciones terrestres, la actual legislación no establece ninguna restricción, pero el proyecto del Senador Coll contempla una distancia de prohibición de 500 metros a partir del límite de las plantas urbanas de los municipios, para los productos químicos o biológicos de uso agropecuario, de las Clases Toxicológicas Ia, Ib y II; aunque podrán aplicarse dentro de dicho radio, productos clases Toxicológicas III y IV.  
Según la ONG, "tanto para las aplicaciones aéreas y terrestres de agrotóxicos, el proyecto normativo desconoce el principio de no regresión". En tal sentido, "la ley General del Ambiente consagró el principio de progresividad ambiental por el cual si se avanzó en un determinado nivel de protección, se consagra la no regresión, salvo que haya un escrutinio acabado y detallado que ello no representa una desprotección -en el caso para la salud humana-, algo que claramente no sucede en materia de agrotóxicos".

ANTECEDENTES
Los responsables de Naturaleza de Derechos recuerdan que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires -en el caso Picorelli, Jorge C/Municipalidad de Pueyrredón s/amparo-, declaró procedente una medida cautelar por la cual suspendió una ordenanza del Partido General Pueyrredón que reducía la distancia de 1.000 metros de protección para las aplicaciones terrestres con agrotóxicos a 100 metros de las viviendas familiares. Al respecto, se explica que "el poder político en un sistema republicano no puede desoír y/o desconocer las decisiones judiciales que son una fuente materia de derecho que deviene vinculante cuando ofrece un standart de protección superior en materia ambiental".
En relación a las escuelas rurales, "el proyecto de ley no se queda atrás y muestra un desprecio absoluto por la salud y vida de los niños, niñas y adolescentes que concurren a más de los tres mil establecimientos educativos que funcionan en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires". Se explica que "el proyecto pretende proteger la salud de los alumnos y personal docente y no docente que asisten y concurren a las escuelas rurales de las fumigaciones aéreas con agrotóxicos fijando una exigua distancia de protección de 500 metros para todas las categorías, mostrando con ello una absoluta irracionalidad".
"Desde Naturaleza de Derechos repudiamos el proceder de los senadores que, a espaldas del pueblo, sin consulta ni participación ciudadana, ponen bien claro sobre la mesa el déficit democrático de nuestro sistema representativo -que se viene denunciando en las distintas presentaciones judiciales- al proponer un burdo cambio legislativo desconociendo abiertamente el orden público ambiental que funciona como muro de contención inexcusable y el reclamo de los pueblos fumigados", agregan.
La ONG entiende que "también resulta deficitario el proyecto en cuanto a la desprotección de los recursos hídricos fijando una distancia mínima de 25 metros de protección de las aplicaciones terrestres a cada lado o alrededor de las márgenes de los cuerpos y cursos de agua, y de 30 metros, en el caso de las perforaciones individuales sean de consumo humano o animal".
"Dichos criterios -a igual que el resto- desconocen abiertamente los verdaderos alcances de la deriva de agrotóxicos, tanto en las aplicaciones terrestres y aéreas, como así también la necesidad de realizar un delineamiento de las zonas de recargas del acuífero que deben ser protegidas, atento a que el mismo es la fuente de agua potable de gran parte de la Provincia de Buenos Aires".
Naturaleza de Derechos asegura que "los fundamentos del proyecto de ley son un claro despropósito ya que aquellos son paradójicamente contrapuestos por la propia normativa que se propone. En efecto en el anteproyecto se reconoce que los productos biológicos o químicos de uso agropecuario pueden producir efectos tóxicos, tanto agudos como crónicos. El impacto sobre la salud humana de largo plazo o crónicos, devienen tanto de una exposición única a dosis altas, como de exposiciones a bajas dosis pero durante un tiempo prolongado".
Se plantea que "los legisladores de la provincia de Buenos Aires no sólo dan vuelta la cara a las evidencias concretas de cómo los agrotóxicos nos enferman y nos matan en los campos, en los pueblos, en las escuelas rurales de nuestra provincia, sino que además intentan avasallar nuestros derechos al participar en decisiones, de carácter público, que atentan directamente contra los intereses de nuestra ciudadanía".